El 26 de octubre de 1933 terminó la gran huelga de los recolectores de algodón del valle de San Joaquín, en California. Durante veinticuatro días, entre 15.000 y 18.000 trabajadores agrícolas —la inmensa mayoría mexicanos, junto a filipinos, afroamericanos y blancos empobrecidos— paralizaron una extensa región algodonera. Consiguieron elevar el precio de la cosecha, pero pagaron aquella mejora con desalojos, detenciones, listas negras y tres muertos a manos de propietarios y vigilantes armados.
Sesenta centavos por cien libras
La Gran Depresión había convertido el trabajo agrícola migrante en una lucha diaria por la supervivencia. Los grandes productores atraían más mano de obra de la necesaria y aprovechaban el hambre para reducir los jornales. En tres años, el pago de los recolectores había caído alrededor de un 75%, mientras el precio del algodón volvía a subir. Para recoger cien libras —más de 45 kilos—, los patronos ofrecían apenas 60 centavos.
La Cannery and Agricultural Workers’ Industrial Union, un sindicato agrícola vinculado a la izquierda comunista, reclamó un dólar por cada cien libras, reconocimiento sindical, contratación a través de la organización obrera y el fin de las represalias. El 4 de octubre, unos 5.000 trabajadores reunidos en Corcoran votaron la huelga. El paro se propagó rápidamente por más de 180 kilómetros, desde Kern y Tulare hasta Fresno, Madera y Merced.
Una huelga de familias migrantes
La fuerza del movimiento no se limitó a quienes entraban en los campos. Familias enteras abandonaron los campamentos de las explotaciones, muchas veces expulsadas por los propietarios, y levantaron asentamientos de huelga donde se organizaban cocinas, asistencia y reuniones. Las mujeres participaron en los piquetes, en las marchas por las carreteras y en la supervivencia cotidiana de una movilización que carecía de un fondo sindical capaz de sostener durante semanas a miles de personas.
Los huelguistas recorrieron las plantaciones en caravanas para convencer a otros trabajadores de que dejaran de recoger algodón. Los productores respondieron contratando esquiroles, armando a vigilantes y recurriendo a las autoridades locales. En diversos condados, propietarios y empleados de las fincas fueron nombrados ayudantes del sheriff; las fuerzas policiales permitieron desalojos, detenciones de organizadores y ataques contra los piquetes.
Los asesinatos de Pixley y Arvin
La violencia alcanzó su punto más grave el 10 de octubre. En Pixley, decenas de hombres armados rodearon una reunión de huelguistas y sus familias frente al local sindical. Los disparos mataron al recolector Dolores Hernández y a Delfino Dávila, representante consular mexicano que había acudido para observar la situación de sus compatriotas; al menos otras ocho personas resultaron heridas. Ese mismo día, unos 110 kilómetros al sur, el jornalero Pedro Subia fue asesinado durante otro enfrentamiento provocado por hombres armados en Arvin.
Los funerales se convirtieron en manifestaciones masivas de duelo y resistencia. La matanza rompió el silencio de buena parte de la prensa y provocó protestas diplomáticas de México. También dejó al descubierto la alianza entre los grandes cultivadores y unas autoridades que trataban a la mano de obra migrante como una población sin derechos. Los rancheros procesados por los asesinatos terminarían absueltos.
El acuerdo del 26 de octubre
La indignación pública obligó a intervenir a mediadores estatales y federales. Una comisión recomendó pagar 75 centavos por cada cien libras de algodón: más que los 60 ofrecidos al comienzo, pero menos del dólar exigido por los trabajadores. Los propietarios aceptaron la cifra el 25 de octubre. La dirección sindical intentó elevarla a 80 centavos y obtener reconocimiento formal, pero fue amenazada con la retirada de las ayudas de emergencia destinadas a las familias en huelga.
Aunque numerosos trabajadores querían continuar, el 26 de octubre el sindicato aceptó el compromiso y llamó a regresar a los campos. La huelga había arrancado una subida salarial del 25%, pero no conquistó el reconocimiento sindical ni acabó con la persecución. Sus principales organizadores fueron detenidos, golpeados o expulsados de la zona, y muchos participantes quedaron marcados por las listas negras patronales.
La huelga algodonera de 1933 fue la mayor movilización agrícola conocida hasta entonces en California. Demostró que los trabajadores migrantes, excluidos de buena parte de la legislación laboral y sometidos al racismo institucional, podían organizar una paralización a gran escala. Décadas antes de César Chávez, Dolores Huerta y la United Farm Workers, los campos de San Joaquín ya habían visto nacer una fuerza obrera multirracial que convirtió el aislamiento de cada cuadrilla en una lucha común.
