Por Severino Martínez.
A las primeras horas del 18 de marzo de 1871, el Gobierno francés envió soldados a Montmartre para arrebatar a la Guardia Nacional los cañones que defendían París. El intento debía ser una operación rápida de desarme. Acabó en una sublevación popular. Mujeres de los barrios, guardias nacionales y vecinos rodearon a las tropas; parte de los soldados se negó a disparar contra la multitud. Aquel día, una ciudad exhausta de hambre y guerra decidió que ya no aceptaría obedecer sin más a los hombres que habían firmado la paz y querían quitarle las armas.
Durante setenta y dos días, hasta el 28 de mayo, París fue escenario de una experiencia política excepcional. No instauró una sociedad sin clases ni consiguió cumplir todas sus promesas. Sufrió desorganización, disputas, decisiones autoritarias y una guerra desesperada. Pero ensayó algo que parecía intolerable para las élites de su tiempo: que los cargos públicos pudieran ser elegidos y revocados, que la administración dejara de ser patrimonio de una casta, que los talleres abandonados pasaran a manos de asociaciones obreras y que la educación escapara del control clerical. La Comuna demostró que incluso en medio de una derrota nacional podía abrirse una lucha por quién tenía derecho a gobernar y para quién debía trabajar la ciudad.
El París que pasó hambre mientras otros negociaban la rendición
La Comuna nació de una crisis nacional. En julio de 1870, el Segundo Imperio de Napoleón III entró en guerra con Prusia y los demás Estados alemanes aliados. La derrota francesa en Sedán, el 2 de septiembre, precipitó la caída del emperador y la proclamación de la República el día 4. Sin embargo, la nueva bandera no detuvo al ejército enemigo ni resolvió las enormes desigualdades que atravesaban la capital. París quedó cercada desde septiembre hasta enero de 1871 y padeció escasez de alimentos, frío y bombardeos.
El sitio convirtió la supervivencia en un conflicto político cotidiano. Los vecinos dependían de raciones, mercados deteriorados y redes de ayuda; miles de hombres encontraron en la Guardia Nacional tanto un instrumento de defensa como una paga imprescindible para sus familias. La derrota militar no borró el sentimiento de que la población había resistido mientras una parte de los dirigentes buscaba un acuerdo con los vencedores. El armisticio del 28 de enero y las condiciones de paz aumentaron la fractura entre una capital predominantemente republicana y una Asamblea Nacional elegida en febrero con fuerte presencia monárquica y conservadora.
Adolphe Thiers, jefe del poder ejecutivo, estableció su centro de poder en Versalles. Su Gobierno puso fin a medidas de emergencia que habían permitido aplazar el pago de alquileres y determinadas deudas comerciales; la reducción de la paga de los guardias nacionales amenazó, además, a numerosos hogares populares. No era una disputa meramente simbólica entre banderas. El alquiler, el jornal y las letras de cambio colocaban a obreros, pequeños comerciantes y artesanos ante el riesgo de perder vivienda, negocio y sustento precisamente cuando la guerra los había arruinado.
18 de marzo: las mujeres de Montmartre y los soldados que no dispararon
Los cañones de la Guardia Nacional, muchos financiados mediante suscripciones populares y situados en distintos puntos de París, representaban el poder armado de una ciudad que desconfiaba de Versalles. En la madrugada del 18 de marzo, Thiers ordenó apoderarse de ellos. La operación fracasó por problemas de transporte, resistencia popular y fraternización de parte de las tropas con los habitantes de Montmartre. Entre las figuras asociadas a aquella jornada estuvieron Louise Michel y otras militantes populares cuya participación no puede reducirse al papel de espectadoras.
Los generales Claude Lecomte y Jacques Léon Clément-Thomas fueron detenidos y fusilados por soldados y guardias amotinados. Sus muertes formaron parte de la violencia de aquel día y no deben confundirse con una decisión formal de un gobierno comunal que todavía no existía. Thiers ordenó evacuar París y el Comité Central de la Guardia Nacional asumió provisionalmente la autoridad municipal. De pronto, las instituciones que parecían eternas habían perdido el control de la capital.
La victoria fue tan inesperada como precaria. Los dirigentes de la Guardia Nacional disponían de una oportunidad militar que no aprovecharon para marchar inmediatamente sobre Versalles. Apostaron por organizar elecciones y obtener legitimidad municipal. Mientras tanto, Thiers reunió tropas, recursos y oficiales leales. La diferencia entre ganar las calles y ganar una guerra se haría insoportablemente clara pocas semanas después.
26 y 28 de marzo: un gobierno nacido de las urnas y de las barricadas
Las elecciones del 26 de marzo dieron lugar al Consejo de la Comuna, proclamada solemnemente el día 28. En aquel órgano coexistieron jacobinos, blanquistas, republicanos radicales, socialistas de distintas tendencias y militantes de la Asociación Internacional de Trabajadores. No fue el gobierno de un partido único ni una organización anarquista homogénea. Tampoco representaba a toda Francia: era la autoridad revolucionaria de una ciudad enfrentada al gobierno nacional.
Entre los protagonistas figuraron Charles Delescluze, antiguo republicano de 1848; Eugène Varlin, trabajador encuadernador y organizador de asociaciones obreras; Léo Frankel, obrero joyero y miembro de la Internacional; Benoît Malon, también vinculado al socialismo obrero; Édouard Vaillant, interesado en la educación; y el pintor Gustave Courbet. Sus experiencias y prioridades divergían. Algunos querían salvar una república radical; otros pensaban que había llegado el momento de transformar las relaciones económicas. La revolución no eliminó esas diferencias: las concentró dentro del Ayuntamiento.
La Declaración al pueblo francés del 19 de abril defendió la autonomía comunal, la elección de funcionarios y la idea de una federación de municipios. En ella se dibujaba una república construida desde abajo, frente a la tradición centralista de la administración francesa. La legitimidad debía descansar en habitantes organizados, no en una burocracia situada por encima de ellos. Su radicalidad residía tanto en el contenido social de algunas medidas como en el intento de alterar el propio funcionamiento del poder público.
El trabajo en el centro: talleres, salarios y dignidad
La Comuna abordó problemas que los gobiernos trataban como asuntos privados entre propietarios y asalariados. Se prohibió el trabajo nocturno de los obreros panaderos, una reivindicación contra jornadas que castigaban el descanso y la salud. La medida no abolió la explotación en toda la industria, pero situó la organización del tiempo de trabajo en el centro de una decisión política. También se discutió la supresión de las oficinas privadas de colocación, intermediarios que podían cobrar a los trabajadores por acceder a un empleo.
El 16 de abril se decretó la formación de comisiones para inventariar talleres abandonados por sus propietarios y preparar su reanudación mediante asociaciones cooperativas obreras. Conviene ser precisos: el decreto no significó que todos los centros de producción de París fueran colectivizados ni que la reorganización industrial estuviera consumada. Fue una iniciativa de enorme alcance potencial, limitada por el tiempo, la escasez y el asedio. Su importancia estaba en cuestionar que la ausencia del dueño condenara inevitablemente a los trabajadores al paro.
Léo Frankel impulsó el área de Trabajo e Intercambio con la perspectiva de una república social. Varlin simbolizó la relación entre sindicatos, cooperativismo y administración popular. El conflicto entre salarios y propiedad salió de las fábricas para instalarse en el programa de gobierno. Si los obreros hacían funcionar los talleres, ¿por qué debía quedar toda la autoridad en manos de quien poseía las máquinas? París no encontró una respuesta definitiva, pero fue capaz de convertir esa pregunta en un decreto y en una práctica organizativa.
Alquileres, deudas y empeños: una revolución en las cuentas de cada casa
La Comuna condonó los alquileres correspondientes a los vencimientos del periodo de sitio, entre octubre de 1870 y abril de 1871, en un intento de proteger a familias y pequeños negocios castigados por la guerra. Adoptó también medidas para aliviar el pago de determinadas deudas y recuperar objetos empeñados de escaso valor en el Monte de Piedad. Para quien había entregado herramientas, ropa o enseres a cambio de unas monedas, recuperar esas pertenencias podía significar volver a trabajar o proteger a su familia.
No todas las decisiones tenían la misma aplicación ni alcanzaron a todos los habitantes. La administración revolucionaria actuaba mientras se preparaba una invasión. Pero esas medidas muestran una diferencia política fundamental: la deuda doméstica, tratada habitualmente como obligación privada inapelable, pasó a examinarse a la luz de una catástrofe social. El nuevo poder se preguntó quién debía pagar los costes de la guerra y si era legítimo que propietarios y prestamistas cobraran intactos mientras la población popular había pasado hambre.
Una escuela sin púlpito y una administración sin privilegios
La Comuna proclamó la separación entre Iglesia y Estado el 2 de abril y defendió la secularización de la enseñanza. Las iniciativas educativas aspiraban a una escuela laica, gratuita y accesible, con formación profesional y mejores oportunidades para las niñas. Hubo proyectos y experiencias locales, pero sería falso imaginar un sistema escolar plenamente transformado en dos meses. Lo decisivo fue la pretensión de que aprender a leer, conocer un oficio y participar de la cultura no dependiera de una jerarquía religiosa ni de la riqueza familiar.
Entre sus disposiciones estuvo limitar las remuneraciones de los cargos administrativos y someter el ejercicio de la autoridad a formas de responsabilidad pública. La elección y revocabilidad de los funcionarios se convirtieron en una de las imágenes más duraderas de la Comuna. La revolución trataba de impedir que una minoría pudiera vivir de gobernar por encima de la mayoría. Aquello no eliminó el poder coercitivo ni las contradicciones del nuevo régimen, pero puso en discusión privilegios burocráticos que las repúblicas convencionales raramente tocaban.
Las comuneras no fueron acompañantes: organizaron la revolución
Las mujeres no podían votar ni ser elegidas para el Consejo de la Comuna, una exclusión que revela los límites de aquella experiencia emancipadora. Y, sin embargo, participaron desde el 18 de marzo en la movilización, la asistencia sanitaria, el abastecimiento, los clubes políticos, la propaganda, los talleres y la defensa armada. La historia de París no se entiende sin ellas. Fue una revolución en la que las mujeres se organizaron políticamente mientras las instituciones revolucionarias seguían negándoles la ciudadanía electoral.
El 11 de abril nació la Unión de Mujeres para la Defensa de París y la Atención a los Heridos, impulsada por Élisabeth Dmitrieff y Nathalie Le Mel. La organización reunió a trabajadoras y planteó iniciativas para crear cooperativas, mejorar las condiciones laborales y coordinar la producción. Exigió que los empleos disponibles no quedaran reservados a los hombres y defendió el reconocimiento de las necesidades de las mujeres obreras. André Léo, periodista y novelista, intervino en los debates sobre educación, justicia y participación femenina. Louise Michel estuvo vinculada tanto a la organización popular como a la resistencia de Montmartre.
Las medidas de protección a las familias de los guardias nacionales muertos reconocieron prestaciones a compañeras e hijos sin reducir el derecho a la existencia de un matrimonio legal. La Unión de Mujeres defendió también el principio de igualdad salarial en sus propuestas de organización del trabajo. Pero no puede afirmarse que toda la economía de la Comuna implantara una equiparación de salarios entre hombres y mujeres. La realidad fue una lucha abierta, no una igualdad consumada.
La participación femenina provocó una campaña de odio. Tras la derrota, el término pétroleuses —incendiarias— se utilizó para presentar a mujeres comuneras como monstruos sedientos de destrucción, muchas veces sin pruebas individuales. La difamación de género acompañó a la represión política. Se castigó no solo su participación en la insurrección, sino también el hecho de haber abandonado el lugar doméstico que la sociedad les asignaba.
Las decisiones difíciles: guerra, Banco de Francia y Comité de Salvación Pública
La Comuna tuvo enormes problemas para coordinar su defensa. La Guardia Nacional era una fuerza numerosa en teoría, pero desigual en instrucción, disciplina y disponibilidad real. Versalles contaba con mandos profesionales y fue recuperando capacidad militar. Los intentos de salir sobre posiciones gubernamentales a comienzos de abril acabaron mal, y el frente fue estrechándose alrededor de París.
Una de las decisiones más debatidas fue no tomar el control del Banco de Francia. El dinero y los mecanismos financieros permanecieron en gran medida fuera del poder directo de los comuneros, mientras la Comuna necesitaba recursos para sostener sus servicios y su defensa. Hubo cálculos políticos y temores sobre el crédito y la estabilidad económica. La cuestión ha alimentado críticas posteriores: un gobierno dispuesto a alterar la propiedad y el Estado se mostró sorprendentemente prudente ante uno de los grandes centros del poder financiero.
Las divisiones políticas se agravaron en mayo con la creación de un Comité de Salvación Pública, nombre que evocaba la Revolución francesa. Una mayoría lo defendió como instrumento excepcional para afrontar el peligro militar; una minoría temió la concentración de autoridad y la erosión del principio comunal. La disputa no era retórica. Una revolución que aspiraba a democratizar el poder podía terminar recurriendo a órganos de excepción cuando la guerra la colocaba al borde de la derrota.
La columna Vendôme y la batalla por los símbolos
El 16 de mayo fue derribada la columna Vendôme, monumento asociado a las glorias militares napoleónicas. La iniciativa respondía a la voluntad de romper con la exaltación de las guerras imperiales. El episodio tuvo un enorme impacto político y más tarde sirvió para perseguir y arruinar económicamente a Gustave Courbet, al que las autoridades responsabilizaron de la destrucción. La Comuna entendió que los monumentos también enseñan una versión de la historia: qué muertos merecen honores, qué conquistas se celebran y qué violencias se presentan como gloria nacional.
21 de mayo: los soldados de Versalles entran en París
Las tropas gubernamentales penetraron en la capital el 21 de mayo por su sector occidental. Comenzó la Semana Sangrienta, del 21 al 28 de mayo, una reconquista desarrollada calle por calle y acompañada de ejecuciones sumarias. La resistencia fue especialmente intensa en los barrios populares del este y noreste. Los comuneros levantaron barricadas, pero la desigualdad militar ya era abrumadora. Las grandes avenidas, los desplazamientos de unidades y la superioridad artillera favorecieron al ejército de Versalles.
Durante aquellos combates ardieron edificios como el palacio de las Tullerías y el Ayuntamiento. Parte de los incendios fueron provocados por defensores de la Comuna; otros daños se produjeron por bombardeos y enfrentamientos. También hubo ejecuciones de rehenes por fuerzas comuneras, entre ellas la del arzobispo Georges Darboy el 24 de mayo. Estos hechos forman parte de la historia y deben reconocerse sin recurrir a la falsa equivalencia entre episodios concretos de violencia insurgente y la escala de la represión masiva desplegada por el ejército vencedor.
El 25 de mayo murió Charles Delescluze en una barricada. El cementerio de Père-Lachaise y el barrio de Belleville quedaron ligados a la última resistencia. El 28 de mayo cayeron las posiciones comuneras finales. La ciudad que había pretendido gobernarse a sí misma fue sometida por las armas. El nuevo orden no se limitó a recuperar edificios: emprendió una persecución destinada a destruir a las organizaciones, las familias y los símbolos de la insurrección.
La matanza y las cifras que la historia sigue investigando
Durante la Semana Sangrienta murieron miles de personas, muchas ejecutadas después de caer prisioneras. Las estimaciones del número total de víctimas varían significativamente según los métodos y fuentes utilizados. Durante mucho tiempo circularon cálculos de alrededor de veinte mil muertos o más; estudios posteriores han propuesto cifras inferiores para determinados conjuntos de víctimas. No existe una cifra única aceptada por toda la historiografía. Lo indiscutible es la magnitud de la represión, las ejecuciones sin garantías y la persecución posterior de decenas de miles de personas.
Los consejos de guerra dictaron miles de condenas. Numerosos supervivientes fueron encarcelados, deportados a Nueva Caledonia o forzados al exilio. Louise Michel fue deportada y continuó su actividad política y educativa. La amnistía general de 1880 permitió el regreso de muchos condenados y desterrados, pero no restituyó las vidas perdidas ni borró el destrozo provocado en organizaciones obreras y familias populares. El Muro de los Federados, en Père-Lachaise, quedó asociado a los fusilamientos y se convirtió en lugar de memoria internacional.
Ni leyenda perfecta ni derrota inútil
Una historia rigurosa de la Comuna no necesita convertir a sus dirigentes en santos revolucionarios. Hubo indecisión militar, insuficiente coordinación entre barrios, disputas sobre la centralización del poder y políticas que quedaron en papel. Las mujeres encontraron barreras dentro de una experiencia que proclamaba la emancipación. La guerra redujo el tiempo para organizar el trabajo y la educación, y el aislamiento político impidió extender de forma duradera el levantamiento a otras ciudades francesas. Lyon, Marsella y otros lugares conocieron movimientos comunales, pero ninguno llegó a alterar el equilibrio nacional de fuerzas.
Tampoco es honesto contar aquellos setenta y dos días solo como el prólogo de una derrota inevitable. Los comuneros gobernaron servicios públicos, celebraron elecciones, imprimieron decretos y discutieron salarios, alquileres, cooperación, escuelas y poderes municipales mientras combatían. Hicieron de la política algo que concernía a quienes pagaban una habitación, empuñaban herramientas, enseñaban a los niños o sostenían un hospital. Esa ampliación radical de quién podía decidir fue precisamente lo que las élites encontraron tan amenazador.
La ciudad que todavía incomoda
La Comuna entró en las discusiones de todas las grandes corrientes del socialismo y del sindicalismo. Marx vio en ella una forma política distinta de la maquinaria estatal tradicional y la analizó en La guerra civil en Francia. Los anarquistas y federalistas destacaron su autonomía municipal y sus iniciativas de organización desde abajo, al tiempo que criticaron las tendencias centralizadoras. El movimiento obrero posterior discutió sus aciertos y errores durante décadas, desde las federaciones sindicales hasta los movimientos revolucionarios del siglo XX.
Su legado no consiste en repetir sus decretos como una receta universal. Consiste en algo más incómodo: recordó que la democracia no termina cuando se deposita una papeleta y que la libertad política se vacía de contenido si las condiciones materiales de vida quedan fuera de discusión. Preguntó por el alquiler cuando la ciudad estaba arruinada, por las horas de trabajo cuando el ejército avanzaba, por los talleres cuando los dueños habían huido, y por la escuela cuando los poderosos reclamaban orden.
La Comuna de París fue derrotada. Sus enemigos necesitaron fusiles, ejecuciones, deportaciones y años de castigo para restaurar la autoridad. Lo que no consiguieron fue reducir aquellos setenta y dos días a un accidente olvidado. Cada vez que la clase trabajadora reclama intervenir en la organización de su trabajo, que un barrio exige decidir sobre su futuro o que una comunidad se niega a confundir obediencia con democracia, vuelve a aparecer la misma pregunta que estremeció París en 1871: ¿y si quienes sostienen la sociedad también pudieran gobernarla?
Documentación y lecturas para ampliar
Para reconstruir la secuencia histórica se han utilizado la cronología de la asociación Les Amies et Amis de la Commune de Paris 1871; la documentación histórica del Ayuntamiento de París y de la Asamblea Nacional francesa; los estudios de la participación de las comuneras y de la Unión de Mujeres; así como obras de Prosper-Olivier Lissagaray, Jacques Rougerie, Robert Tombs y Kristin Ross. La cifra de víctimas se mantiene expresamente como cuestión historiográfica discutida.
