Desde los aeropuertos hasta las contratas de hospitales y astilleros, trabajadores y sindicatos denuncian una misma realidad: reclamar derechos o militar en organizaciones de izquierda puede acabar convirtiéndose en una condena laboral. Informes reservados, comunicaciones entre empresas y despidos dejan a las personas afectadas ante una pregunta que pocas veces recibe una respuesta clara.
Una tarjeta que deja de funcionar. Una llamada de la empresa para comunicar que ya no se puede entrar al centro de trabajo. Una carta de despido que habla de falta de aptitud o de causas organizativas. Después, las entrevistas que no llegan y las puertas que se cierran en otras contratas.
Para quienes han pasado por ello, la pérdida del empleo no siempre termina con el fin de un contrato. En ocasiones comienza entonces una búsqueda mucho más difícil: averiguar quién tomó la decisión, qué información circuló y por qué una persona que llevaba años trabajando pasó a ser considerada un problema.
Los casos conocidos en aeropuertos muestran el peso que puede tener un informe policial sobre la vida de un trabajador. Las denuncias de listas negras en el metal, las telecomunicaciones o los servicios públicos apuntan a otra forma de exclusión: la información que circula entre empresas sobre quienes reclaman, se afilian a un sindicato o participan en una huelga.
Son mecanismos distintos que pueden reforzarse y desembocar en un mismo resultado. En ambos, la persona señalada pierde capacidad para trabajar y se enfrenta a una estructura que controla la información, decide sobre el acceso al centro y, finalmente, firma el despido o rechaza una contratación.
Cuando la militancia de izquierdas, el sindicalismo o la reclamación de derechos aparecen asociados a una supuesta peligrosidad o conflictividad, aflora un sesgo político que convierte la organización obrera en una amenaza. Y ese sesgo tiene consecuencias muy concretas sobre el salario, la vivienda y la vida de quienes lo sufren.
Un informe, una acreditación retirada y un despido
En los aeropuertos, el acceso a determinadas zonas depende de una acreditación. Cuando la evaluación de seguridad es desfavorable, la retirada de esa tarjeta puede dejar al trabajador sin posibilidad de llegar a su puesto. A partir de ahí, la empresa dispone de un argumento para extinguir la relación laboral.
El problema alcanza al propio procedimiento de seguridad. El apartado 6.2 del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil permite que la comprobación reforzada de antecedentes incorpore información de inteligencia y otros datos que las autoridades consideren pertinentes, más allá de los antecedentes penales. Según documentó El Salto en febrero de 2020, al menos dos trabajadores perdieron su empleo tras evaluaciones desfavorables pese a no tener antecedentes penales ni policiales. En el caso de Patxi Zamora, el informe aludía a su supuesta cercanía a «entornos potencialmente peligrosos», sin describir una conducta delictiva concreta.
Aena explicó a El Salto que estaba obligada a retirar o no renovar la acreditación ante una evaluación desfavorable y que desconocía los motivos del informe. La Guardia Civil emite la valoración, Aena ejecuta el veto de acceso y la empresa decide sobre el contrato. Esa separación de responsabilidades deja al trabajador sin empleo y con enormes dificultades para conocer y discutir la razón real de su exclusión.
Patxi Zamora: más de treinta años volando
Patxi Zamora llevaba desde 1986 trabajando como auxiliar de vuelo de Iberia. En noviembre de 2017 le comunicaron que la Guardia Civil lo consideraba no apto para conservar su acreditación. Sin ella no podía seguir realizando su trabajo. En enero de 2018 fue despedido.
Zamora, portavoz de la asociación anticorrupción Kontuz, aseguró que no tenía antecedentes penales ni problemas de seguridad tras 32 años de trabajo. Según relató a El Salto, un mismo mando de la Guardia Civil había autorizado su tarjeta y diez días después la había denegado tras recibir un breve correo del servicio de información. Su caso recorrió distintas instancias judiciales y llegó al Tribunal Supremo, además de provocar preguntas parlamentarias y gestiones ante los ministros del Interior Juan Ignacio Zoido y Fernando Grande-Marlaska.
En 2021, una respuesta del Gobierno a una pregunta del diputado Íñigo Barandiaran, del PNV, mencionó que Zamora había formado parte de una candidatura municipal de Acción Nacionalista Vasca en 2007. El Ejecutivo vinculó aquella lista con las candidaturas anuladas por los tribunales; Zamora respondió que la lista concreta en la que figuraba no había sido anulada.
El trabajador también había concurrido al Senado en una candidatura de coalición en 2015. Durante años había seguido entrando en aeropuertos y trabajando en vuelos sin que se hubiera planteado una objeción semejante. El caso llegó al Congreso y al Senado. Para entonces, la retirada de una tarjeta ya había terminado con una trayectoria profesional de más de tres décadas.
Victoria Taibo: 23 días de trabajo y una evaluación sin explicar
Victoria Taibo empezó a trabajar en agosto de 2019 como recepcionista en una sala VIP del aeropuerto de Madrid-Barajas. Había pasado un largo periodo en paro y aquel empleo era una oportunidad para recuperar la estabilidad.
A los 23 días, su acreditación dejó de funcionar. Al día siguiente, la empresa la despidió alegando que no había superado el periodo de prueba. Taibo, que había participado en el 15M y en el movimiento feminista, aportó certificados sin antecedentes penales ni administrativos y denunció que nadie le explicó qué hecho concreto justificaba el veto. El caso muestra cómo una decisión de seguridad no motivada ante la persona afectada puede traducirse en un despido sin indemnización.
Taibo aseguró que no tenía antecedentes penales ni policiales y sostuvo que la decisión podía estar relacionada con sus opiniones feministas, republicanas y de izquierdas, expresadas también en redes sociales. Su caso recibió el apoyo de organizaciones sindicales, entre ellas CGT.
La trabajadora ganó la demanda por despido improcedente, pero seguía necesitando la acreditación para regresar a aquel puesto. En mayo de 2022 se celebró el juicio contencioso contra la evaluación policial. La jueza rechazó la petición de la defensa para que declarara el mando de la Guardia Civil que había firmado la resolución. La vista quedó entonces pendiente de sentencia sin que se hubieran aclarado públicamente los motivos concretos de la valoración.
Taibo relató las consecuencias del despido: se quedó sin empleo, tuvo que vender su vivienda en Madrid y trasladarse a otra comunidad. La discusión sobre una evaluación administrativa había terminado afectando a su casa y a sus medios de vida.
Otros afectados en los aeropuertos
La investigación publicada por Público en 2021 recogió otros dos casos.
Uno era el de Ferran, realizador audiovisual y militante de la CUP. En 2017, mientras participaba en un rodaje para Aena, fue inhabilitado para acceder a las zonas internas del aeropuerto de Barcelona. No tenía un empleo fijo en el aeropuerto, pero la pérdida de acceso le impedía aceptar allí trabajos relacionados con su profesión.
El otro afectaba a una trabajadora de un aeropuerto canario, militante del Partido Comunista de España y vinculada a una asociación cultural. Según el relato recogido por el periódico, perdió su empleo después de una evaluación desfavorable que también aludía a la proximidad a entornos considerados peligrosos. La trabajadora prefirió preservar su identidad por temor a represalias.
«La empresa me despidió después del informe»
Un trabajador de una contrata aeroportuaria relata una experiencia anterior. Omitimos su nombre, el aeropuerto y otros datos para proteger su identidad.
Llevaba más de dos años trabajando en el centro cuando la empresa lo despidió. Estaba afiliado a un sindicato y, junto con otros compañeros, quería reclamar mejoras laborales. Al principio pensó que el despido podía tener relación con esas reclamaciones.
Más tarde, según relata, conoció a través de su abogado que la Guardia Civil había emitido un informe desfavorable para que continuara trabajando en el aeropuerto. El trabajador afirma que Aena trasladó aquella valoración a la empresa contratista y que esta lo despidió.
Había militado en el movimiento anarquista y atribuye la decisión a sus ideas. Llevó el despido a juicio. La motivación política que denunciaba no quedó acreditada en aquel procedimiento, según explica él mismo.
El trabajador sostiene que en la información que llegó a conocer se le presentaba como una persona peligrosa e incluso se mencionaba a ETA, una organización con la que niega haber tenido relación. Añade que le comunicaron que no podría volver a trabajar en ningún aeropuerto español.
Su relato describe una cadena semejante a la de otros casos conocidos años después: una valoración policial, su traslado a través del gestor aeroportuario y un despido firmado por la empresa contratista.
Los ficheros de inteligencia y la frontera de la seguridad
La investigación de Público puso el foco en SINVES-Aquila, un sistema de información de la Guardia Civil vinculado a investigaciones sobre terrorismo y otras formas graves de delincuencia organizada. Su posible utilización y el acceso de la ciudadanía a los datos acumulados dieron lugar a varias preguntas parlamentarias.
La Comisión Europea recordó, a raíz de las preguntas planteadas sobre estos archivos, los límites aplicables al tratamiento de datos recogidos con fines de prevención e investigación penal cuando se pretende destinarlos a otros usos. En el Congreso, el caso de Zamora sirvió para reclamar explicaciones sobre el empleo de información policial en una decisión con consecuencias laborales.
Una evaluación de seguridad puede ser necesaria para determinadas funciones, pero cuando bajo esa cobertura aparecen referencias a candidaturas políticas o se utilizan categorías tan abiertas como la proximidad a «entornos potencialmente peligrosos», la frontera entre proteger una instalación y señalar una ideología se vuelve especialmente preocupante.
El alcance concreto del uso de SINVES-Aquila en los expedientes aeroportuarios continuó siendo objeto de preguntas. La propia investigación periodística señalaba que el Gobierno no había aclarado si aquellos ficheros estaban afectando a la ciudadanía en procedimientos administrativos como los denunciados.
Cádiz: una grúa contra las listas negras
En abril de 2026, dos soldadores de la Bahía de Cádiz subieron a una grúa de la factoría de Navantia en San Fernando. Desde allí denunciaron que llevaban años sin conseguir empleo en las empresas auxiliares del metal de la zona por su actividad sindical.
Manuel Balber y Jesús Galván, vinculados a la Coordinadora de Trabajadores del Metal, sostenían que las listas negras castigaban a quienes habían participado en la defensa de las condiciones laborales del sector. Su protesta se prolongó durante 28 días y terminó con su desalojo.
Los trabajadores presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Navantia negó la existencia de listas negras y aseguró que no decide a quién contratan las empresas auxiliares. Los dos soldadores denunciaron que algunas ofertas se habían retirado después de que se conociera su actividad sindical.
Meses después explicaron que habían tenido que buscar trabajo fuera de España. CGT Metal Madrid expresó públicamente su apoyo y reclamó el fin de las listas negras.
De una empresa a otra: el trabajador marcado
Las listas negras no necesitan llevar ese nombre en una carpeta. Una referencia verbal, un correo o una anotación que acompaña a una persona de una empresa a otra pueden bastar para cerrar una contratación.
En 2015, el Tribunal Supremo examinó el caso de un trabajador de Cotronic, subcontrata de Telefónica. La empresa lo había despedido tras acusarlo de una conducta que no quedó acreditada en el juicio laboral. Más tarde buscó empleo en el sector y llegó a superar una entrevista y un reconocimiento médico, pero no fue contratado.
El trabajador denunció que había sido vetado. El Supremo apreció indicios serios de que la comunicación de información perjudicial podía haber dificultado su acceso al empleo y condenó a Cotronic a indemnizarlo con 30.000 euros por vulneración de sus derechos al honor y a la protección de datos. El tribunal examinó la denuncia sobre un fichero de trabajadores conflictivos sin dar por acreditados todos los extremos alegados. Telefónica negó disponer de una lista negra.
El caso no era una denuncia de persecución sindical. Muestra, sin embargo, cómo una información desfavorable puede acompañar a un trabajador dentro de una red de contratas y condicionar su futuro laboral.
En junio de 2024, un sindicato denunció una práctica semejante en el sector naval de Vigo: antiguos trabajadores de empresas auxiliares que habían reclamado judicialmente sus derechos encontraban obstáculos para volver a trabajar en los astilleros. Según aquella denuncia, las subcontratas aceptaban los vetos dirigidos contra quienes habían acudido a los tribunales.
La Agencia Española de Protección de Datos advierte de que el consentimiento para tratar información sobre afiliación sindical no puede utilizarse para crear listas negras de personas afiliadas. El sindicato al que pertenece una persona, las demandas que presenta o las reclamaciones que impulsa no deberían convertirse en una etiqueta que la persiga de empresa en empresa.
Hospitales: reclamar derechos y perder el empleo
Las contratas también sostienen una parte esencial de los servicios públicos. En hospitales, centros asistenciales y edificios de la administración trabajan plantillas de mantenimiento, limpieza, seguridad, transporte y otros servicios cuyo empleador es una empresa privada.
Sindicalismo.org ha conocido casos de trabajadores de una contrata hospitalaria de Serveo que fueron despedidos por la empresa después de reclamar mejoras en sus derechos laborales. Los casos están judicializados y pendientes de resolución. Para proteger a las personas afectadas, no identificamos el hospital ni otros datos que puedan revelar su identidad.
Los despidos los ejecutó Serveo. Los trabajadores vinculan la decisión a sus reclamaciones y esa relación forma parte de los procedimientos judiciales abiertos.
La externalización coloca a estas plantillas en una posición especialmente vulnerable. Su trabajo se desarrolla en un centro público, pero su contrato, sus turnos y su continuidad dependen de una empresa adjudicataria. Cuando surge un conflicto, la administración puede remitirlo a la contratista, mientras la empresa adopta las decisiones laborales.
Qué conocimiento tiene la administración de las denuncias, cómo supervisa las condiciones en que se presta el servicio y qué hace cuando quienes trabajan en sus instalaciones alertan de represalias son cuestiones que forman parte de su responsabilidad pública.
Sindicalismo y represalias en servicios públicos
La represión sindical en las contratas no se limita a los despidos ni depende siempre de una lista. Puede manifestarse mediante cambios de puesto, sanciones, aislamiento o presiones para que una plantilla renuncie a organizarse.
CGT informó de que un juzgado condenó a tres empresas de ambulancias de Cartagena a indemnizar a un delegado por acoso sindical. Según la información difundida por la organización, el trabajador había impulsado reclamaciones por horas extraordinarias y condiciones laborales y había denunciado incumplimientos relacionados con contratos de transporte sanitario.
En Mallorca, SAP-Mallorca CGT denunció en 2022 posibles listas negras en una bolsa de empleo del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. El sindicato reclamó explicaciones después de que, según expuso, se pasara por encima de un aspirante situado en el puesto 62 de la bolsa y se contratara a otra persona situada en el 162. La organización anunció que llevaría los hechos a las instancias correspondientes.
Se trata de situaciones distintas: una denuncia de acoso sindical en empresas de transporte sanitario y una denuncia sobre la gestión de una bolsa pública. Las dos muestran la necesidad de examinar qué ocurre cuando los trabajadores reclaman y quién controla su continuidad o acceso al empleo.
El silencio también disciplina
Una lista puede circular en un fichero. También puede hacerlo en una conversación telefónica. Una orden puede llegar por escrito o transmitirse de despacho en despacho. Y una empresa puede comunicar formalmente una causa de despido mientras la persona afectada escucha, en privado, una explicación muy diferente.
La información no está necesariamente en manos del trabajador; los informes pueden ser reservados y las conversaciones no siempre dejan un rastro accesible. Mientras tanto, el plazo para reaccionar corre y la necesidad de encontrar otro empleo aprieta.
El efecto alcanza al conjunto de la plantilla. Cuando un compañero que reclama acaba fuera, los demás reciben un mensaje aunque nadie lo pronuncie. Se aprende a medir las palabras, a desconfiar de una reunión sindical y a preguntarse cuánto puede costar exigir algo que debería estar garantizado.
Las empresas que ejecutan despidos o aceptan vetos tienen una responsabilidad que no se puede borrar con una remisión a «órdenes de arriba». Unas pueden participar en el señalamiento; otras pueden aceptar decisiones opacas y mirar hacia otro lado. En cada caso habrá que seguir la cadena y exigir explicaciones a quienes intervinieron.
Los vetos policiales y las listas negras empresariales tienen orígenes distintos. En la práctica pueden complementarse: una valoración de seguridad cierra una puerta; una referencia que circula entre contratas puede cerrar la siguiente. Cuando la persona señalada es una sindicalista, un militante de izquierdas o alguien que ha reclamado sus derechos, el perjuicio no termina en su despido. La organización colectiva también queda bajo presión.
Trabajar, afiliarse, expresar ideas y reclamar condiciones dignas no deberían ser opciones incompatibles. Para demasiadas personas, defenderlas todavía puede suponer perder el empleo y comenzar una larga lucha para recuperarlo.
Fuentes: Público: informes policiales en aeropuertos · Público: juicio de Victoria Taibo · El Salto: acreditaciones aeroportuarias · Congreso: debate sobre Patxi Zamora · Público: protesta en Navantia · CGT Metal Madrid: comunicado · Sentencia del Tribunal Supremo sobre Cotronic · AEPD: protección de datos laborales · CGT: transporte sanitario en Cartagena · Última Hora: denuncia de CGT en el IMAS · Cadena SER: denuncia en el naval de Vigo. Incluye testimonios anónimos facilitados a Sindicalismo.org.





