Francia afronta una nueva confrontación entre el Gobierno, las organizaciones sindicales y los colectivos de defensa de los derechos fundamentales. A pocas horas de las manifestaciones convocadas para el sábado 24 de octubre, el presidente Emmanuel Macron ha anunciado una política restrictiva que permitirá examinar los recorridos de las marchas promovidas por sindicatos, mientras las convocatorias de otros colectivos podrán ser prohibidas por las prefecturas. La medida ha provocado recursos judiciales y críticas por sus consecuencias para la libertad de reunión y manifestación.
Restricciones tras las protestas del 17 de octubre
Tras los disturbios, incendios y saqueos registrados al margen de parte de las protestas del 17 de octubre, Macron defendió el jueves 22 una recomendación general contraria a nuevas concentraciones durante los próximos días. Según explicó, las marchas declaradas por organizaciones sindicales podrían mantenerse en itinerarios alternativos diseñados para proteger comercios y edificios públicos. El Ejecutivo justifica el endurecimiento por razones de seguridad y orden público. Sin embargo, distintas organizaciones alertan de que condicionar el derecho de manifestación a la identidad de quienes convocan puede convertirse en una restricción desproporcionada.
La Asociación para la Defensa de las Libertades Constitucionales (Adelico) y el Syndicat de la magistrature presentaron un recurso urgente ante el Consejo de Estado para reclamar la suspensión de las instrucciones anunciadas. Sus representantes consideran que las limitaciones vulneran una libertad fundamental y cuestionan que una prohibición general pueda sustituir al examen individual de los riesgos en cada movilización. La presentación del recurso no supone que el tribunal haya dictado ya una resolución favorable.
El recurso judicial y las libertades públicas
La Ligue des droits de l’homme (LDH) también viene denunciando la multiplicación de prohibiciones, controles y toques de queda en ciudades francesas. Las decisiones administrativas han recibido respuestas judiciales dispares: algunos recursos han prosperado, mientras que otras restricciones permanecen vigentes. Organizaciones defensoras de las libertades públicas cuestionan además la intensidad de los dispositivos policiales y el trato a menores detenidos en las protestas.
En París, la prefectura ha autorizado una manifestación sindical para el sábado 24 de octubre desde la plaza de la Bastilla hasta Nation, con salida prevista a las 14:00. La CGT de París ha difundido la convocatoria junto a organizaciones juveniles y sindicales regionales, insistiendo en el carácter pacífico de la movilización. En otras ciudades, como Lyon y Marsella, las autoridades han anunciado limitaciones más amplias. Las condiciones pueden cambiar por resoluciones judiciales y decisiones prefectorales posteriores.
La protesta sindical del 24 de octubre
La CGT interpreta la reacción gubernamental como un intento de desplazar el debate desde el coste de la vida, los salarios y el deterioro de los servicios públicos hacia el orden público. En un comunicado del 19 de octubre, la central pidió una comisión de investigación sobre las actuaciones policiales y reclamó negociaciones inmediatas con los sindicatos y la juventud. La federación de Finanzas Públicas de la CGT reiteró el 22 de octubre su llamamiento a movilizarse el 24 allí donde puedan organizarse manifestaciones pacíficas.
Las demandas sociales siguen sobre la mesa: aumentos salariales y de pensiones, mayor financiación para hospitales y educación, protección del empleo y medidas frente a la carestía. La CGT también llama a organizar asambleas en los centros de trabajo para preparar la jornada interprofesional de huelga y manifestaciones del 5 de noviembre. Otros sindicatos, entre ellos CNT-SO y Solidaires, han difundido sus propios llamamientos a ampliar las movilizaciones. Las posiciones y el grado de participación no son idénticos entre todas las organizaciones.
Los sindicatos preparan la huelga del 5 de noviembre
El debate trasciende el calendario sindical. La discusión es si un Estado puede garantizar la seguridad frente a episodios violentos sin recortar de forma indiscriminada las libertades de quienes se manifiestan pacíficamente. Mientras el Gobierno invoca el riesgo de nuevos incidentes, juristas, sindicatos y entidades de derechos humanos sostienen que la prevención de delitos no debe traducirse en una prohibición general de la protesta. La respuesta de los tribunales y la jornada del 24 de octubre serán decisivas para conocer el alcance práctico de las medidas.
Imagen: manifestación en París el 17 de octubre de 2026. Fotografía de archivo.
