La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha cambiado su postura sobre la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Después de que su presidente, Antonio Garamendi, anunciara el lunes 19 de octubre que la patronal recurriría la convocatoria por considerarla de carácter electoral, la organización ha confirmado que no la impugnará antes de su celebración. La decisión se conoció el jueves 22 y supone un giro respecto a las declaraciones públicas realizadas apenas tres días antes.
El cambio, confirmado por fuentes de la CEOE a varios medios, no significa que la patronal renuncie a acudir a los tribunales más adelante. La organización asegura que seguirá el desarrollo de la jornada y que, en función de lo que ocurra, valorará las medidas correspondientes. Insiste también en garantizar el derecho al trabajo y los servicios mínimos legalmente procedentes.
De la amenaza judicial a la rectificación
El 19 de octubre, Garamendi calificó la convocatoria de «electoral» y sostuvo que las reivindicaciones de vivienda no tenían suficiente naturaleza laboral. Su argumento encontró respuesta entre las organizaciones convocantes, que vinculan las dificultades de acceso a una vivienda con la capacidad real de los salarios para sostener las condiciones de vida.
El derecho de huelga está reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución. La legalidad de una convocatoria no depende simplemente de que sus reclamaciones tengan repercusiones políticas: lo determinante es su finalidad y su relación con intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras. Ese debate jurídico había acompañado la amenaza de impugnación de la CEOE.
Vivienda, salarios y negociación colectiva
Las convocatorias del 11-N sitúan la vivienda y la recuperación salarial entre sus principales reivindicaciones. El movimiento de inquilinas y distintas organizaciones sindicales han llamado a movilizarse; entre ellas, CGT, que ha presentado su propia convocatoria, independiente de la impulsada por CCOO y UGT. Aunque coinciden en la fecha y en algunas demandas, no constituyen una sola organización convocante.
La relación entre trabajo y vivienda es una cuestión cada vez más concreta: para numerosos hogares, una subida salarial puede quedar absorbida por el alquiler y los suministros. De ahí que las reivindicaciones sobre convenios colectivos, jornada, horas extraordinarias y poder adquisitivo se entrecrucen con la exigencia de un alojamiento asequible.
La rectificación de la patronal deja sin el recurso anunciado, por ahora, el camino hacia el 11 de noviembre. La convocatoria continúa y el debate se desplaza a la participación efectiva en los centros de trabajo y las movilizaciones de la jornada.
