La Confederación Sindical Internacional (CSI) vuelve a poner nombre y apellidos al poder corporativo que, según denuncia, erosiona la democracia y los derechos de la clase trabajadora. Su informe de 2026 incorpora a OpenAI, Apollo Global Management y al imperio mediático francés Bolloré, junto a Amazon, Tesla y Palantir. El señalamiento apunta a un problema de fondo: grandes empresas que acumulan un enorme poder económico y pretenden influir en las reglas destinadas a ponerles límites, mientras las plantillas soportan las consecuencias.
La tercera edición de Empresas que socavan la democracia pone el foco en algo más profundo que el habitual cabildeo empresarial. La CSI advierte de que determinadas corporaciones buscan condicionar las decisiones públicas, debilitar los controles y ganar margen de maniobra frente a los derechos laborales. La investigación reúne seis casos que la central considera representativos. No es una sentencia judicial, sino una denuncia sindical documentada sobre la concentración de poder y sus efectos.
OpenAI: quién establece las reglas de la inteligencia artificial
La aparición de OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, coloca a la inteligencia artificial en el centro de la disputa. La CSI cuestiona la capacidad de esta empresa para influir en las normas que deberían controlar el sector, su modelo de gobierno corporativo y los riesgos de implantar tecnologías de enorme alcance sin suficiente control democrático ni participación de quienes trabajan.
La pregunta es sencilla: ¿quién pone límites a las empresas que quieren escribir las reglas de su propio negocio? El informe examina la presión institucional atribuida a OpenAI, la financiación política relacionada con algunos de sus altos ejecutivos y la escasa capacidad de decisión que, a juicio de la CSI, conservan las plantillas ante la expansión de la IA. Son denuncias de una organización sindical y no equivalen, por sí solas, a infracciones declaradas por un tribunal.
En los centros de trabajo, esta discusión está lejos de ser abstracta. La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta para vigilar ritmos, evaluar rendimientos, decidir contrataciones o despidos y reproducir discriminaciones, si su uso queda en manos de las empresas sin negociación colectiva ni garantías. En junio de 2025, sindicatos estadounidenses se enfrentaron a una propuesta que habría bloqueado durante diez años la capacidad de los estados para aprobar normas propias sobre IA. Para el sindicalismo, el futuro tecnológico no puede decidirse a espaldas de las plantillas.
OpenAI ha defendido públicamente la participación de gobiernos e instituciones en la gobernanza de la inteligencia artificial. Precisamente ahí sitúa la CSI su crítica: los compromisos de control democrático deben contrastarse con la influencia política y empresarial que atribuye a la compañía. Las buenas declaraciones no sustituyen las garantías efectivas.
Apollo: fondos de pensiones y denuncias de prácticas antisindicales
Con Apollo Global Management, el informe apunta al poder de las gestoras financieras que administran fortunas mientras sus decisiones repercuten sobre miles de trabajadores. Los sindicatos estadounidenses de la enseñanza AFT y AAUP han advertido de que los fondos de jubilación de sus afiliados mantienen al menos 29.000 millones de dólares invertidos en vehículos gestionados por Apollo. El dinero destinado a asegurar la vejez de quienes trabajan queda así vinculado a decisiones empresariales sobre las que tienen poco control directo.
Ambas organizaciones han reclamado investigar el posible uso de recursos de la compañía por su máximo responsable, Marc Rowan, en iniciativas políticas relacionadas con la enseñanza superior. A su vez, la AFL-CIO ha exigido revisar denuncias de vigilancia, intimidación y represalias contra trabajadores que intentan sindicalizarse en empresas participadas por la gestora. Son acusaciones que deben investigarse y no confundirse con hechos judicialmente probados, pero plantean una contradicción difícil de ignorar: el capital que gestiona ahorros de trabajadores aparece cuestionado por denuncias sobre sus propios derechos colectivos.
Bolloré: concentración mediática y pluralismo informativo
El grupo Bolloré representa otra vía de acumulación de poder: la propiedad de medios de comunicación. La CSI advierte de que la concentración mediática puede convertirse en un instrumento para amplificar discursos hostiles a los sindicatos y a las personas migrantes, favorecer determinadas opciones políticas y estrechar el espacio del pluralismo. Cuando unos pocos propietarios controlan buena parte de los altavoces públicos, la independencia informativa deja de ser una cuestión menor.
El regulador audiovisual francés Arcom ya requirió a CNews respetar sus obligaciones de pluralismo tras analizar 168 horas de programación emitidas en marzo de 2025. Detectó desequilibrios persistentes en el tratamiento de diversos asuntos y en la presencia de posiciones contrapuestas. El informe sindical también recoge acusaciones de presunta corrupción relacionadas con actividades del grupo fuera de Francia. La CSI sitúa estos antecedentes dentro de su denuncia más amplia sobre el uso del poder económico para condicionar el debate público.
Amazon, Tesla y Palantir repiten en la investigación
La lista no termina con las tres nuevas incorporaciones. Amazon, Tesla y Palantir vuelven a ser señaladas. La CSI mantiene sus críticas a Amazon por las prácticas contra la sindicalización y los efectos de la automatización; a Tesla por sus conflictos con representantes laborales en varios países, incluido Alemania; y a Palantir por su presencia en sistemas de vigilancia, defensa y servicios públicos. Son sectores distintos, pero la preocupación sindical es común: cada vez más decisiones que afectan a la mayoría quedan concentradas en muy pocas manos.
En Amazon, trabajadores han exigido participar en las decisiones sobre inteligencia artificial, especialmente cuando estas pueden alterar el empleo o aumentar la vigilancia. En Tesla, el sindicato alemán IG Metall ha denunciado presuntas injerencias empresariales en las elecciones de representación laboral de la fábrica de Grünheide. La tecnología avanza, pero eso no concede a ninguna dirección empresarial el derecho a vaciar de contenido la organización colectiva.
La democracia también se juega en los centros de trabajo
El secretario general de la CSI, Luc Triangle, sostiene que las decisiones de empresas con capacidad para afectar a millones de personas deben estar sometidas a control democrático. Por eso la confederación reclama libertad sindical efectiva, negociación colectiva y normas internacionales que permitan exigir responsabilidades a las multinacionales. No basta con invocar la democracia en las instituciones si dentro de las empresas las plantillas carecen de voz real.
El informe plantea una cuestión que el movimiento obrero conoce bien: ¿de qué sirve hablar de democracia si quienes concentran la riqueza también pueden condicionar las leyes, la información y las condiciones de trabajo? La CSI defiende que la respuesta pasa por reforzar la capacidad de organización y decisión de las plantillas. Frente al poder corporativo, la libertad sindical y la negociación colectiva no son adornos: son instrumentos para poner límites a quienes quisieran decidirlo todo sin rendir cuentas.
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