La huelga de la enseñanza pública madrileña, iniciada el 14 de octubre, mantiene abierto un conflicto que va mucho más allá de los salarios. El profesorado reclama menos horas lectivas, grupos menos numerosos y una negociación con la Consejería de Educación que dé respuesta al deterioro de las condiciones de trabajo en los centros.
La convocatoria indefinida fue acordada meses antes en una asamblea unitaria de docentes, y reúne a organizaciones sindicales y plataformas educativas. Entre sus demandas figuran una mejora salarial de 600 euros mensuales, la reducción de ratios, más profesorado y recursos y cambios en el modelo de bilingüismo que, según los convocantes, contribuye a la segregación. La tabla reivindicativa responde a situaciones que el personal de los centros conoce de primera mano: aulas saturadas, cargas administrativas y dificultades para atender a todo el alumnado.
El comité de huelga formalizó el preaviso en septiembre y pidió a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, que abriera una negociación antes del comienzo de los paros. También expresó su rechazo a los servicios mínimos establecidos, que considera desproporcionados y restrictivos para el ejercicio del derecho de huelga.
Una semana de movilización y nuevos paros
La primera jornada, el 14 de octubre, estuvo acompañada por manifestaciones y protestas. En la Universidad Complutense, una actuación policial terminó con cinco personas detenidas, según informó RTVE. El seguimiento de la huelga fue objeto de cifras diferentes: la Comunidad de Madrid lo situó en el 44 %, mientras las organizaciones convocantes hablaron de más del 70 %. Son estimaciones de partes distintas y no deben confundirse.
El conflicto tiene además otros calendarios de movilización. CSIF anunció paros parciales para los días 20, 22, 26 y 30 de octubre, de 9 a 11 de la mañana y de 17 a 19 de la tarde, con la exigencia de que se reúna la mesa sectorial. Esto no sustituye la convocatoria indefinida de otros sindicatos y plataformas, pero refleja la persistencia del malestar en el sector.
Las aulas, en el centro del conflicto
Las reivindicaciones laborales tienen una consecuencia directa en el funcionamiento cotidiano de los centros: menos tiempo de atención, dificultades para cubrir necesidades específicas y equipos que trabajan al límite. Para los convocantes, el tamaño de las clases y la distribución de recursos son cuestiones tan importantes como las retribuciones. La administración autonómica debe responder a estas demandas y explicar qué compromisos está dispuesta a asumir.
La continuidad y el alcance de los paros dependerán de las decisiones de los colectivos convocantes y de si se abre una negociación efectiva. Mientras tanto, la huelga ha situado de nuevo en el debate público las condiciones materiales necesarias para sostener una enseñanza pública de calidad.
Imagen: protesta del profesorado madrileño, 19 de octubre de 2026. Archivo gráfico de Sindicalismo.org.
