Por Salvador Aguilera. Pensionista.
Cada vez que se acercan unas elecciones, las pensiones vuelven al centro de la disputa política. Unos advierten de riesgos para el sistema público; otros prometen conservarlo mientras cuestionan su financiación. Quienes vivimos de una pensión necesitamos menos consignas y más respuestas verificables. No se trata solo de una cifra en los presupuestos: está en juego cómo se reparten los costes de una sociedad que envejece y qué derechos tendrá quien hoy sigue trabajando.
Una pensión no es una limosna
Las personas que hemos llegado a la jubilación conocemos el valor de una nómina y lo que significa cotizar cada mes durante décadas. Pero una pensión no es una hucha individual de la que uno retira exactamente lo que depositó. El sistema público español es, sobre todo, un pacto de solidaridad entre generaciones. Los trabajadores de hoy financian las prestaciones actuales y las generaciones futuras tendrán derecho a reclamar esa misma garantía. Reducir este compromiso a una columna de gasto es olvidar que hablamos de vivienda, alimentación, calefacción, cuidados y autonomía personal.
La palabra «insostenible» no sustituye a las cuentas
El envejecimiento de la población y las jubilaciones de generaciones numerosas son desafíos reales. Nadie debería negarlos. Lo discutible es convertirlos en una prueba automática de que las prestaciones deban recortarse. Las cuentas dependen también del empleo, los salarios, las bases de cotización, la productividad y las decisiones sobre impuestos y transferencias públicas. Un país puede elegir diferentes combinaciones de ingresos y gastos. Cada una tendrá costes y consecuencias; lo que no cabe es presentar como una fatalidad demográfica decisiones que requieren debate político y presupuestario.
La memoria de 2013 debería pesar más que los titulares
La reforma impulsada bajo el Gobierno de Mariano Rajoy estableció un mecanismo de revalorización que podía limitar las subidas al 0,25 % anual incluso en escenarios de inflación elevada. Quien cobraba una cantidad fija veía reducirse su capacidad de compra cuando la vida se encarecía. También se aprobó un factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida, cuya aplicación fue aplazada y terminó derogada. Son decisiones concretas que permiten juzgar una política sin necesidad de adivinar futuras intenciones. Cuando se habla de proteger las pensiones, importa saber qué fórmula de actualización se propone y qué ocurrirá si aumentan los precios.
Las mejoras recientes no resuelven todas las injusticias
Las reformas posteriores recuperaron la actualización conforme al IPC y reforzaron algunas vías de financiación. Ese avance es significativo, pero no vuelve intocable la política del Gobierno ni convierte en suficiente cualquier prestación. Hay pensiones bajas que apenas permiten hacer frente al alquiler, la alimentación y los suministros. Las carreras laborales interrumpidas por desempleo, cuidados familiares o temporalidad continúan castigando a muchas personas, particularmente a mujeres. Un sistema puede mejorar sus parámetros y seguir dejando atrás a una parte de quienes deberían sentirse protegidos por él.
PP y Vox: exigir compromisos antes que consignas
Las advertencias de sectores del movimiento pensionista ante las posiciones económicas de PP y Vox forman parte de un debate legítimo. Declaraciones que califican el sistema de «insostenible» o auguran problemas graves merecen respuesta, no descalificación automática. También merecen examen las promesas de conservar y revalorizar las prestaciones. Pero una declaración de campaña no equivale a una ley aprobada y una advertencia sobre un posible gobierno no demuestra por sí sola un recorte futuro. Hay que preguntar por escrito qué índice se aplicaría, de dónde saldrían los ingresos, qué ocurriría con las pensiones mínimas, cuál sería el papel de los planes privados y qué medidas se adoptarían para sostener el empleo y las cotizaciones. Esa exigencia de concreción debe dirigirse a todos los partidos.
La privatización no elimina los riesgos: los desplaza
Se habla a menudo de cuentas individuales y ahorro privado como si fuesen una solución universal. Sin embargo, no todos los trabajadores disponen de dinero para ahorrar después de pagar vivienda y gastos básicos. Una persona con contratos discontinuos o salarios bajos puede llegar al final de su vida laboral sin un capital significativo. Los planes financieros, además, están sujetos a rendimientos inciertos y comisiones. Pueden servir como complemento para quien pueda permitírselo, pero no reemplazan por sí solos una garantía colectiva. Antes de trasladar riesgos al individuo habría que explicar quién protegería a quien no puede ahorrar, a quien vive más años de los previstos o a quien sufre una crisis de mercado en el momento de jubilarse.
Enfrentar a jóvenes y mayores es un callejón sin salida
Resulta demasiado cómodo señalar a los pensionistas cuando una persona joven no puede emanciparse. El alquiler desorbitado, la precariedad laboral y los bajos salarios no desaparecen por pagar menos a quien se jubiló. Un mercado de trabajo con mejores sueldos, cotizaciones suficientes y menos empleo irregular ayuda a financiar las pensiones futuras. Por eso la defensa de las prestaciones públicas no debe encerrarse en una cuestión de edad. Las condiciones laborales presentes determinan los derechos sociales de mañana. Nadie gana si una generación acepta que la seguridad de la otra es un obstáculo para su propia dignidad.
La voz de las plazas pensionistas
Las movilizaciones pensionistas de Euskal Herria y de otros territorios han sostenido durante años una reivindicación que va más allá de la actualización anual: pensiones mínimas suficientes, igualdad entre mujeres y hombres, servicios públicos fuertes y condiciones de vida dignas. Algunos colectivos rechazan las propuestas de PP y Vox y, al mismo tiempo, consideran insuficientes las medidas del PSOE. Esa independencia de criterio es importante. La defensa de un derecho no debería convertirse en un cheque en blanco para ningún gobierno. Una organización social conserva credibilidad cuando examina los presupuestos y las reformas por sus resultados, incluso si incomoda a partidos con los que comparte algunas posiciones.
Quién paga, cuánto paga y qué sociedad queremos sostener
Una discusión seria no consiste en asegurar que hay dinero infinito ni en anunciar que la caja inevitablemente se vaciará. Exige transparencia sobre las necesidades futuras y sobre los mecanismos para financiarlas. Hay que hablar del empleo sumergido, los salarios, la aportación del Estado, las políticas de cuidados y el peso real de las prestaciones en los presupuestos. También de cómo se reparte la riqueza producida. Pedir sacrificios solo a quienes viven de una pensión o de una nómina es una decisión distributiva; evitar cualquier reforma, aunque sea necesaria, puede ser otra forma de trasladar problemas a quienes vienen detrás. La responsabilidad empieza por decir quién asumiría cada coste.
Los derechos sociales necesitan vigilancia, no fe
No estoy dispuesto a aceptar que la vejez deba vivirse con miedo a la siguiente reforma ni que defender las pensiones obligue a dejar de hacer preguntas al poder. Las promesas de los partidos importan, pero más importan las leyes, los presupuestos y sus efectos sobre la vida cotidiana. Como pensionista, reivindico una protección pública suficiente, económicamente responsable y abierta al control social. Esa es una discusión que nos corresponde a todos, a quienes ya nos hemos jubilado y a quienes cada mañana siguen entrando a trabajar. La jubilación no debería ser un privilegio reservado a quienes pudieron acumular patrimonio, sino una etapa de la vida protegida por derechos compartidos.
