Los sindicatos y organizaciones sociales de la Comunitat Valenciana han realizado un llamamiento conjunto para que la huelga general del próximo 11 de noviembre tenga un seguimiento masivo en los centros de trabajo y una amplia participación en las calles. Representantes de CCOO PV, UGT PV, Intersindical Valenciana, CGT, CNT, Coordinadora Obrera Sindical (COS), Sindicat de Llogateres, PAH y Entre Barris comparecieron el 20 de octubre en la plaza del Ayuntamiento de València, junto a la acampada por la vivienda, para presentar una jornada que vincula las condiciones laborales con el derecho a una vivienda asequible.
La secretaria general de CCOO PV, Ana García, destacó la unidad sindical y social de una movilización que reclama salarios dignos, reducción de jornada y servicios públicos de calidad. García pidió a la patronal, y en particular a CEOE y CEV, que adelante un acuerdo de empleo y negociación colectiva con incrementos salariales de entre el 4 % y el 7 %, y defendió la necesidad de que la convocatoria abarque tanto los centros laborales como el conjunto de la ciudadanía.
El secretario general de UGT PV, Tino Calero, instó a secundar masivamente el paro y recordó que el artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. En su intervención reclamó políticas que hagan efectivo ese derecho y pidió que los partidos políticos presenten propuestas concretas para facilitar el acceso a la vivienda y mejorar los derechos de la población trabajadora.
Beatriu Cardona, portavoz de Intersindical Valenciana, señaló que uno de los rasgos de la convocatoria es su impulso desde los movimientos por la vivienda. Explicó que disponer de un salario ya no garantiza el acceso a un hogar y llamó a participar a personas trabajadoras, desempleadas y jubiladas. Para Cardona, la reivindicación salarial está inseparablemente vinculada a los gastos de alquiler y a las dificultades para sostener un proyecto de vida.
Desde CGT País Valenciano y Murcia, su secretario general, José Antonio Lafuente, reclamó situar la vivienda, la conciliación, los cuidados y los planes de igualdad en el centro de las demandas laborales. Lafuente advirtió de que muchas personas apenas pueden afrontar los gastos básicos con sus ingresos y pidió una movilización que incorpore tanto a quienes trabajan en condiciones precarias como a las personas jubiladas y a los colectivos que mantienen las acampadas por el derecho a la vivienda.
Las organizaciones de inquilinos también participaron en el acto. El representante del Sindicat de Llogaters de Alicante, Llorenç Abal, recordó situaciones de desahucio que han movilizado a los colectivos por la vivienda, mientras Irene Calvé, del Sindicat de Llogateres de València, informó de la creación de comités territoriales de huelga para organizar la jornada en barrios, municipios y centros de trabajo. La PAH, representada por José Luis González, subrayó la trayectoria de las plataformas antidesahucios y el respaldo de asociaciones vecinales, colectivos feministas y organizaciones antirracistas. Adrià Solves, de Entre Barris, recordó la continuidad de las luchas por la vivienda y el derecho a la ciudad en València.
Las personas participantes en la acampada instalada en la plaza del Ayuntamiento insistieron en que la crisis residencial afecta directamente a las condiciones laborales: aunque se disponga de un empleo, el peso del alquiler sobre los ingresos puede impedir acceder a una vivienda estable. Sus portavoces solicitaron la creación de una mesa de negociación con la Generalitat y el Ayuntamiento de València, y pidieron a las organizaciones de inquilinos y vivienda que estudien las condiciones para una eventual huelga de alquileres indefinida.
La huelga general del 11 de noviembre reunirá así reivindicaciones laborales y residenciales bajo un llamamiento común a la participación. Las organizaciones convocantes aspiran a extender la movilización por las comarcas valencianas, coordinar los comités de huelga y trasladar a empresas y administraciones sus exigencias de mejoras salariales, vivienda digna y servicios públicos.
