Los disturbios del 24 de octubre en Barcelona han abierto una investigación sobre las cuentas anónimas que difundieron convocatorias bajo la etiqueta Blocus. También han desencadenado una disputa sobre su significado político: quién los promovió, cómo circularon los mensajes y qué relación tenían con las reivindicaciones educativas que figuraban en los llamamientos. Las informaciones consultadas no permiten atribuir la organización a un partido ni dar por probada una operación de desestabilización.
Blocus, término francés que significa bloqueo, circuló mediante perfiles de TikTok y códigos QR que conducían a grupos de WhatsApp y Telegram. En esos espacios se compartían puntos de encuentro, recorridos e indicaciones para acudir. Los Mossos investigan quién administraba las cuentas y si existía una estructura común detrás de ellas; varios perfiles fueron desactivados después de los incidentes.
En su análisis publicado el 26 de octubre en Diario Red, Román Cuesta plantea que las convocatorias podrían responder a una estrategia destinada a alimentar la percepción de inseguridad y favorecer discursos autoritarios. Su argumento se centra en el aprovechamiento político del miedo: cuando el debate gira exclusivamente alrededor de los daños y del control policial, las respuestas punitivas ganan terreno y las demandas sociales quedan desplazadas.
Cuesta advierte asimismo del peligro de convertir a colectivos migrantes o a la izquierda en culpables mediante acusaciones sin pruebas. Esa interpretación exige una distinción: identificar quién puede beneficiarse políticamente de unos sucesos no demuestra quién los ha organizado. El artículo propone una lectura política, pero no aporta una identificación verificable de los responsables de las cuentas ni acredita la intervención de agentes infiltrados en Barcelona.
La consellera de Interior, Núria Parlón, afirmó en una entrevista en la SER que los hechos estaban bajo investigación. Expresó dudas sobre su espontaneidad, aunque reclamó prudencia y respeto al trabajo investigador. También anunció medidas contra los canales que inciten a la violencia y pidió responsabilidad a las plataformas de mensajería. Sus declaraciones plantean posibles líneas de investigación, no una conclusión sobre la autoría.
La acampada por el derecho a la vivienda de plaza Catalunya se desvinculó de los altercados. Según la información publicada por El HuffPost, sus integrantes cerraron los accesos para impedir que entraran quienes participaban en los disturbios y refugiaron a familias atrapadas durante los enfrentamientos. El alcalde, Jaume Collboni, también diferenció a los acampados de los responsables de los daños. Este elemento resulta fundamental para evitar que se atribuyan los incidentes al movimiento por la vivienda.
TikTok, por su parte, comunicó a la SER que había reforzado la moderación, retirado vídeos y bloqueado cuentas. También anunció restricciones en búsquedas y recomendaciones relacionadas con llamamientos violentos. Esas medidas no despejan por sí mismas el origen de las convocatorias ni quién las impulsó.
Esclarecer lo ocurrido requiere identificar responsabilidades concretas. La existencia de daños no justifica extender la culpabilidad a toda una generación, a una protesta social o a un colectivo por su origen. Tampoco una sospecha política puede sustituir a las pruebas: distinguir entre convocatoria, participación, difusión y aprovechamiento posterior es imprescindible para contar qué pasó sin alimentar nuevas acusaciones infundadas.
