CGT y CCOO han advertido este jueves, 22 de octubre, de que el transporte sanitario de Castilla y León puede entrar en una nueva fase de movilizaciones si no llega una propuesta capaz de desbloquear el conflicto laboral. Los sindicatos reclaman respuestas para las plantillas de un servicio esencial que funciona a través de contratos con empresas privadas y cuya situación salarial, laboral y organizativa arrastra protestas desde hace meses.
El anuncio, recogido por Europa Press, devuelve la negociación al centro de un conflicto que afecta a los profesionales que realizan traslados programados y servicios urgentes de ambulancia. La advertencia supone un emplazamiento a negociar, no la confirmación de una nueva huelga con fecha fijada. Mientras no se concrete un calendario, la convocatoria de movilizaciones continúa condicionada a que no exista una propuesta suficiente.
La protesta tiene antecedentes recientes. El 11 de febrero, coincidiendo con el Día Europeo del 112, alrededor de un millar de profesionales del transporte sanitario y los servicios de emergencias se manifestaron en Valladolid para exigir mejores condiciones laborales y que la Junta no prorrogara el contrato vigente con la concesionaria. Aquella movilización reunió a personal de distintas provincias y puso el foco tanto en los salarios como en el modelo de gestión de un servicio financiado con fondos públicos.
En esa jornada, representantes de CGT denunciaron que las retribuciones de parte de la plantilla no reflejaban la responsabilidad del trabajo y reclamaron el cumplimiento efectivo de las condiciones previstas en los pliegos de contratación. El sector también había señalado problemas de prevención de riesgos, falta de personal y el estado de algunos vehículos utilizados para trasladar pacientes a tratamientos, consultas y urgencias. Se trata de denuncias sindicales que requieren comprobación administrativa y no de incumplimientos ya declarados judicialmente.
Una de las reclamaciones reiteradas es que los pliegos de los contratos públicos se cumplan realmente. Los sindicatos cuestionan que las condiciones económicas y materiales comprometidas por las adjudicatarias se traduzcan siempre en recursos suficientes para el trabajo diario. En febrero, portavoces de la movilización pidieron mayor supervisión de la Junta y abrieron el debate sobre recuperar la gestión directa del servicio, una propuesta sindical que no debe confundirse con una decisión adoptada por el Gobierno autonómico.
El desgaste se extiende a la atención que recibe la población. Los desplazamientos a diálisis, tratamientos oncológicos y centros de urgencias dependen de una red de ambulancias cuyos conductores y técnicos trabajan en horarios exigentes y con necesidades de mantenimiento y cobertura constantes. Para los representantes laborales, garantizar recursos humanos y materiales adecuados es una condición para prestar un servicio seguro; desde la perspectiva de las administraciones, cualquier cambio en la contratación y organización del transporte requiere decisiones presupuestarias y operativas que todavía están en discusión.
CGT ya había mantenido su intención de continuar con las protestas durante 2026. La Coordinadora del Transporte Sanitario de Castilla y León anunció meses atrás que reorganizaba su calendario para desvincular el conflicto del período electoral autonómico, sin abandonar las exigencias sobre salarios, seguridad laboral y cumplimiento de los contratos. El aviso conjunto con CCOO de este 22 de octubre señala que las diferencias siguen sin resolverse.
Por ahora, el siguiente paso depende de que exista una propuesta de negociación y de la respuesta de las organizaciones sindicales. No consta, en la información contrastada para esta edición, un acuerdo definitivo ni una fecha cerrada para una nueva huelga. La reclamación de fondo permanece: que las empresas adjudicatarias y la administración responsable den una salida verificable a las condiciones denunciadas por las plantillas, y que la atención sanitaria no dependa de prolongar indefinidamente un conflicto laboral.
