Doce de las dieciocho grandes fortunas presentes en la cumbre climática de Antalya han amasado parte de su riqueza en industrias contaminantes. Oxfam Intermón denuncia la influencia del poder económico en las negociaciones y el aterrizaje de 152 aviones privados hasta el 18 de noviembre.
19 de noviembre de 2026 | Antalya, Turquía
La COP31, que se celebra en Antalya (Turquía) entre el 9 y el 20 de noviembre, afronta sus últimas jornadas con importantes discrepancias entre las delegaciones internacionales. En medio de las discusiones sobre la reducción de emisiones y la financiación de la adaptación al calentamiento global, Oxfam Intermón ha puesto el foco sobre la procedencia de las fortunas de algunos asistentes. Su análisis, difundido el 18 de noviembre, identifica a doce multimillonarios vinculados patrimonialmente a sectores como la extracción minera, el petróleo y el gas. Son dos tercios de los dieciocho multimillonarios identificados entre los participantes. La controversia no se limita a sus desplazamientos: afecta también a la capacidad de los grandes grupos empresariales para defender sus inversiones en los espacios donde se negocia el futuro del sistema energético.
El lujo de contaminar
La afluencia de aeronaves privadas a Antalya ofrece una imagen de esa desigualdad. Oxfam contabilizó 152 llegadas desde el 7 de noviembre a partir de los registros de PolluterJet, frente a los 66 vuelos privados registrados durante toda la COP30 de Belém, en Brasil. El número de aterrizajes en el aeropuerto turco era unas diez veces superior al habitual para esas fechas. El seguimiento de PolluterJet consultado el 19 de noviembre elevaba ya la cifra a 162 llegadas, con unas emisiones estimadas de 1.233 toneladas de CO₂. Son cálculos asociados a los vuelos registrados, no un inventario completo de la huella ambiental de la conferencia. La diferencia entre viajar en un avión comercial compartido por centenares de pasajeros y hacerlo en una aeronave de uso privado resulta especialmente significativa cuando se reclama al conjunto de la población que reduzca su consumo energético.
Los intereses de la industria fósil
La presencia de las grandes fortunas coincide con una amplia representación empresarial. Una investigación recogida por The Guardian el 13 de noviembre identificó más de cien compañías y agrupaciones industriales relacionadas con los combustibles fósiles entre las delegaciones participantes. El sector financiero también ocupa un lugar destacado: los treinta bancos presentes que analizó la investigación habían destinado más de 2,2 billones de dólares a financiar actividades relacionadas con el carbón, el petróleo y el gas en los cinco años anteriores. Estos vínculos económicos ayudan a comprender las resistencias que suscitan las propuestas de transformación energética. La participación de empresas en la conferencia no implica por sí sola que determinen sus decisiones, pero plantea interrogantes sobre el equilibrio entre los intereses industriales y las necesidades de las poblaciones afectadas.
Las negociaciones han dado un nuevo giro este jueves, 19 de noviembre. Según Reuters, el último borrador divulgado en Antalya ha suprimido las menciones expresas a poner fin al uso de combustibles fósiles, aunque mantiene el objetivo de elevar el peso de la electricidad en el consumo energético mundial hasta el 35 % en 2035, frente al 23 % actual. El documento sigue sujeto a negociación. Electrificar el transporte o determinados procesos industriales puede reducir emisiones, pero su efecto depende también de cómo se produzca esa electricidad. Los pequeños Estados insulares, particularmente amenazados por la subida del nivel del mar, reclaman decisiones más ambiciosas ante una crisis que compromete su propia supervivencia.
Una crisis climática que también es una cuestión de clase
Los efectos del cambio climático se distribuyen de manera desigual. Quienes trabajan en la agricultura, la construcción, el reparto, la limpieza viaria o los servicios de emergencia afrontan jornadas bajo temperaturas extremas y riesgos que no siempre se tienen en cuenta en la organización del trabajo. Una familia que depende de su salario dispone de menos recursos para afrontar el aumento de las facturas, adaptar su vivienda al calor o recuperarse de una inundación. En el ámbito laboral, la adaptación al cambio climático requiere garantizar descansos, acceso al agua, protocolos de prevención y la interrupción de las tareas cuando exista un riesgo grave, sin trasladar a las plantillas las pérdidas salariales derivadas de estas medidas.
Oxfam defiende una fiscalidad progresiva que grave las grandes fortunas, los beneficios de las compañías de combustibles fósiles y los consumos de lujo especialmente contaminantes. El 17 de noviembre, una coalición de países entre los que figuran España, Reino Unido y Kenia pidió estudiar gravámenes específicos para que los sectores emisores contribuyan a financiar las políticas climáticas. Desde una perspectiva laboral, el debate incluye además el futuro de quienes trabajan en industrias que deberán reconvertirse: formación remunerada, mantenimiento de ingresos, alternativas de empleo digno y participación sindical en las decisiones industriales. Una transición ecológica justa exige distribuir sus costes según la responsabilidad y la capacidad económica de cada sector, evitando que las consecuencias de décadas de explotación intensiva de los recursos naturales recaigan sobre las familias trabajadoras.





