Redacción. 16 de octubre de 2026. Una parte importante de la población que vive por debajo del umbral de pobreza dedica una proporción de sus ingresos que resulta difícil de sostener únicamente a conservar su vivienda. Según los datos del XVI Informe El Estado de la Pobreza, presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES), el 28,3 % de las personas en situación de pobreza gasta más del 40 % de sus ingresos disponibles en vivienda. El dato resume una contradicción que atraviesa la vida cotidiana: incluso cuando se consigue pagar el alquiler o los recibos, puede no quedar dinero suficiente para cubrir el resto de las necesidades básicas.
La cifra, cercana a tres de cada diez personas pobres, no describe al conjunto de la población española. Es un indicador específico de sobreesfuerzo residencial entre quienes ya se encuentran bajo el umbral de pobreza. Para el conjunto de la población, el porcentaje de personas cuyos hogares superan ese 40 % de gasto es del 7,2 %. Detrás de ambas cifras hay realidades muy distintas: el esfuerzo que supone un mismo recibo depende del dinero que entra en casa y de cuántas personas necesitan vivir de esos ingresos.
El alquiler castiga con más fuerza a quienes menos tienen
La situación se agrava entre la población pobre que vive de alquiler a precio de mercado. En ese grupo, el 56 % dedica más del 40 % de sus ingresos a los gastos de vivienda, según el informe correspondiente a 2025. Es decir, más de la mitad de quienes combinan bajos recursos y alquiler de mercado se encuentran por encima del umbral de sobreesfuerzo que utilizan los organismos estadísticos. En estas condiciones, una subida de renta, una factura extraordinaria o una reducción de jornada puede desestabilizar un presupuesto doméstico ya muy ajustado.
El problema no se limita a las personas que ya figuran oficialmente como pobres. El 43,6 % de quienes viven de alquiler a precio de mercado está en riesgo de pobreza o exclusión social, medido mediante la tasa AROPE. Este indicador es más amplio que la pobreza monetaria: incluye situaciones de carencia material y social severa y de muy baja intensidad laboral en el hogar. Por eso conviene no confundir ambos porcentajes: uno mide cuánto esfuerzo económico hace la población pobre que alquila; el otro, qué parte de todos los inquilinos de mercado se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión.
La presión sobre los hogares no es nueva, pero se ha acumulado durante años. EAPN calcula que desde 2014 el precio medio del alquiler ha aumentado un 43,8 %, mientras que las rentas reales por persona han crecido un 20,3 %. La distancia entre esas dos evoluciones ayuda a explicar por qué tener trabajo o recibir una mejora salarial no garantiza poder acceder a una vivienda sin renunciar a otros gastos esenciales. Para una persona que cobra un sueldo modesto, el incremento del alquiler puede absorber de golpe lo que se ha negociado durante meses en el convenio. Para medir cómo ha evolucionado el salario frente a los precios, se puede utilizar nuestra calculadora de poder adquisitivo.
València: 1,7 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión
El informe sitúa a la Comunitat Valenciana entre las seis comunidades autónomas con una tasa de pobreza y exclusión superior a la media del Estado. La tasa AROPE valenciana llega al 30,7 % de la población, cerca de 1,7 millones de personas, frente al 25,7 % estatal. El dato no significa que todas esas personas tengan ingresos bajo el umbral de pobreza monetaria: señala el conjunto de situaciones recogidas por el indicador de riesgo de pobreza o exclusión. La diferencia de cinco puntos respecto al promedio español muestra que la vulnerabilidad no se reparte por igual entre territorios.
En todo el país, EAPN contabiliza 12,6 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y una tasa de pobreza monetaria del 19,5 %. Las diferencias territoriales son grandes: Andalucía alcanza una tasa AROPE del 34,7 %, Castilla-La Mancha del 34 % y Murcia del 32,5 %, mientras que Euskadi registra un 14,7 %. Sin embargo, estar en una comunidad de renta más elevada no impide encontrar dificultades para mantener una vivienda. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, presenta una tasa AROPE del 19,4 %, pero tiene el mayor porcentaje de población sometida a sobreesfuerzo residencial, un 9,9 %.
Cuando pagar la vivienda significa aplazar todo lo demás
Los gastos de vivienda no son únicamente la mensualidad del alquiler o los pagos relacionados con una hipoteca. Las estadísticas sobre esfuerzo residencial incluyen otros costes necesarios para mantener la casa, entre ellos suministros y determinados gastos asociados. Por eso la carga económica puede seguir aumentando incluso si el importe principal no cambia. Luz, agua, calefacción y comunidad compiten con alimentación, transporte y medicamentos dentro de un presupuesto que no crece al mismo ritmo.
La investigación recoge que el 10,6 % de la población española presenta retrasos en pagos relacionados con el alquiler o la hipoteca. Ese dato no permite atribuir todos los impagos a una misma causa ni describir por sí solo la situación de cada familia. Sí muestra que una parte de los hogares carece del margen económico suficiente para atender sus obligaciones sin dificultad. La pobreza energética, las dificultades para mantener una temperatura adecuada y la incertidumbre ante la renovación de un contrato son otras manifestaciones de esa inseguridad residencial.
En el mundo laboral, el efecto tiene una traducción inmediata. Dos personas con el mismo salario pueden disponer de cantidades muy diferentes al terminar el mes dependiendo de si tienen una vivienda pagada, una hipoteca antigua o deben asumir un alquiler actualizado a precios de mercado. Si para trabajar hay que vivir lejos y gastar más en desplazamientos, la presión se multiplica. La precariedad no termina al salir del centro de trabajo; continúa en la cuenta bancaria y en la negociación mensual para mantener un techo. La herramienta Vivienda y salario permite calcular qué porcentaje del sueldo se destina cada mes al alquiler o a la hipoteca.
Más vivienda pública y salarios suficientes
EAPN-ES reclama ampliar el parque público de alquiler social, mejorar la estabilidad residencial y reforzar las políticas redistributivas. La entidad considera que las prestaciones sociales reducen de forma significativa la pobreza, pero advierte de sus límites cuando el precio de la vivienda continúa creciendo. Según el informe, en 2025 las transferencias públicas, incluidas las pensiones, redujeron la tasa de pobreza del 41,9 % al 19,5 %. Al mismo tiempo, la organización señala que el 55 % de quienes potencialmente podrían beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital no acceden efectivamente a la prestación.
También insiste en la necesidad de empleos estables y salarios suficientes. El problema no se resuelve únicamente con mejorar un indicador de ocupación si parte de quienes trabajan continúan sin poder afrontar un alquiler. La vivienda se ha convertido en uno de los puntos donde más claramente se cruzan la negociación salarial, el acceso a los servicios públicos y la desigualdad económica.
En vísperas del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra el 17 de octubre, las cifras cuestionan una idea repetida con frecuencia: que basta con administrar mejor el dinero para salir adelante. Cuando más de la mitad de los inquilinos pobres dedica una proporción tan elevada de sus ingresos a su vivienda, el problema no puede explicarse solo por decisiones individuales. Afecta al reparto de los ingresos, al coste de mantener un hogar y a las condiciones materiales en las que vive y trabaja una parte considerable de la población.
Herramientas para entender el coste de la vivienda: puedes calcular qué parte de tu salario se va en vivienda y comprobar cuánto poder adquisitivo has perdido. Son recursos gratuitos de Sindicalismo.org para poner cifras a esta realidad.
