En enero de 1918, el frío y el hambre empujaron a las mujeres de los barrios populares de Barcelona a una protesta que acabaría paralizando buena parte de la ciudad. No esperaron a que los partidos o las autoridades resolvieran el problema. Se organizaron, salieron a la calle y obligaron a que sus reivindicaciones dejaran de ser una cuestión doméstica para convertirse en un conflicto político y social.
Por Begoña Ortiz Casado.
La Primera Guerra Mundial había abierto grandes oportunidades de negocio para determinados sectores industriales y comerciales, aunque España permaneciera neutral. Las exportaciones crecieron y también el precio de alimentos y combustibles esenciales. La prosperidad que aparecía en algunas cuentas empresariales contrastaba con las dificultades de las familias obreras para comprar pan, aceite, patatas o carbón.
El carbón fue la chispa inmediata. En pleno invierno, los comerciantes se resistían a venderlo al precio fijado por las autoridades. Para las mujeres encargadas habitualmente de sostener la alimentación y la calefacción de sus hogares, cada subida significaba otra decisión imposible: qué comprar y a qué renunciar. Muchas, además, trabajaban fuera de casa, en fábricas y talleres, con salarios bajos y jornadas largas.
La mañana del 10 de enero de 1918, Amàlia Alegre, vecina de la calle del Olmo, en el actual Raval, colocó un llamamiento a manifestarse contra la carestía. Alegre, nacida en Estivella, en el País Valenciano, ha sido vinculada por distintos estudios al republicanismo radical. La protesta reunió alrededor de quinientas mujeres, que marcharon hasta el Gobierno Civil para exigir el cumplimiento de los precios tasados.
Una comisión se entrevistó con el gobernador civil, Ramón Auñón y Villalón, marqués de Pilares. Las respuestas institucionales no resolvieron el problema. Aquella misma tarde hubo una nueva movilización, esta vez también con niños y niñas. En las jornadas siguientes, los grupos de manifestantes recorrieron mercados, carbonerías y calles, reclamando precios asequibles y denunciando la especulación.
El conflicto no se quedó en una sucesión de protestas ante los comercios. Las mujeres convocaron mítines, llamaron a otras trabajadoras a sumarse y promovieron paros en fábricas y talleres. Participaron obreras textiles, costureras, mujeres dedicadas al trabajo doméstico y vecinas que no tenían empleo asalariado. Lo que tenían en común era una experiencia de explotación que empezaba en el salario y continuaba en el precio de todo lo necesario para vivir.
El alcance de la movilización fue extraordinario. Según las cifras oficiales recogidas por Solidaridad Obrera el 20 de enero, se contabilizaban 273 fábricas paradas, con 20.500 mujeres y 5.000 hombres afectados por el paro. Aquellos números no permiten saber exactamente cuántas personas participaron en cada jornada, pero dan idea de una ciudad profundamente alterada por la protesta.
Uno de sus rasgos más llamativos fue la decisión de reservar a las mujeres el protagonismo de manifestaciones y reuniones. Durante buena parte de la revuelta se impidió que los hombres participaran en ciertos actos. No era una simple peculiaridad organizativa: quienes cargaban con la responsabilidad de alimentar a las familias reclamaban hablar y decidir por sí mismas.
El alquiler también formaba parte del problema
Las reivindicaciones se ampliaron. Ya no se trataba únicamente del carbón: las manifestantes exigieron rebajas de los productos de primera necesidad y llegaron a reclamar que los alquileres se redujeran a la mitad. La vivienda, la alimentación y el empleo aparecían como partes de una misma realidad. Una subida del alquiler dejaba menos dinero para comer; un salario que no alcanzaba volvía inútiles las promesas de prosperidad.
La CNT y su periódico Solidaridad Obrera dieron apoyo y difusión a las movilizaciones, aunque sería un error presentar aquella revuelta como una iniciativa dirigida desde un sindicato masculino. Fueron las propias mujeres quienes pusieron en marcha la protesta y sostuvieron su dinámica, con diferentes sensibilidades políticas y formas de organización.
A medida que la protesta se extendía, aumentaron las tensiones con las fuerzas de seguridad. Las actuaciones policiales y el papel del comisario Manuel Bravo Portillo fueron objeto de duras críticas. El 26 de enero, tras más de dos semanas de conflicto, las autoridades impusieron el estado de guerra en Barcelona. La crisis acabó también con la destitución del gobernador civil.
Hubo medidas para mejorar el abastecimiento y contener precios; algunos estudios históricos señalan una reducción del precio del pan cercana al 30 %. Pero el final de la protesta no debe confundirse con una solución duradera a la desigualdad que la había provocado. La carestía, los salarios insuficientes y la conflictividad social siguieron marcando aquellos años.
Una victoria que apenas aparece en los libros
La historia del movimiento obrero suele recordar las grandes huelgas industriales, los dirigentes sindicales y las conquistas legislativas. Sin embargo, cuesta más encontrar un lugar para las mujeres que organizaron protestas desde los barrios y llevaron a las fábricas una lucha nacida ante los mostradores de las tiendas. En Barcelona, en 1918, esa separación entre trabajo asalariado y vida cotidiana quedó hecha pedazos.
Un año después llegaría la huelga de La Canadiense, uno de los grandes acontecimientos de la historia obrera catalana. La revuelta de las mujeres no fue un simple prólogo de esa historia ni una anécdota sobre el precio del carbón. Merece ser recordada por lo que fue: una movilización autónoma, masiva y capaz de enfrentarse a las autoridades cuando la supervivencia estaba en juego.
