La norma aprobada por el PP en 2015 continúa vigente bajo los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez. Más de 2,7 millones de sanciones y una reforma que nunca llegó a completarse retratan una continuidad que denuncian organizaciones sindicales y defensoras de las libertades.
El PP la aprobó y los gobiernos encabezados por el PSOE la han mantenido. La llamada ley mordaza acumula 2.769.169 sanciones desde su entrada en vigor en julio de 2015 hasta finales de 2025. Cerca de 2,1 millones fueron tramitadas desde junio de 2018, durante los ejecutivos de Pedro Sánchez. Es aproximadamente el 77% del total contabilizado por el Ministerio del Interior. Detrás de esa cifra hay diez años de una legislación discutida por su impacto sobre la protesta, mientras las promesas parlamentarias de derogación o reforma se han ido aplazando.
La responsabilidad de origen corresponde al Gobierno de Mariano Rajoy, que impulsó y aprobó la Ley Orgánica 4/2015 con la mayoría absoluta del Partido Popular. La responsabilidad de su continuidad alcanza a los gobiernos del PSOE, primero en solitario y después en coalición con Unidas Podemos y Sumar. La aritmética parlamentaria, los desacuerdos sobre artículos concretos y los intentos fallidos de reforma explican parte del bloqueo; no cambian el resultado: la norma sigue aplicándose.
Una ley que alcanza también a quienes se organizan
Para buena parte del sindicalismo combativo, la cuestión no es solo el importe de las sanciones. Es el efecto que produce saber que una concentración ante una empresa, una movilización contra un desahucio o una protesta en la calle pueden terminar en identificaciones y expedientes administrativos. Esto no significa que participar en un piquete o manifestarse pacíficamente sea por sí mismo una infracción: esos derechos están reconocidos legalmente. Lo que se cuestiona es la amplitud de determinados preceptos y su aplicación en situaciones de confrontación con la policía.
Las multas por desobediencia o resistencia, las faltas de respeto a agentes y las relacionadas con la ocupación de espacios públicos han sido especialmente criticadas por entidades de derechos humanos. El procedimiento administrativo impone, además, una carga económica y jurídica a quien debe recurrir una sanción. En organizaciones pequeñas, donde el dinero procede de cuotas, cajas de resistencia y aportaciones militantes, esa presión puede repercutir directamente en su capacidad de movilización.
Hay casos documentados. Amnistía Internacional señaló que el Sindicato de Vivienda de Carabanchel había acumulado más de 44.000 euros en multas desde 2021. También recogió las sanciones a colectivos vecinales que protestaban contra la tala de árboles en Madrid y las impuestas a estudiantes del grupo Defendemos Palestina. Son ejemplos concretos de la presión sancionadora denunciada por movimientos sociales y sectores de la izquierda movilizada, no una prueba de que todas las multas de la ley tengan ese carácter.
La propia CGT denunció en julio de 2024 que la modificación anunciada por PSOE y Sumar no suponía la derogación exigida por la organización. Su posición ha sido contraria a una reforma meramente cosmética de una normativa que, a su juicio, facilita la persecución de la protesta y refuerza la discrecionalidad policial. En marzo de 2025, CGT figuró entre las entidades que reclamaron, junto a Amnistía Internacional y otros colectivos, una reforma compatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
El balance que no cabe esconder tras las promesas
Entre 2023 y 2025 se tramitaron 897.691 sanciones, por un importe conjunto de 557,2 millones de euros. Solo en 2025 hubo 285.418 multas, una media de 782 diarias. Dentro de ese ejercicio, 18.582 expedientes se relacionaron con faltas de respeto o consideración a agentes, 17.543 con desobediencia, resistencia o negativa a identificarse y 5.940 con determinados desórdenes u obstáculos en vías públicas.
Conviene precisar qué miden estas estadísticas. La mayor parte de las sanciones corresponden a consumo o tenencia de drogas en espacios públicos: un 70,5% en 2025. Por tanto, sería falso presentar los 2,7 millones de expedientes como multas a sindicalistas o manifestantes. Tampoco puede atribuirse toda la diferencia entre gobiernos únicamente a una decisión política: los periodos comparados tienen distinta duración y 2020 estuvo marcado por las restricciones de la pandemia. Eso no borra las denuncias sobre el uso de la ley frente a la protesta ni la responsabilidad institucional por mantenerla.
Los datos oficiales tampoco incorporan de manera completa los expedientes de los cuerpos policiales autonómicos de Catalunya, Euskadi y Navarra. En el País Valencià, el registro estatal contabilizó 18.850 sanciones durante 2025. El importe acumulado de las sanciones no debe confundirse sin más con ingresos efectivamente cobrados: pueden existir recursos, anulaciones e impagos.
Del Congreso a la calle: la reforma pendiente
Los acuerdos anunciados en el Congreso han tropezado con discrepancias sobre el uso de pelotas de goma, las devoluciones en frontera y la regulación de algunas infracciones policiales. La propuesta de reforma registrada en octubre de 2024 tampoco culminó en una modificación efectiva. Para quienes sufren una sanción, sin embargo, no existe una ley prometida y otra vigente: solo la que aplica la Administración.
Las distintas fuerzas de gobierno han sostenido que una reforma debe equilibrar seguridad y libertades públicas. Las organizaciones críticas responden que ese equilibrio no puede traducirse en convertir la movilización en un riesgo económico permanente. La discusión alcanza de lleno a las protestas laborales, estudiantiles, vecinales y de vivienda, espacios en los que se organiza una parte esencial de la respuesta social a los recortes, los despidos y el encarecimiento de la vida.
Una década después, la fotografía es incómoda para todos los responsables políticos: el PP dejó una ley profundamente controvertida; el PSOE y sus socios no consiguieron sustituirla, mientras las sanciones continuaban. Los sindicatos y movimientos sociales que llevan años reclamando garantías para protestar siguen enfrentándose al mismo texto legal. La distancia entre la promesa de derogarla y el expediente que llega al buzón es, precisamente, el centro de esta historia.
