El nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, aprobado mediante el Real Decreto 855/2026, de 21 de octubre, ha entrado en vigor el 23 de octubre y sustituye a la regulación de 2010. La norma establece un marco común de derechos para quienes cursan estudios en universidades públicas y privadas, tanto en modalidades presenciales como híbridas y virtuales.
Uno de sus principales cambios es el reconocimiento del paro académico como una forma de protesta colectiva del alumnado. Su organización corresponde a la representación estudiantil y debe respetar el derecho a continuar las actividades académicas de quienes decidan no secundarlo. El reconocimiento de este instrumento refuerza la capacidad de participación y organización del estudiantado dentro de la universidad.
Atención psicológica gratuita y prevención del acoso
El texto reconoce asimismo el derecho a recibir orientación y atención psicológica y de salud mental gratuitas y accesibles. Las universidades deberán contar con recursos de apoyo específicos, coordinados cuando corresponda con los servicios públicos sanitarios de las comunidades autónomas. La medida responde a la necesidad de abordar situaciones de ansiedad, malestar psicológico y otras dificultades que afectan a la vida académica, sin reducir la atención a los resultados de los exámenes.
Las universidades también estarán obligadas a disponer de protocolos de prevención e intervención ante conductas suicidas, acoso personal y ciberacoso, así como frente al acoso sexual o relacionado con el sexo, la orientación sexual o la identidad de género. Esos mecanismos deberán ofrecer vías de actuación y protección dentro de la comunidad universitaria.
Prácticas académicas sin sustituir puestos de trabajo
En el terreno laboral, la norma refuerza las garantías de las prácticas académicas externas. Estas deben tener una finalidad formativa y no pueden servir para sustituir empleos ordinarios en empresas o administraciones. Se contempla la tutela académica y profesional y la protección de Seguridad Social conforme a la legislación aplicable. La diferencia es importante: aprender en un puesto de trabajo no equivale a cubrir una vacante con personal gratuito.
El Estatuto también presta atención a quienes estudian y trabajan a la vez, realizan tareas de cuidados o atraviesan circunstancias familiares que dificultan seguir el ritmo habitual de las clases. Reconoce medidas de conciliación, posibilidades de dedicación a tiempo parcial y mecanismos de adaptación académica de acuerdo con las condiciones previstas en cada universidad.
Conciliación, exámenes y participación
En materia de evaluación, se refuerzan los derechos a conocer los criterios docentes, revisar los resultados y disponer de garantías en la programación de las pruebas. La evaluación continua adquiere carácter general y se establecen protecciones frente a la acumulación de exámenes, además de la posibilidad de solicitar cambios justificados de fecha.
La representación estudiantil también gana presencia institucional a través del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado y de los órganos de participación de cada centro. La norma busca que el alumnado pueda intervenir en las decisiones que afectan a su formación, sus condiciones de estudio y sus derechos.
Plazos de aplicación y derechos efectivos
Aunque el Estatuto ya está en vigor, su aplicación práctica será progresiva. Se han fijado plazos de adaptación para los protocolos contra el acoso y las conductas suicidas, los reglamentos universitarios y las unidades de apoyo psicológico. Por ello, el alumnado deberá comprobar qué servicios están disponibles en su universidad y cuáles siguen pendientes de implantación.
El alcance real de la reforma dependerá de los recursos humanos y económicos destinados a cumplirla. Reconocer atención psicológica gratuita, prácticas formativas de calidad o medidas de conciliación constituye un avance normativo; convertir esos derechos en servicios accesibles y efectivos será la prueba decisiva en cada campus.
