Por Redacción
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó 208.500 infracciones en 2025 y propuso sanciones por 858,3 millones de euros. Su informe anual recoge más de 1,2 millones de actuaciones y la regularización de decenas de miles de relaciones laborales. Frente a ese volumen, la plantilla con funciones inspectoras pasó de 2.439 a 2.499 efectivos entre enero y diciembre: 60 más, un aumento del 2,46%. Desde Sindicalismo.org consideramos que el alcance de los incumplimientos exige un refuerzo sostenido de medios y una protección efectiva de quienes los denuncian.
El balance abarca 427.495 centros de trabajo pertenecientes a 306.609 empresas. Se admitieron a trámite 136.402 denuncias y se finalizaron 607.753 órdenes de servicio, de las que 336.642 procedían de la planificación de la propia Inspección. Las cantidades anunciadas son propuestas de sanción: no equivalen a multas firmes ni a dinero ya cobrado. Además, la actividad inspectora muestra lo que se detecta en los ámbitos investigados; no mide por sí sola todos los abusos que se producen en el trabajo.
Derechos sindicales: del reconocimiento a la protección real
Una de las novedades de 2025 es el programa de Relaciones Laborales Colectivas, creado dentro del Plan Estratégico 2025-2027. Incluye campañas sobre conflicto colectivo y huelga; información, consulta y participación de la representación de las plantillas; y otros derechos colectivos, como reunión, acceso a los centros, elecciones y actividad de las secciones sindicales. El programa finalizó 1.427 órdenes de servicio, con 2.407 actuaciones, 156 infracciones y 595 requerimientos.
El informe recoge también resultados por materias, que no deben sumarse sin más a los del programa porque responden a clasificaciones distintas. En derechos de representantes y organizaciones sindicales hubo 3.976 actuaciones, 737 infracciones y 1.438 requerimientos. En derecho de huelga se registraron 235 actuaciones y 48 infracciones. Son cifras que obligan a mirar de frente las trabas a la organización obrera. Reconocer el valor de la representación sindical sirve de poco si después una sección no puede ejercer sus derechos o quien denuncia teme quedarse sin trabajo. La protección tiene que llegar al centro de trabajo.
Falsos autónomos y contratos que ocultaban empleo estable
La ITSS contabilizó 131.645 empleos aflorados. La expresión engloba 96.194 altas en la Seguridad Social, 16.788 incrementos de jornada, 18.655 casos de ocupación de personas extranjeras sin autorización para trabajar y ocho de ocupación irregular de personas afectadas por un ERTE. Por tanto, no se trata de 131.645 puestos nuevos, sino de situaciones laborales que salieron a la luz o fueron corregidas mediante la intervención inspectora.
Entre las altas figuran 47.143 regularizaciones de falsos autónomos, frente a 7.234 en 2024: el máximo de la serie iniciada en 2018, con un impulso importante de las actuaciones sobre plataformas digitales. Bajo la apariencia de trabajar por cuenta propia se habían ocultado relaciones laborales. La regularización permite reconocer una condición de asalariado que la empresa había eludido, con consecuencias sobre cotización y derechos. El fraude no puede presentarse como una forma moderna de libertad.
En estabilidad del empleo, 51.526 contratos temporales se transformaron en indefinidos y 61.655 contratos fijos discontinuos pasaron a fijos ordinarios. Las actuaciones sobre contratación a tiempo parcial registraron 30.345 incrementos de jornada. Detrás de estas correcciones hay personas que necesitan que el contrato refleje el trabajo que hacen, en lugar de cargar con una incertidumbre impuesta o cotizar por menos horas de las que realmente trabajan.
La jornada y los salarios concentran los abusos
El área de relaciones laborales realizó 188.633 actuaciones, detectó 24.882 infracciones y propuso 45,4 millones de euros en sanciones, con 540.363 personas trabajadoras afectadas. El tiempo de trabajo concentró el 46,9% de las infracciones del área: 11.681, tras 34.712 actuaciones. El control del registro de jornada produjo 1.715 infracciones y las actuaciones sobre horas extraordinarias, otras 736. El descanso y el tiempo propio siguen siendo terreno de conflicto entre las necesidades de la plantilla y la presión empresarial.
La campaña de impago de salarios sumó 23.726 actuaciones, 3.453 infracciones y 9,7 millones de euros en sanciones propuestas. Un sueldo que no llega tiene consecuencias inmediatas: alquiler, recibos y compras que no esperan a la resolución de un expediente. Por eso, desde este medio defendemos una respuesta inspectora ágil y el seguimiento de las correcciones exigidas. Levantar un acta debe servir para que termine el incumplimiento.
Salud laboral, acoso y discriminación
La prevención de riesgos laborales fue el ámbito con más actividad: 510.074 actuaciones, el 42,3% del total. El informe contabiliza en esta materia 29.193 infracciones —incluidos los requerimientos a las administraciones que incorpora ese indicador— y 109,7 millones de euros en sanciones propuestas. También registra 76 paralizaciones de obras, trabajos o tareas. La seguridad exige intervenir sobre las condiciones reales: maquinaria, ritmos, organización, formación y exposición a los riesgos. Una carpeta de documentos no protege a nadie si el peligro sigue en el puesto.
En las campañas de igualdad figuran 8.637 actuaciones y 1.075 infracciones sobre discriminación en la relación laboral. La campaña de acoso sexual y por razón de sexo registró 4.960 actuaciones y 365 infracciones. Por origen racial o étnico hubo 1.144 actuaciones y 194 infracciones; la nueva campaña sobre condiciones discriminatorias hacia personas LGTBI realizó 196 actuaciones, con cuatro infracciones y 101 requerimientos. Estos resultados corresponden a ámbitos de actuación concretos y no permiten calcular cuántas personas sufren discriminación en el conjunto del mercado laboral.
El balance muestra que inspeccionar permite recuperar derechos y corregir fraude. También refuerza una exigencia de la clase trabajadora: más personal y recursos, seguimiento de los requerimientos y garantías para denunciar sin represalias. La acción sindical es decisiva para descubrir lo que ocurre dentro de las empresas y sostener a quienes dan el paso. Los derechos laborales necesitan una Inspección capaz de hacerlos cumplir y plantillas organizadas para defenderlos.
Fuente: Informe anual 2025 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, apartados de recursos humanos, actividad inspectora y anexos estadísticos.
