El 13 de octubre de 1909, a primera hora de la mañana, Francesc Ferrer i Guàrdia fue fusilado en los fosos del castillo de Montjuïc, en Barcelona. Pedagogo libertario y fundador de la Escuela Moderna, había sido condenado por un tribunal militar como supuesto instigador de la revuelta obrera y popular conocida como la Semana Trágica. Su ejecución culminó una represión que buscó castigar no solo una insurrección, sino también una cultura obrera que estaba construyendo sindicatos, ateneos y escuelas fuera del control de la Iglesia y del Estado.
El conflicto había comenzado en julio, cuando el Gobierno de Antonio Maura movilizó a reservistas para enviarlos a la guerra colonial en Marruecos. Muchos eran trabajadores casados y con hijos que sostenían a sus familias. Mientras ellos eran llamados a filas, quienes podían pagar la redención en metálico quedaban exentos. La desigualdad era brutal y visible: la guerra necesitaba los cuerpos de los pobres, pero permitía a los ricos comprar su ausencia. En Barcelona, Solidaridad Obrera impulsó la protesta y un comité clandestino convocó una huelga general para el 26 de julio. El paro desbordó rápidamente sus límites iniciales, levantó barricadas y paralizó la ciudad durante varios días.
La respuesta estatal fue una operación de castigo. Se suspendieron garantías, se cerraron centros obreros y escuelas laicas, se prohibieron publicaciones y se practicaron detenciones masivas. Cientos de personas fueron procesadas por la jurisdicción militar y cinco condenas a muerte acabaron ejecutándose. Ferrer no había dirigido la huelga ni existían pruebas sólidas de que hubiera organizado la insurrección. Pero reunía todo lo que el poder conservador quería señalar: era anarquista, anticlerical, internacionalista y había puesto en marcha un proyecto educativo que enseñaba a pensar sin dogmas.
La Escuela Moderna, abierta en Barcelona en 1901, defendía una enseñanza laica, racionalista y mixta. Rechazaba los castigos, la competencia entre el alumnado y la obediencia impuesta como método educativo. Su proyecto estaba unido a una idea profundamente obrera de la cultura: el conocimiento no debía ser un privilegio de clase ni una herramienta para fabricar trabajadores sumisos. Alrededor de la escuela se publicaron libros, materiales científicos y textos destinados a quienes quedaban fuera de la enseñanza oficial. Ese trabajo convirtió a Ferrer en una figura conocida, pero también en objetivo permanente de las autoridades.
El consejo de guerra celebrado en octubre admitió testimonios indirectos y limitó gravemente la defensa. La sentencia fue dictada el día 9, confirmada por el Gobierno y ejecutada cuatro días después. El 13 de octubre, Ferrer fue llevado ante el pelotón de fusilamiento en Montjuïc. Tenía cincuenta años. La muerte no cerró el caso: lo transformó en un escándalo internacional. Hubo manifestaciones en numerosas ciudades europeas y americanas, protestas ante embajadas y consulados españoles y acciones de solidaridad promovidas por organizaciones obreras, republicanas y librepensadoras.
La presión contribuyó a la caída del Gobierno de Maura pocos días después. Fuera de España, el nombre de Ferrer pasó a identificar escuelas racionalistas, grupos educativos y proyectos ligados al movimiento obrero. Su figura fue recordada en Francia, Bélgica, Italia, Estados Unidos y distintos países de América Latina. Aquella extensión internacional no nació de una biografía sin contradicciones, sino de una certeza compartida: el Estado había convertido a un educador libertario en cabeza de turco de una protesta de clase.
Recordar hoy el 13 de octubre de 1909 es recordar que la represión obrera no siempre termina ante una fábrica o en una comisaría. También entra en las aulas, clausura periódicos y persigue a quienes intentan que la cultura deje de ser patrimonio de las élites. Ferrer fue fusilado después de una huelga nacida contra una guerra que enviaba a morir a quienes no podían pagar. Más de un siglo después, su muerte sigue mostrando hasta dónde puede llegar un poder dispuesto a convertir la educación libre y la organización de los de abajo en delitos.
