El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la dirección confederal de la CGT contra la sentencia que anuló la convocatoria del congreso extraordinario de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A). La resolución, dictada el 26 de octubre y conocida públicamente el 10 de noviembre, mantiene la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA): aquella convocatoria no cumplió las condiciones previstas en los estatutos de la federación territorial.
El fallo da respaldo judicial a la dirección andaluza encabezada por Juan Antonio Guerrero y Miguel Montenegro, elegida en abril de 2023. También abre un nuevo capítulo de un enfrentamiento interno que lleva meses trasladándose a los tribunales y que afecta a la representación de una federación con miles de afiliados.
El respaldo de la afiliación, en el centro del litigio
El origen inmediato del procedimiento está en la convocatoria de un congreso extraordinario impulsado por la dirección confederal después de que varios secretarios generales de sindicatos andaluces reclamaran nuevas elecciones. El debate no era solo cuántos sindicatos habían solicitado la reunión, sino si aquella petición contaba con el apoyo exigido por la afiliación.
Según la sentencia del TSJA de marzo de 2025, los estatutos de CGT-A establecían que el congreso extraordinario debía ser solicitado por al menos un tercio de sus personas afiliadas. La petición promovida desde quince sindicatos no iba acompañada de actas asamblearias que permitieran acreditar ese respaldo. La dirección andaluza pidió esa documentación y, al no recibirla, no convocó el congreso. Posteriormente lo impulsó la dirección confederal.
El tribunal andaluz anuló ese proceso al considerar que no se habían respetado las reglas estatutarias de convocatoria. Frente al criterio que equiparaba las peticiones de secretarios generales con el respaldo de la afiliación, la sentencia distinguió expresamente entre una tercera parte de las personas afiliadas y una tercera parte de los sindicatos integrados en la federación.
El Supremo rechaza el recurso confederal
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por CGT confederal, según la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. La resolución no vuelve a organizar unas elecciones ni se pronuncia sobre todas las controversias políticas que atraviesan la organización: confirma la nulidad del proceso extraordinario cuestionado, al rechazar el intento de revisar por esta vía los hechos establecidos en la instancia.
La consecuencia inmediata es que se mantiene la validez del secretariado de CGT-A elegido en abril de 2023, con Juan Antonio Guerrero en la secretaría general y Miguel Montenegro en la de Organización. Aquella candidatura obtuvo, según los datos publicados sobre el congreso de 2023, el 91 % de los votos.
La dirección confederal, encabezada por Miguel Fadrique, había respaldado un proceso del que salió la candidatura de Pilar Encuentra. Durante el conflicto ambas partes reivindicaron la legitimidad de la representación andaluza. La resolución judicial resuelve la impugnación de aquella convocatoria, pero no pone fin por sí misma a todas las disputas abiertas.
Otros acuerdos siguen en disputa
CGT-A ha llevado ante la Audiencia Nacional la impugnación de acuerdos adoptados en plenarias confederales sin su participación. Desde la federación andaluza se cuestiona que se haya prescindido de su representación mientras estaba pendiente el litigio. La existencia de estas demandas no significa que todos esos acuerdos hayan quedado anulados: su validez deberá determinarse en los procedimientos correspondientes.
Miguel Montenegro ha reclamado públicamente responsabilidades a la dirección confederal y la dimisión de Fadrique. Son posiciones expresadas por una de las partes en conflicto, distintas del contenido estricto de la resolución del Supremo. En la información publicada por elDiario.es, Fadrique no respondió a la petición de valoración cursada por ese medio.
Una fractura que llega al debate sobre el modelo sindical
El conflicto andaluz se produce en un periodo de fuertes tensiones internas dentro de la CGT. En el XX Congreso Confederal celebrado recientemente en Parla hubo protestas por problemas de acreditación de delegados y discrepancias sobre la participación de distintas federaciones. Fadrique resultó reelegido secretario general, mientras que el informe de gestión de su etapa anterior fue rechazado, según la crónica de elDiario.es.
Más allá de los cargos en disputa, el pronunciamiento judicial sitúa en primer plano un principio básico del funcionamiento sindical: la convocatoria de los órganos de decisión debe ajustarse a las normas de la propia organización y a los procedimientos mediante los que la afiliación expresa su voluntad. Es especialmente relevante en un sindicato que reivindica el asamblearismo y la autonomía de sus estructuras federadas.
La sentencia confirma la nulidad de una convocatoria concreta. Quedan abiertos, sin embargo, los litigios sobre la representación y los acuerdos posteriores, así como la tarea política y organizativa de recomponer relaciones dentro de la confederación. El alcance de esas controversias dependerá de futuras resoluciones y de las decisiones de sus propios sindicatos y afiliados.
