La policía italiana identificó a 4.292 personas y trasladó o retuvo en dependencias policiales a 371 durante las manifestaciones del 24 de octubre, entre ellas 110 menores de edad. Solo nueve personas fueron formalmente arrestadas y otras 87 denunciadas, según el balance del Departamento de Seguridad Pública. Las cifras reflejan el alcance de una nueva política de control de las protestas impulsada por el Gobierno de Giorgia Meloni: apartar de la calle a personas consideradas potencialmente peligrosas antes de que se haya cometido ningún delito. Organizaciones de derechos humanos y abogados denuncian que la aplicación de estas medidas está alcanzando a jóvenes que se dirigían a concentraciones pacíficas contra la carestía, el rearme y los recortes sociales.
Las movilizaciones del 24 de octubre tuvieron lugar en Roma, Milán, Turín, Bolonia y otras ciudades. Reunieron protestas contra el encarecimiento de la vida, el precio de la vivienda, el gasto militar y las políticas del Ejecutivo, con demandas a favor de la educación y la sanidad públicas. Hubo incidentes y enfrentamientos en algunas localidades, pero en Milán la jornada transcurrió en lo esencial sin los disturbios masivos que las autoridades temían después de lo sucedido una semana antes.
Un grupo de jóvenes se manifiesta en Roma, delante del Coliseo, el 24 de octubre de 2026, contra el coste de la vida y la guerra. Fotografía: Vincenzo Livieri (Reuters).
371 personas trasladadas a comisaría, 110 de ellas menores
El balance oficial de aquella jornada merece leerse con precisión. Hubo 4.292 identificaciones, 371 personas acompañadas o retenidas en oficinas policiales, 87 denuncias y nueve arrestos. Entre quienes fueron llevados a dependencias policiales había 110 menores. No significa que los 371 fueran detenidos judicialmente por delitos: las autoridades agruparon bajo una misma cifra diferentes intervenciones policiales, desde acompañamientos para identificación hasta retenciones preventivas.
En Milán se contabilizaron 167 personas trasladadas o retenidas, 56 menores, y 2.885 identificaciones. En Roma fueron 96 las personas trasladadas, entre ellas seis menores. Las cifras proceden del propio Departamento de Seguridad Pública y fueron difundidas por ANSA y Rai News. De ahí que resulte especialmente importante averiguar qué fundamento individual tuvo cada intervención y cuánto tiempo se mantuvo a esas personas fuera de la calle.
Amnistía Internacional Italia, que desplegó observadores y recopiló testimonios junto a la red de asistencia legal Hub for Defenders, ha señalado que varias actuaciones comenzaron lejos de los recorridos de las manifestaciones: estaciones, parques, bares y lugares de paso. En sus informes aparecen registros, fotografías junto al documento de identidad, recogida de datos biométricos y denuncias de retirada temporal de teléfonos. Según los testimonios recibidos, algunas personas tuvieron dificultades para comunicarse con abogados o familiares. La organización pide esclarecer cada caso y garantizar controles proporcionales y sometidos a garantías efectivas.
Una norma aprobada después de los disturbios de Milán
El antecedente inmediato fueron los incidentes del 17 y 18 de octubre en Milán. Unas convocatorias difundidas por redes sociales acabaron en disturbios, saqueos y daños materiales, con centenares de jóvenes identificados o detenidos en diversas actuaciones policiales. La Voz de Galicia publicó posteriormente una cifra de 644 arrestos vinculados a aquella respuesta y a sus investigaciones, entre ellos 69 menores, además de numerosas denuncias. Esa cifra corresponde a otro episodio y no debe confundirse con los 371 trasladados o retenidos durante las manifestaciones del 24 de octubre.
Meloni presentó la respuesta del Gobierno como una actuación necesaria frente a los actos violentos y a la delincuencia juvenil. El Consejo de Ministros aprobó el decreto el 20 de octubre y el Decreto-ley 190/2026 entró en vigor el día 23. El texto endurece determinados delitos cometidos durante manifestaciones, incorpora nuevas figuras penales relacionadas con grupos que empleen violencia y amplía medidas de prevención policial y disposiciones aplicables a menores.
Uno de los cambios más discutidos es la ampliación de los supuestos en los que una persona puede ser acompañada y retenida preventivamente en dependencias policiales, también en determinadas circunstancias cuando es menor de edad. La figura no equivale por sí misma a una detención penal. La duración máxima de la retención preventiva contemplada en el mecanismo que analizan los juristas es de doce horas; existen otras figuras de identificación y detención, con reglas diferentes. La ley exige motivos concretos relacionados con un peligro para la seguridad, pero su aplicación práctica y las garantías para los menores son precisamente el centro de las críticas.
Una kefia, una sudadera, un grupo de amigos
El reportaje publicado el 5 de noviembre por la periodista Annalisa Camilli en Internazionale reconstruye el caso de cinco estudiantes del instituto Albertelli de Roma, tres de ellos menores. Se habían reunido cerca del centro educativo antes de acudir a la protesta del 24 de octubre. Según un familiar citado por el medio, la policía consideró relevantes una kefia, un calentador de cuello y el hecho de que fueran cinco personas juntas. Los jóvenes permanecieron unas tres horas en dependencias policiales. Las familias denunciaron que no recibieron una comunicación inmediata de lo ocurrido y pidieron explicaciones sobre la intervención.
El País ha recogido otros testimonios de jóvenes interceptados cuando iban a manifestarse, entre ellos el de Carolina Di Giacomo, de 18 años, que relató cómo unos agentes la abordaron junto a sus amistades al salir del metro en Roma. Según su declaración, fueron identificados y grabados, después trasladados en vehículos policiales y privados temporalmente de sus teléfonos. Las denuncias de afectados y familiares requieren investigación individual, pero dibujan un patrón que preocupa a las organizaciones de defensa de las libertades.
La abogada Paola Bevere, de Giuristi Democratici y vinculada a Hub for Defenders, ha explicado a Internazionale una cuestión decisiva: una medida preventiva restringe la libertad de una persona sobre la base de un riesgo que la policía considera posible, no necesariamente por un delito cometido. Los juristas estudian cómo plantear un control judicial de constitucionalidad y alertan de la confusión entre acompañamiento para identificación, retención preventiva y arresto penal. El alcance exacto de las nuevas disposiciones para menores está siendo objeto de interpretaciones encontradas; por eso no es correcto afirmar que cada menor trasladado a comisaría fue objeto del mismo procedimiento.
La protesta social, bajo sospecha
La preocupación excede los incidentes de Milán. Amnistía Internacional ha advertido de que convertir prendas habituales, materiales de primeros auxilios, pañuelos o pegatinas en indicios de peligrosidad puede favorecer controles arbitrarios. La organización también ha denunciado el efecto disuasorio que producen los dispositivos policiales cuando una persona teme terminar en comisaría por acudir a una movilización.
El endurecimiento normativo tiene una trayectoria más larga. Desde su llegada al Gobierno en octubre de 2022, Meloni ha impulsado diferentes paquetes de seguridad que han ampliado sanciones y herramientas policiales. Reuters ha documentado esa sucesión de decretos, desde las medidas contra las fiestas rave hasta nuevas restricciones vinculadas con el orden público. El Ejecutivo los justifica por la necesidad de prevenir violencia y proteger a personas y establecimientos; las organizaciones de derechos humanos cuestionan su proporcionalidad y el riesgo de extender la sospecha al conjunto de quienes protestan.
La situación social ayuda a explicar por qué tantos jóvenes siguen saliendo a las calles. Los alquileres, los salarios que no alcanzan, el coste de los suministros y la oposición al rearme aparecen una y otra vez en las convocatorias de octubre. En ciudades con fuertes desigualdades, la movilización reúne estudiantes, trabajadores precarios y familias que reclaman servicios públicos. Las manifestaciones pacíficas no pueden quedar equiparadas a los saqueos o a las agresiones: las responsabilidades penales deben ser individuales y probadas.
Derecho a protestar, derecho a organizarse
Para el movimiento sindical y social europeo, lo ocurrido en Italia abre una cuestión de fondo: la posibilidad de impedir de hecho la asistencia a una protesta sin que medie una acusación por actos ya cometidos. La misma lógica preventiva puede afectar a convocatorias estudiantiles, movilizaciones por la vivienda, concentraciones laborales o protestas contra medidas gubernamentales. La actuación policial debe permitir investigar delitos reales sin convertir la participación colectiva en motivo suficiente de sospecha.
Algunas familias de los estudiantes de Roma han optado por organizarse y denunciar públicamente los controles. Sus testimonios se suman a las reclamaciones de las redes de asistencia jurídica, que piden información sobre los motivos de los traslados, acceso a defensa y garantías reforzadas para los menores. El derecho de reunión se mide precisamente en situaciones de conflicto, cuando expresar el desacuerdo con el Gobierno resulta incómodo para quienes lo ejercen.
Italia se aproxima así a un debate que afecta al conjunto de Europa: cómo evitar y sancionar las agresiones sin castigar preventivamente a quienes salen a la calle por sus condiciones de vida. Los sucesos del 24 de octubre, con 110 menores conducidos a dependencias policiales y solo nueve arrestos en todo el país, exigen una rendición de cuentas detallada sobre el uso de estas facultades. Para sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales, conocer las reglas y poder ejercer libremente la protesta no es un detalle administrativo. Es una condición básica para defender sus derechos.
