El 20 de febrero de 1989, 57 jóvenes se presentaron públicamente ante autoridades militares de distintas ciudades del Estado español. Habían decidido no incorporarse al servicio militar obligatorio ni aceptar la prestación social sustitutoria diseñada para quienes alegaban objeción de conciencia. No estaban pidiendo una excepción: anunciaban que incumplirían una ley y asumirían las consecuencias. Aquel día comenzó la campaña de insumisión que durante más de una década llenó juzgados, atravesó cárceles y convirtió el antimilitarismo en uno de los movimientos sociales más extendidos de la España contemporánea.
La escena tenía algo que desconcertaba al aparato judicial. Los acusados se identificaban por su nombre, entregaban declaraciones, comparecían con sus compañeros y explicaban abiertamente lo que se negaban a hacer. El castigo debía funcionar como advertencia, pero cada detención originaba nuevas concentraciones, campañas de solidaridad y actos de autoinculpación. La desobediencia no se escondía. Precisamente por eso pudo adquirir una dimensión política que desbordó los expedientes individuales.
Los antecedentes: una generación contra el reclutamiento
El Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) se consolidó durante los setenta. En 1977, el Estado empezó a aplazar la incorporación de quienes se declaraban objetores, creando una situación provisional que no resolvía el conflicto. En su congreso de 1979, el MOC formuló una identidad colectiva que vinculaba antimilitarismo, noviolencia y transformación social. A lo largo de los ochenta aparecieron otras redes, entre ellas Mili KK, con prácticas, sensibilidades y lenguajes propios. Algunas procedían del cristianismo de base; otras se acercaban al anarquismo, al movimiento estudiantil, al feminismo o a las culturas juveniles de barrio.
El 28 de diciembre de 1984 se aprobó la Ley de Objeción de Conciencia. El gobierno del PSOE reconocía un cauce legal para quien rechazase el ejército por convicciones, pero imponía una prestación social sustitutoria (PSS) que el movimiento consideraba punitiva y subordinada a la lógica del reclutamiento. Las redes más críticas sostuvieron que no correspondía al Estado decidir qué motivos de conciencia eran aceptables ni sustituir un servicio forzoso por otro. Hubo debates internos, no siempre resueltos, entre quienes optaban por ejercer la objeción legal y quienes defendían ir más lejos.
Esa distinción importa. El objetor reconocido podía quedar exento de la mili cumpliendo la PSS. El insumiso rechazaba ambos deberes. No se trataba de una simple tramitación administrativa ni de una forma de evitar unas semanas de cuartel. Era una impugnación pública de la obligación de obedecer a una institución cuya legitimidad se cuestionaba. También era una apuesta arriesgada: los protagonistas conocían las consecuencias penales posibles, pero no podían prever qué juez los procesaría, cuánto duraría el procedimiento o si acabarían entrando en prisión.
1989: presentarse, dar la cara, sostener la decisión
Uno de los primeros artículos firmados desde la cárcel apareció en marzo de aquel año en El País. Lo suscribieron Carles Hinojosa, Yon Sánchez y Josep M. Moragriega. Explicaban que su rechazo se dirigía tanto al servicio militar como a la prestación sustitutoria. Aquella intervención recuerda que el conflicto no era una representación simbólica sin consecuencias: algunos de quienes defendían sus razones ante la opinión pública estaban privados de libertad mientras escribían.
El primer consejo de guerra contra insumisos se celebró el 16 de noviembre de 1989. Fueron juzgados Carlos Hinojosa y Josep Maria Moragriega, condenados a trece meses de prisión cada uno. La justicia militar intentaba mantener la autoridad de una obligación que una parte creciente de la juventud rechazaba. En diciembre de 1990, otro juicio militar impuso cinco meses de cárcel a Antonio Molina. La represión no siguió una pauta uniforme: hubo expedientes, detenciones breves, libertades provisionales, condenas y un cálculo político sobre cuánta presión podía soportar el sistema.
Los propios movimientos denunciaron la selectividad de esa respuesta. Según su reconstrucción histórica, hasta diciembre de 1991 solo se habían celebrado trece consejos de guerra, pese a que más de 1.200 jóvenes se habían declarado ya insumisos al servicio militar. La intención disuasoria convivía con un problema evidente para los gobiernos: castigar a todos los desobedientes suponía multiplicar los procesos y las cárceles; no castigarlos debilitaba la amenaza que debía sostener la obligación.
La cárcel no apagó la campaña
El Estado modificó sus respuestas: se incrementaron los procedimientos ante jurisdicciones ordinarias y las condenas penales, mientras los grupos antimilitaristas debatían cómo evitar que la prisión quedara reducida a un sufrimiento privado. Los juicios se utilizaron como tribunas de denuncia del militarismo; los ingresos voluntarios en prisión y las campañas contra las condenas prolongaron el conflicto. Hubo también acciones frente a instalaciones militares y campañas contra el gasto en defensa, el comercio de armamento y las guerras.
La cárcel, sin embargo, no fue una experiencia homogénea ni heroica para todos. Significaba pérdida de empleo, estudios interrumpidos, ansiedad familiar, relaciones dañadas y futuros condicionados por los antecedentes. Una parte de los insumisos era muy joven y dependía todavía de su familia. Las compañeras, parejas, amistades y grupos de apoyo asumieron buena parte del sostenimiento material y emocional del movimiento. Reconocer ese trabajo evita contar la insumisión como una sucesión de protagonistas masculinos entrando y saliendo de los juzgados.
También se extendió la autoinculpación: personas que, sin tener obligación de hacer la mili, declaraban públicamente su participación en la decisión de los insumisos y se ponían a disposición de la justicia para compartir la responsabilidad. Escritores, artistas, docentes, cargos públicos, militantes y colectivos firmaron campañas de apoyo. Con ello el problema cambiaba de escala. La desobediencia dejaba de parecer una decisión aislada de jóvenes reclutas y pasaba a cuestionar la legitimidad social de la persecución.
Las cifras deben tratarse con cuidado. El Ministerio de Cultura, al describir el fondo documental del MOC, habla de casi un millón de objetores y unos 20.000 insumisos. Otros archivos y balances del movimiento calculan alrededor de 50.000 declaraciones de insumisión entre 1989 y 1999 o 2001, y un mínimo de un millar de personas encarceladas. Las diferencias responden a períodos, criterios y registros distintos, incluidas las autoinculpaciones. No existe una única serie oficial que permita fundir todos esos recuentos en una cifra exacta.
València, los barrios y las redes antimilitaristas
Euskadi y Navarra fueron otros territorios fundamentales. La represión afectó de forma desigual: en Navarra y parte de Euskadi las penas de cárcel se ejecutaron con especial frecuencia, mientras en otros lugares los condenados pudieron obtener suspensiones o regímenes alternativos. Esto dio lugar a conflictos entre diferentes experiencias del mismo movimiento y obligó a coordinar respuestas con circunstancias judiciales muy distintas. La red no fue uniforme, pero compartió el propósito de debilitar la conscripción.
El antimilitarismo conectó con una generación que había conocido el movimiento de estudiantes, las protestas contra la OTAN, el sindicalismo alternativo y la recuperación de locales sociales. En los ateneos, centros okupados, conciertos y fanzines se organizaban charlas y cajas de apoyo. Había quienes se incorporaban por rechazo a la disciplina de cuartel y terminaban discutiendo sobre las guerras, la violencia del Estado y el gasto público. La insumisión convirtió una obligación aparentemente individual en un conflicto político compartido.
De los cuarteles a la suspensión de la mili
La decisión legal llegó mediante el Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo, publicado en el BOE al día siguiente. El Gobierno de José María Aznar adelantó al 31 de diciembre de 2001 la suspensión de la prestación del servicio militar, dentro del proceso de profesionalización del ejército. La palabra suspensión es importante: la conscripción dejó de aplicarse, pero la norma no supuso la desaparición de las Fuerzas Armadas ni una prohibición definitiva de cualquier modelo de reclutamiento obligatorio.
El cierre tampoco fue instantáneo para quienes seguían encarcelados. La memoria del MOC-València recoge que en 2001 continuaban en prisión militar algunos insumisos-desertores, entre ellos miembros del colectivo valenciano. En mayo de 2002 la prensa informó de la puesta en libertad de varios de los últimos insumisos encarcelados. La despenalización y la cancelación de consecuencias legales fueron procesos diferenciados. El fin del servicio obligatorio no borró de golpe los antecedentes, los años perdidos ni la experiencia de las familias que habían acompañado las condenas.
Los motivos de la suspensión fueron múltiples: cambios estratégicos en la organización militar, políticas de profesionalización, transformaciones sociales y presión sostenida del movimiento antimilitarista. Atribuirla únicamente a un gobierno o únicamente a una campaña sería simplificar la historia. Pero tampoco puede entenderse al margen de los miles de jóvenes que hicieron del incumplimiento una práctica pública, organizada y persistente. El sistema de reclutamiento había perdido una parte importante de su consentimiento social.
Lo que dejó aquella desobediencia
El MOC no desapareció con los últimos sorteos de reclutas. Las redes antimilitaristas continuaron cuestionando el ejército profesional, las bases militares, las guerras y la producción de armamento. Las formas organizativas cambiaron, pero permanecieron las preguntas concretas que habían impulsado aquel movimiento: quién decide sobre el cuerpo y el tiempo de las personas, qué obligaciones puede imponer el Estado y hasta dónde llega la responsabilidad colectiva frente a una orden considerada injusta.
Aquel 20 de febrero de 1989, 57 personas salieron a la calle sabiendo que podían terminar detenidas. No tenían una victoria garantizada ni una sentencia favorable esperándolas. Tenían una decisión compartida y una red dispuesta a no dejarlas solas. La historia posterior de la insumisión se escribió en esa combinación de riesgo personal y organización colectiva, mantenida durante años en juzgados, barrios, universidades y puertas de prisión.
En nuestro archivo: LIP y la autogestión obrera · Las trabajadoras de Dunnes Stores contra el apartheid.
Imagen destacada: manifestación del Movimiento de Objeción de Conciencia en Albacete; fotografía de archivo reproducida por El Salto.
Fuentes y referencias: Pedro Oliver Olmo, «El movimiento de objeción de conciencia e insumisión en España (1971–2002)», Hispania Nova (2021); Ministerio de Cultura, Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, fondo del MOC; KEM-MOC, historia del Movimiento de Objeción de Conciencia; Antimilitaristes-MOC València, memoria del colectivo; MOC València, «El movimiento de insumisión al servicio militar en España»; Antimilitaristas.org, cronología de la insumisión; BOE, Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo; El País, 26 de mayo de 2002.
Apasionado de la historia obrera y la antropología. Profesor de Historia en Barcelona y amante de los animales.
