Una crisis anunciada en los telares de Alcoi
En 1964, cientos de familias de Alcoi vivían pendientes de las decisiones que se tomaban en las fábricas textiles. La caída de los pedidos y los cierres amenazaban empleos que, en muchos casos, habían pasado de una generación a otra. Algunos trabajadores comenzaron entonces a plantearse una salida poco habitual: adquirir y gestionar colectivamente las empresas en las que trabajaban. La iniciativa surgía veinticinco años después de que el franquismo desmantelara las industrias socializadas durante la Guerra Civil, aunque esta vez las cooperativas nacerían en un marco político y legal muy diferente.
La crisis no apareció de repente. La política autárquica de la dictadura franquista había sometido durante años a la industria a cupos de materias primas, restricciones de energía, controles administrativos y un mercado interior protegido. Esas condiciones dificultaron la renovación de las instalaciones. Muchas fábricas conservaron las antiguas selfactinas de hilar y telares mecánicos cuando ya existían equipos continuos y automáticos capaces de producir con mayor rapidez. La apertura económica de finales de los años cincuenta y el Plan de Estabilización de 1959 hicieron más visible el retraso acumulado.
En 1962 y 1963 comenzaron a caer los pedidos. La respuesta de diferentes empresas fue reducir turnos, recortar jornadas o suspender la actividad. El historiador Luis Carlos San José Belda, que ha estudiado la documentación empresarial conservada, sitúa en esos años el punto de no retorno de la industria tradicional alcoyana. Los problemas no eran únicamente de ventas: se juntaban falta de inversión, tecnologías envejecidas y dificultades para adaptar la producción a la demanda de tejidos nuevos y de mayor calidad.
El deterioro afectó a una ciudad entera. La investigación sobre el movimiento obrero alcoyano contabiliza el cierre de 57 empresas y la pérdida de casi 1.500 puestos de trabajo entre 1963 y 1968. No todas esas clausuras ocurrieron en 1964 ni todos los afectados fundaron cooperativas, pero las cifras sitúan la dimensión social de la crisis. Detrás de cada cierre había familias que dependían de la nómina, oficios aprendidos durante años y barrios cuya vida se organizaba alrededor de la entrada y salida de las fábricas.
Los trabajadores se convierten en socios para conservar su empleo
En ese escenario surgió una respuesta que recuperaba una parte de la tradición cooperativa local: asumir colectivamente la empresa que amenazaba con desaparecer. La investigación de San José Belda documenta que durante 1964 volvieron a promoverse cooperativas industriales textiles formadas por antiguos trabajadores de empresas en crisis. No se trataba de grandes inversiones llegadas del exterior. En numerosos casos eran las propias plantillas las que debían encontrar los recursos necesarios para adquirir o mantener las instalaciones y continuar trabajando.
La prensa de la época ofrece una referencia concreta. El 6 de marzo de 1965, el diario Información publicó la concesión de un préstamo a una cooperativa obrera alcoyana integrada por 165 socios para comprar la fábrica en la que trabajaban. La cifra permite imaginar la escala de aquellas decisiones: 165 personas convertidas en copropietarias de la actividad de la que dependía su salario, con la responsabilidad de organizarla y hacer frente a sus deudas.
Las operaciones podían exigir sacrificios inmediatos. Según la documentación analizada por San José Belda, trabajadores de empresas que cerraban renunciaron a cobrar cantidades que se les adeudaban y aportaron ahorros para financiar el traspaso de la actividad. Es importante no presentar ese esfuerzo como una elección realizada en condiciones ideales. La alternativa real era, a menudo, perder el empleo en un territorio donde el textil concentraba gran parte de las oportunidades laborales.
La cooperativa cambiaba el lugar de los trabajadores dentro de la empresa, pero no borraba los problemas de la fábrica. Había que organizar la dirección, comprar materias primas, pagar la energía, mantener la maquinaria, buscar pedidos y distribuir retribuciones sin disponer necesariamente del capital suficiente para modernizar el negocio. A diferencia de la empresa patronal, los socios debían decidir sobre un patrimonio y una actividad comunes. Sin embargo, tampoco podían escapar por voluntad propia a las exigencias del mercado ni a la política económica de la dictadura.
Aquella decisión no les libró de las obligaciones económicas. Los socios tenían que comprar materias primas, mantener la maquinaria, conseguir pedidos, pagar la electricidad y decidir cómo organizar el trabajo. Para muchos significó aprender tareas de gestión que hasta entonces correspondían a los propietarios. El objetivo inmediato era conservar los empleos, pero la supervivencia dependía también de modernizar unas instalaciones que llevaban años perdiendo competitividad.
Créditos públicos, control sindical y contradicciones del franquismo
El régimen franquista había prohibido los sindicatos libres y perseguido a quienes participaron en la organización obrera republicana. En los años sesenta, sin embargo, su propia administración facilitó fórmulas de cooperación entre trabajadores para impedir que algunas fábricas en crisis cerraran definitivamente. Esta contradicción es una de las cuestiones centrales del estudio de San José Belda: la dictadura aceptaba y supervisaba cooperativas que podían servir para contener el desempleo, pero sin admitir la autonomía sindical que había caracterizado a otras formas de organización obrera.
El respaldo financiero llegó a través de mecanismos oficiales, especialmente del Fondo Nacional de Protección al Trabajo y de la Obra de Cooperación. Las ayudas no eliminaron el endeudamiento: eran préstamos que las sociedades debían devolver con la actividad de unas fábricas que ya atravesaban dificultades. La prensa aporta ejemplos fechados. En octubre de 1966 se informó de la entrega de 3.350.000 pesetas a una cooperativa de obreros textiles de Alcoi. En noviembre de 1970 apareció otra noticia sobre un préstamo de dos millones de pesetas a una cooperativa industrial local. Y en abril de 1974 se concedieron cuatro millones para adquirir maquinaria y aumentar la producción de una cooperativa textil.
Los cambios laborales también formaban parte del contexto. El convenio colectivo de 1962 reconoció mejoras que incluían complementos retributivos, prestaciones por enfermedad y accidente y determinadas gratificaciones. Algunos empresarios alegaron que el aumento de costes hacía insostenibles los negocios tradicionales. Sin embargo, atribuir los cierres a las mejoras salariales ocultaría buena parte del problema: los propios estudios históricos señalan las consecuencias de décadas de atraso tecnológico, escasa capitalización y decisiones empresariales que habían aplazado la modernización.
Los socios cooperativistas tuvieron que asumir, por tanto, una tarea que desbordaba la mera conservación del puesto de trabajo. Se trataba de adaptar la producción y sobrevivir en un mercado que dejaba atrás parte de la pañería clásica, los tejidos de recuperación y las técnicas menos eficientes. La estructura industrial alcoyana comenzaba a orientarse hacia los textiles para el hogar y otras líneas de producción, un cambio que transformaría la economía local durante las décadas siguientes.
Conseguir que una fábrica continuara abierta era solo el primer paso. Los trabajadores de las cooperativas se enfrentaban a deudas, maquinaria anticuada y cambios en la demanda. El sector alcoyano avanzaba hacia nuevas líneas de producción, entre ellas los textiles para el hogar, y no todos los establecimientos pudieron adaptarse al mismo ritmo.
La experiencia tuvo nombres y cuentas concretas. Luis Carlos San José Belda documenta la Cooperativa Industrial Textil Fàbrica d’Escaló y recoge las reflexiones de su presidente, Antonio Palacios, sobre las posibilidades y límites de la gestión cooperativa. La prensa también registró dificultades posteriores: el diario Información informó el 30 de septiembre de 1975 de pérdidas de dos millones de pesetas en una cooperativa textil de Alcoi. Estos casos muestran que salvar una fábrica no equivalía a asegurar su viabilidad: los nuevos socios heredaban equipos envejecidos y debían afrontar inversiones, compra de materiales, deudas y búsqueda de clientes. Era una respuesta colectiva con riesgos económicos reales, no una solución automática a la crisis industrial.
Una historia colectiva entre dos épocas
En Alcoi, la experiencia de 1964 tenía un antecedente inevitable: las industrias socializadas de 1936 a 1939. Durante la Guerra Civil, el Sindicato de la Industria Textil y Fabril, vinculado mayoritariamente a la CNT, había coordinado más de un centenar de fábricas familiares. Aquella organización había tratado de mantener la producción y reorganizar el trabajo en plena guerra. La dictadura restauró después la propiedad patronal y eliminó las estructuras sindicales independientes. Un cuarto de siglo más tarde, nuevas generaciones de trabajadores volvían a participar directamente en la propiedad y administración de empresas, aunque bajo un contexto político completamente distinto.
La comparación ayuda a comprender tanto la continuidad como las diferencias. En 1936 la socialización formó parte de un proceso revolucionario impulsado por organizaciones obreras en un territorio republicano. En 1964 las cooperativas nacieron dentro de la legalidad de una dictadura, a menudo para absorber el cierre de empresas y evitar despidos. Unas transformaron la organización de toda una rama industrial; las otras intentaron salvar establecimientos concretos. Compartían una idea práctica: la producción podía continuar con participación directa de quienes trabajaban en ella.
La Cooperativa Industrial Textil Fàbrica d’Escaló ofrece un ejemplo concreto. El historiador Luis Carlos San José Belda recoge el testimonio de su presidente, Antonio Palacios, sobre las posibilidades y los límites de aquella fórmula. En otros casos, los resultados fueron adversos: el diario Información informó el 30 de septiembre de 1975 de pérdidas de dos millones de pesetas en una cooperativa textil alcoyana. El cooperativismo permitió intentar la continuidad de empresas amenazadas, pero sus socios siguieron expuestos a los costes de financiación, las necesidades de inversión y las oscilaciones del mercado.
Las cooperativas de 1964 merecen ser recordadas por lo que realmente fueron, sin convertirlas en una victoria absoluta ni reducirlas a una operación económica del régimen. Grupos de trabajadores pusieron ahorros, derechos pendientes de cobro y conocimientos profesionales al servicio de una actividad que daba sustento a sus familias. Algunos lograron continuar, otros afrontaron nuevas crisis y sus resultados fueron desiguales. Su esfuerzo demuestra que la historia del trabajo no está hecha solo de huelgas y cierres, sino también de iniciativas colectivas para evitar que desaparezcan fábricas, oficios y comunidades enteras.
Fuentes consultadas: Luis Carlos San José Belda, «Las cooperativas industriales textiles: una respuesta obrera durante la autarquía», Historia Actual Online, n.º 53 (2020), pp. 21-30; Rosa María Jordá Borrell, «Alcoy: la crisis textil de 1965 y sus repercusiones», Cuadernos de Geografía, n.º 18 (1976), pp. 27-36; «La reconstrucció del moviment obrer valencià. El cas d’Alcoi (3)», elDiario.es; diario Información, 6 de marzo de 1965, 25 de octubre de 1966, 6 de noviembre de 1970 y 20 de abril de 1974; Joaquim Cuevas Casaña, Lina Gálvez Muñoz y Lluís Torró Gil, «¿Es posible una organización empresarial anarquista?», Disjuntiva (2019).
