Antonio Garamendi cobró 403.000 euros brutos como presidente de la CEOE en 2025. Desde esa cómoda posición, la patronal sostiene que una huelga general por la vivienda resulta difícil de justificar porque sus reivindicaciones «no son, en esencia, de naturaleza laboral». Curiosa teoría: el salario sí es laboral, pero lo que nos cuesta conservar un techo con ese salario parece pertenecer a otra dimensión.
Por Sebastián Villazón.
El trabajador de la CEOE no paga alquiler
El argumento patronal parte de una separación bastante artificial. Entramos en la empresa y somos trabajadores; salimos por la puerta y, aparentemente, dejamos de serlo. Si cobramos 1.500 euros y entregamos 800 o 900 al casero, aquello ya sería un asunto privado. Sin embargo, el valor de un salario no depende únicamente de la cifra escrita en la nómina, sino de lo que permite pagar. Un sindicato puede conseguir después de meses de negociación un aumento del 3% y ver cómo una sola subida del alquiler se come completamente esa mejora. Con 403.000 euros anuales quizá vivienda y salario parezcan asuntos diferentes. Con 1.400 al mes la relación se entiende bastante rápido.
Hagamos unas matemáticas peligrosamente sindicales
No hace falta leer a Marx ni a Bakunin. Basta una calculadora. Salario: 1.500 euros. Alquiler: 850. Quedan 650 para electricidad, agua, comida, transporte y el resto de la vida. Después de una negociación colectiva conseguimos un 3%: 45 euros más. El casero aumenta el alquiler 100 euros. Resultado: hemos ganado la negociación salarial y perdido 55 euros de capacidad económica. Pero tranquilos: según la teoría patronal son problemas distintos. El dinero es laboral cuando entra en la cuenta y misteriosamente deja de serlo cuando sale hacia el propietario de la vivienda.
La empresa no fija el alquiler, pero ese no es el debate
Sería absurdo responsabilizar a cada empresario del precio de la vivienda. La CEOE tampoco puede construir vivienda pública ni modificar por sí misma las leyes del alquiler. Esas responsabilidades corresponden principalmente a los poderes públicos. Pero de ahí no se desprende que la vivienda sea ajena al sindicalismo. La cuestión es otra: si aquello que determina las condiciones materiales de vida de millones de trabajadores puede convertirse en motivo de organización y presión colectiva. La historia del movimiento obrero respondió hace mucho tiempo: creó cooperativas para comprar alimentos, mutualidades frente a la enfermedad, cajas de resistencia para aguantar huelgas y organizaciones de inquilinos para defender la vivienda. La clase trabajadora nunca dejó de tener problemas al terminar su jornada laboral.
Una huelga que no molesta no sirve de mucho
La CEOE protesta también porque una huelga por la vivienda trasladaría su coste a las empresas. Es una preocupación comprensible desde los intereses que representa, pero contiene una contradicción: una huelga existe precisamente porque retirar colectivamente el trabajo produce consecuencias económicas. Si todos acudimos normalmente al puesto, producimos normalmente y después nos hacemos una fotografía con una pancarta, habremos organizado una protesta muy respetuosa con la cuenta de resultados. Una huelga que garantiza que nadie pierda dinero y que toda la actividad continúe exactamente igual se parece bastante más a una excursión sindical.
403.000 euros cambian bastante la perspectiva
Garamendi recibió 403.000 euros brutos en 2025 por su responsabilidad al frente de la CEOE, unos 33.583 euros mensuales si simplemente dividimos la cantidad entre doce. Su salario no invalida sus argumentos y está fijado por la organización que preside, pero tampoco es irrelevante cuando se discute sobre el coste de vivir. Para quien cobra 1.300 o 1.500 euros, una subida de 150 euros del alquiler puede significar abandonar un barrio, compartir vivienda o alejarse decenas de kilómetros del trabajo. Para alguien situado en otra escala de ingresos, evidentemente, el impacto es diferente. Las matemáticas son las mismas; lo que cambia mucho es desde dónde se hacen.
La huelga también tendrá que demostrar para qué sirve
La crítica no puede quedarse únicamente en la patronal. Si la huelga por la vivienda termina reducida a una rueda de prensa, una fotografía de secretarios generales y veinticuatro horas de paro convocadas desde arriba, se habrá desperdiciado buena parte de su potencial. Una movilización así necesita asambleas en los centros de trabajo, explicar la relación entre salario y vivienda, involucrar a comités y secciones sindicales y conectar a sindicatos con organizaciones de inquilinos. La mejor respuesta a Garamendi no es otro comunicado: es que cualquier trabajador mire su nómina, mire el recibo del alquiler y haga la cuenta.
Señor Garamendi, el casero también sabe cuándo cobramos
El alquiler no aparece en el convenio colectivo. Tampoco el supermercado, la electricidad o el transporte. Pero todos esperan el mismo dinero: nuestro salario. Por eso separar radicalmente vivienda y trabajo resulta difícil de explicar a quien entrega cada mes la mitad de su nómina para conservar un techo. Trabajamos para cobrar y cobramos para vivir. No parece una teoría revolucionaria.
Quizá desde 403.000 euros al año sea más sencillo pensar que vivienda y salario no tienen nada que ver. Desde abajo, donde cada mes hay que decidir qué queda después de pagar el alquiler, la separación resulta bastante menos evidente.
