El Gobierno ha reconocido a Guillem Agulló como víctima del terrorismo. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la petición de la familia, 33 años después de que el joven antifascista valenciano fuera asesinado por ultraderechistas y tras una larga lucha por la verdad, la justicia y la reparación.
La ministra Diana Morant ha confirmado la aprobación del reconocimiento este 17 de noviembre. A comienzos de mes, la familia había reclamado públicamente al Ejecutivo que atendiera su petición y revisara la respuesta institucional que recibió el caso. Días después, Pedro Sánchez se reunió con sus allegados en València y se comprometió a estudiar la fórmula para atender su solicitud.
El asesinato en Montanejos
Guillem Agulló Salvador tenía 18 años y vivía en Burjassot, en la comarca de l’Horta Nord. Era antifascista, antirracista e independentista; participaba en el entorno de los skinheads antirracistas SHARP y en la organización juvenil Maulets. Quienes le conocieron recuerdan su compromiso frente a una extrema derecha que actuaba con violencia en las calles valencianas.
Durante la Semana Santa de 1993 había viajado con un grupo de amistades a Montanejos, en el Alto Mijares castellonense. Allí se encontró con jóvenes vinculados a ambientes neonazis. La madrugada del 11 de abril recibió una puñalada en el corazón que acabó con su vida.
La familia ha sostenido que los agresores conocían a Guillem y lo buscaron por sus ideas. Su padre ha relatado que el grupo lo acorraló e impidió que escapara. Esa versión y la dimensión política del ataque han formado parte de la denuncia mantenida por sus allegados desde el primer momento; la sentencia, sin embargo, no atribuyó responsabilidad penal por la muerte a los otros cuatro acusados.
Cinco acusados y un solo condenado
El proceso judicial comenzó en 1995. Ante la Audiencia de Castellón se sentaron cinco acusados. La Fiscalía y las acusaciones reclamaron penas de hasta 28 años para cada uno por asesinato, pero el tribunal absolvió a cuatro de ellos y condenó únicamente a Pedro José Cuevas, autor de la puñalada.
La sentencia, dictada en mayo de 1996, impuso a Cuevas 14 años de prisión por homicidio. Cumplió alrededor de cuatro años. El tribunal no reconoció el móvil político que la instrucción y la Fiscalía habían sostenido y encuadró los hechos en una pelea entre jóvenes. La familia y las acusaciones denunciaron que aquella interpretación dejaba fuera la persecución política y la violencia de extrema derecha.
El abogado de la familia ha recordado que, tras el ataque, algunos de los implicados realizaron saludos y gritos de exaltación fascista. Los allegados también han denunciado que ciertos medios trasladaron una imagen criminalizadora de Guillem y de su entorno. Su padre y su madre tuvieron que soportar durante años amenazas, insultos y pintadas de ultraderecha.
Cuevas después de salir de prisión
En 2005, Pedro José Cuevas fue detenido en la operación Pánzer, dirigida contra una presunta red neonazi vinculada al Frente Antisistema. El proceso posterior terminó con la absolución de los acusados después de que la Audiencia de Valencia declarara nulas las intervenciones telefónicas. Aquella absolución corresponde a esa causa posterior y no altera la condena por la muerte de Guillem.
En 2007, Cuevas figuró en una candidatura municipal de la formación ultraderechista Alianza Nacional en Chiva. Mientras tanto, la familia Agulló Salvador continuó reclamando el reconocimiento del carácter político de la violencia que acabó con la vida de su hijo.
Tres décadas de lucha por el reconocimiento
En abril de este año, sus familiares solicitaron al Ministerio del Interior el reconocimiento oficial como víctima del terrorismo. A principios de noviembre hicieron pública una carta dirigida al presidente del Gobierno y al ministro del Interior en la que reclamaban informes periciales independientes y que el Estado asumiera su responsabilidad por el trato dado al caso.
La carta, presentada el 4 de noviembre en Madrid por su padre, Guillem Agulló, su madre, Carme Salvador, y su hermana Betlem, reunió más de 200 firmas. Entre quienes respaldaron la petición figuraba Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, junto a representantes políticos y personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, había incorporado previamente a Guillem a su Mapa del Terror, aunque la sentencia judicial nunca calificó los hechos como terrorismo.
En el País Valencià, la memoria de Guillem ha permanecido viva gracias a su familia y a generaciones de militantes antifascistas. Su nombre está presente en homenajes, movilizaciones y espacios públicos. Les Corts Valencianes crearon en 2016 un premio con su nombre para reconocer el trabajo contra el racismo y la xenofobia.
El reconocimiento aprobado por el Gobierno atiende una reivindicación sostenida durante más de tres décadas. Para quienes han acompañado a la familia, también supone sacar del olvido institucional el carácter de la violencia que le arrebató la vida.





