La novena jornada de huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública madrileña ha terminado este lunes 26 de octubre con cargas de la Policía Nacional contra participantes en una movilización en el centro de Madrid. Centenares de docentes se habían reunido ante la Consejería de Educación, en la calle Alcalá, para exigir a la consejera Mercedes Zarzalejo la apertura de una negociación que permita abordar sus reivindicaciones laborales y la situación de los centros educativos.
La protesta comenzó antes del mediodía con camisetas verdes, pancartas, silbatos y consignas en defensa de la educación pública. Cerca de las 13.00 horas, un grupo desplegó en la fachada de un edificio una pancarta que reclamaba a Zarzalejo negociar con la enseñanza pública. Según las organizaciones sindicales, los agentes intervinieron contra manifestantes tras esa acción e identificaron a algunas de las personas implicadas en el despliegue. Posteriormente, la movilización se desplazó hasta la Gran Vía, donde el profesorado ocupó la calzada durante aproximadamente una hora y se produjeron nuevas situaciones de tensión con la Policía.
La huelga entra así en su tercera semana sin un acuerdo entre el comité convocante y el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso. Este mismo lunes, el Comité de Huelga Mixto, en el que participan CCOO, UGT, CGT, CNT y colectivos educativos como Menos Lectivas, Queremos FP, Educación Especial Digna y STEM, ha registrado un requerimiento formal para exigir una reunión urgente y una negociación efectiva. Las organizaciones advierten de que valorarán emprender acciones judiciales si la Consejería no reconoce una interlocución que consideran necesaria para resolver el conflicto.
Entre las exigencias concretas figuran reducir la docencia directa a 17 periodos semanales en Secundaria y Formación Profesional y a 22 en Primaria, bajar las ratios de alumnos por aula, ampliar los equipos de orientación y de atención a la diversidad y aliviar la carga burocrática. El profesorado también reclama una mejora salarial de 600 euros mensuales, medidas específicas para Educación Especial y personal administrativo suficiente en todos los centros. A estas reivindicaciones se suman la climatización sostenible de los edificios, la retirada del amianto y actuaciones de prevención de riesgos laborales.
La Consejería mantiene que no ha cerrado las puertas al diálogo, mientras el comité de huelga denuncia que no existe una negociación real sobre su tabla reivindicativa. También difieren las cifras de participación: el Gobierno regional ha situado el seguimiento del paro de este lunes en el 12,6 %, frente al 45 % comunicado por los sindicatos. Ambas cifras corresponden a sus respectivos emisores y no constituyen un dato compartido.
El conflicto continúa con nuevas acciones a lo largo de la semana, entre ellas encuentros, concentraciones y una asamblea unitaria prevista para el viernes. La plantilla movilizada reclama que la respuesta institucional no se limite a declaraciones públicas, sino que se traduzca en una mesa de negociación y compromisos concretos para mejorar las condiciones del profesorado y la educación que recibe el alumnado.
