El segundo aniversario de las inundaciones del 29 de octubre de 2024 reúne homenajes a las víctimas y nuevas exigencias de responsabilidades. Asociaciones de afectados y colectivos vecinales, agrarios y ecologistas reclaman que la reconstrucción no se limite a reparar infraestructuras, sino que garantice viviendas seguras, servicios públicos, empleo digno y prevención ante futuras emergencias.
Dos años después de la DANA que devastó decenas de municipios valencianos, Paiporta, Catarroja, Benetússer, Massanassa, Aldaia y otras localidades continúan conviviendo con las consecuencias de la catástrofe. El recuerdo de las personas fallecidas y desaparecidas sigue presente en los hogares, los barrios y las movilizaciones de sus familias.
La tragedia dejó 233 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Miles de familias perdieron viviendas, vehículos, negocios o medios de vida. Aunque buena parte de las calles y comercios recuperaron su actividad, la recuperación no ha significado lo mismo para todas las personas afectadas.
Una reconstrucción que no repita los errores
Diecisiete organizaciones valencianas han suscrito un manifiesto que reclama pasar de una reconstrucción centrada en el hormigón a una respuesta con justicia social, ambiental y agroecológica. Las entidades piden revisar la ordenación del territorio, evitar nuevos desarrollos en zonas inundables, recuperar espacios naturales y proteger la huerta valenciana.
También plantean renaturalizar cauces y riberas, mejorar la información sobre el riesgo y revisar los planes municipales de emergencia. Argumentan que reparar los daños sin corregir la exposición de barrios e infraestructuras dejaría a la población ante peligros similares en futuras lluvias extremas.
La vivienda y los servicios públicos siguen en el centro
La recuperación de las viviendas dañadas continúa planteando dificultades distintas para propietarias, inquilinas y familias con menos recursos. Los colectivos sociales reclaman reforzar el parque público de vivienda, facilitar alquileres asequibles y adaptar los edificios a los riesgos de inundación, sin convertir la reconstrucción en una oportunidad de especulación.
La seguridad de colegios, centros sanitarios, residencias y otros equipamientos también forma parte de las reivindicaciones. Las entidades proponen revisar su ubicación, adecuar las instalaciones y preparar protocolos de aviso y evacuación accesibles, especialmente para menores, personas mayores y población con movilidad reducida.
La reconstrucción también afecta a quienes trabajan
La DANA paralizó talleres, comercios, polígonos industriales y explotaciones agrícolas. Muchos trabajadores no pudieron acudir a sus centros de trabajo, perdieron ingresos o tuvieron que afrontar una prolongada incertidumbre laboral. A ello se sumaron los riesgos de las tareas de limpieza: barro contaminado, aguas residuales, peligros eléctricos, productos químicos y esfuerzos físicos intensos.
Las organizaciones reclaman que los fondos destinados a la recuperación se traduzcan también en contratación estable, servicios municipales reforzados y condiciones seguras en las obras. En el ámbito agrario, piden recursos para reparar explotaciones, recuperar suelos productivos y sostener las actividades de las familias agricultoras.
Verdad, justicia y responsabilidades
Las asociaciones de víctimas mantienen sus demandas de esclarecimiento sobre la gestión de la emergencia, el funcionamiento de los sistemas de alerta y las decisiones administrativas adoptadas el 29 de octubre de 2024. Para las familias, rendir homenaje a quienes murieron debe ir acompañado de investigaciones rigurosas y medidas que impidan la repetición de una tragedia semejante.
El segundo aniversario incluye actos de recuerdo y movilizaciones en los municipios afectados y en València. Los colectivos vecinales insisten en que la ciudadanía debe participar en las decisiones sobre las inversiones, la movilidad, el territorio y los sistemas de prevención. La respuesta solidaria que se organizó durante los primeros días de la emergencia continúa siendo una referencia para esos espacios comunitarios.
Dos años después, una exigencia de futuro
La rehabilitación de calles y edificios ha avanzado, pero las demandas de las víctimas, la protección del territorio y las necesidades sociales siguen abiertas. Las organizaciones sostienen que los proyectos de reconstrucción deben tener seguimiento público, plazos claros y una distribución equitativa de los recursos.
Recordar a las víctimas de la DANA significa también preguntarse qué se ha hecho para reducir los riesgos y qué queda pendiente. La reconstrucción será verdaderamente justa si mejora la seguridad y las condiciones de vida de quienes habitan y trabajan en las comarcas afectadas.
