Hay fotografías que, sacadas de su contexto, terminan siendo utilizadas para contar una historia muy distinta de la que realmente merece investigarse. Eso es lo que ha ocurrido con una imagen del XX Congreso Ordinario de la CGT, celebrado en Parla a comienzos de octubre. En ella aparece una persona con una acreditación sindical y una pulsera rojigualda que incorpora un símbolo de la Guardia Civil. La fotografía ha servido para lanzar insinuaciones sobre el sector crítico del Congreso. Sin embargo, antes de utilizarla como arma arrojadiza convendría responder una pregunta sencilla: ¿quién tenía autorización para estar allí?
En la cartulina se lee «St. C.C. Madrid». Al difundirse la imagen se ocultó el nombre de quien la llevaba, aunque se mantuvo la referencia sindical. Ese dato, que quizá alguien consideró irrelevante, conduce al verdadero centro del asunto: en 2026 no podía confundirse sin más al Sindicato de Transportes y Comunicaciones de Madrid desfederado dos años antes con la estructura que recibió reconocimiento y credenciales para participar en Parla.
Una pulsera incómoda y una cuestión de principios
La CGT establece en su artículo 28 incompatibilidades de afiliación respecto de integrantes de cuerpos represivos y fuerzas de seguridad del Estado. No es una cuestión marginal para una organización que se reivindica anarcosindicalista. Por eso resulta pertinente discutir la presencia de esa simbología en un congreso confederal y también las decisiones que, desde órganos y publicaciones de la propia organización, han abierto espacios a opiniones favorables a incorporar a esos colectivos.
Hay quienes consideran especialmente grave que medios financiados por la afiliación hayan permitido defender esas posturas o dar voz a organizaciones relacionadas con la seguridad. Es una crítica política legítima y debe poder formularse sin rodeos. Lo que no corresponde es convertir la pulsera en prueba de que la persona fotografiada sea guardia civil o de que pertenezca a una corriente determinada. Para saber qué representa una credencial se necesitan censos, acuerdos y actas; no conjeturas sobre la identidad de quien aparece en una fotografía.
De septiembre de 2023 a noviembre de 2024: una ruptura decisiva
La historia que permite interpretar esa tarjeta comenzó mucho antes del Congreso. En septiembre de 2023, la CGT de Madrid-Castilla-La Mancha-Extremadura impulsó un acuerdo encaminado a la desfederación del Sindicato de Transportes y Comunicaciones de Madrid. No se trataba de una organización testimonial: las cifras aportadas por el sector afectado hablan de más de 5.500 personas afiliadas y de una extensa implantación en empresas y servicios públicos. La decisión desencadenó una crisis orgánica de gran alcance.
En enero de 2024 se produjo uno de los episodios más controvertidos del procedimiento. Según la interpretación y la documentación difundida por quienes se opusieron a la medida, la Comisión de Garantías Confederal emitió un informe que avalaba la actuación del sindicato madrileño y señalaba incumplimientos por parte de la territorial. Apenas un día después, el 18 de enero, una plenaria del Comité Confederal en Torrejón de Ardoz confirmó la desfederación solicitada. La pregunta resulta inevitable: ¿qué eficacia real tienen las garantías orgánicas cuando un dictamen de esa naturaleza no impide la medida discutida?
El desenlace administrativo llegó en noviembre de 2024, cuando la desvinculación fue publicada en el Boletín Oficial del Estado tras la tramitación promovida por Miguel Fadrique, secretario general del Secretariado Permanente confederal. Esa publicación da constancia de la decisión y de su recorrido registral; no resuelve por sí sola la controversia sobre su legitimidad interna. Para quienes padecieron la desfederación, el resultado fue la salida de una estructura que consideraban legítima y de miles de afiliados que, sostienen, no habían hecho nada para merecerla.
La cronología importa por otro motivo. Cuando llegó el Congreso de octubre de 2026, el sindicato original llevaba aproximadamente dos años apartado de la Confederación. Su entorno había sido crítico con la gestión de Miguel Fadrique, secretario general desde junio de 2022. Según las estimaciones difundidas por ese sector, de haber seguido integrado podría haber tenido un peso superior a cincuenta votos en los comicios. No equivale a saber cómo habrían votado esas delegaciones, pero sí muestra la magnitud política de la exclusión denunciada.
Octubre de 2026: dos realidades bajo un nombre parecido
El 1 de octubre comenzó en Parla el XX Congreso. La admisión de delegaciones quedó en manos de la organización congresual y de su Comisión de Credenciales. En las críticas a su funcionamiento aparece el nombre de José Antonio García de Merlo, relacionado por el sector desfederado con el proceso previo de Transportes Madrid. Precisamente por la gravedad de las discrepancias, sería necesario hacer públicos los criterios usados para admitir o rechazar credenciales, así como la documentación que respalda cada decisión.
También se ha señalado la presencia en actividades congresuales de Miguel Ángel Movilla Lobo, director de Rojo y Negro. Sobre su línea editorial existe una controversia anterior: sectores críticos reprochan al periódico haber dado espacio a posiciones que cuestionan la exclusión de miembros de cuerpos policiales o que defienden determinadas reivindicaciones de colectivos de seguridad. En ese debate se han mencionado asimismo iniciativas de apoyo y recaudación relacionadas con guardias civiles en Granada. Son cuestiones que merecen discutirse con las publicaciones y convocatorias delante, sin transformar una discrepancia ideológica en una imputación personal.
Volviendo a la imagen, lo relevante es que la cartulina de «St. C.C. Madrid» evidencia una acreditación del Congreso. La interpretación que sostiene el sector crítico es que corresponde a la organización de Transportes Madrid reconocida después de la desfederación, no al sindicato original apartado en 2024. De ser así, la imagen no serviría para desacreditar a quienes denunciaban que se les impidió entrar. La identificación definitiva exige examinar el censo oficial y las decisiones de la Comisión de Credenciales.
La acusación de que esa persona demostraría una supuesta infiltración del sector contrario invierte, según esta lectura, el sentido de los hechos. Quienes estaban excluidos no podían obtener las mismas credenciales que las delegaciones admitidas. La confusión interesada entre una estructura desfederada y otra posteriormente reconocida no se despeja repitiendo consignas: se despeja enseñando los documentos. Si la polémica se pretende cerrar, que la organización explique exactamente a quién acreditó y bajo qué denominación.
Un resultado congresual que no borra las preguntas
Las cifras de la elección a la Secretaría General también forman parte de este contexto. Miguel Fadrique obtuvo 689 votos y Nuria Negro 639: cincuenta votos de diferencia. Según los datos divulgados por el sector crítico, la candidatura de Negro logró el respaldo de 90 sindicatos, aunque la lista continuista reunió más votos. El resultado proclamado debe reconocerse como tal, pero su existencia no vuelve irrelevantes los conflictos que precedieron a la votación.
La estimación de que Transportes Madrid habría aportado más de cincuenta votos no permite adjudicárselos retrospectivamente a ninguna candidatura. Esa deducción sería incorrecta. La cuestión es distinta: ¿qué consecuencias tuvo para la composición del Congreso que una organización con más de 5.500 personas afiliadas, según el sector desfederado, hubiera quedado fuera de CGT? ¿Hasta qué punto se han explicado a esas personas las razones y las garantías de la decisión? Las cifras no anulan esas preguntas.
El debate no debería desviarse hacia una fotografía
Es razonable cuestionar la exhibición de símbolos asociados a la Guardia Civil en una cita anarcosindicalista. También resulta legítimo objetar que se haya promovido dentro de CGT un acercamiento a colectivos policiales o que, en otros debates, se hayan defendido posiciones sobre el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) que algunas militantes consideran incompatibles con sus principios. Pero ningún símbolo autoriza a atribuir todas esas posturas a la persona de la fotografía ni a utilizarla para responsabilizar al sindicato desfederado sin demostrar el vínculo.
La cuestión de fondo sigue siendo la misma: una acreditación concedida en Parla no puede utilizarse, sin más comprobación, como prueba contra quienes aseguran que fueron privados del derecho a acreditarse. Si la delegación de la imagen pertenecía a la nueva estructura reconocida por el sector confederal mayoritario, debe poder constatarse en los registros. Publicar el censo y los acuerdos aclararía mucho más que cualquier discusión en redes sociales.
Hablar de los conflictos internos no equivale a perjudicar a CGT
Quienes han cuestionado públicamente lo ocurrido describen semanas de insinuaciones, reproches e insultos en redes sociales. Con frecuencia reciben la exigencia de resolverlo todo en privado, de no mostrar las divisiones o de «lavar los trapos sucios en casa». Ese argumento pierde fuerza cuando quienes lo plantean disponen de canales oficiales para difundir su versión mientras otras personas sostienen que se les ha negado la palabra en los espacios donde debían ser escuchadas.
Una organización de democracia directa no debería confundir discreción con obediencia. La transparencia no es cómoda solo cuando las decisiones cuentan con respaldo mayoritario; se vuelve especialmente necesaria cuando hay una ruptura, expulsiones discutidas, informes de garantías controvertidos y denuncias sobre las acreditaciones de un congreso. Pedir que se investiguen estos hechos no es una agresión al anarcosindicalismo. Es exigir coherencia con sus principios.
Lo deseable sería que la energía gastada en reprochar a la militancia que hable de sus problemas se dedicara a contrastar documentos, responder a las denuncias y reparar las injusticias que puedan acreditarse. Quienes consideran haber sido apartados de la vida confederal tienen derecho a expresar su experiencia sin que se les imponga el silencio como condición para demostrar lealtad. Una fotografía puede circular durante unos días; la responsabilidad de explicar qué ocurrió con Transportes Madrid seguirá pendiente mientras no haya respuestas claras.
La discrepancia puede doler y las derrotas orgánicas pueden asumirse. Lo que no debería aceptarse es que se reescriba lo sucedido mediante una imagen aislada o que se confunda la defensa de una organización con la renuncia a criticarla. La CGT no se hace más fuerte ocultando sus conflictos, sino garantizando que nadie pueda usar sus procedimientos para evitar rendir cuentas.
Por Aurelio Martínez
