El 12 de octubre de 1992, mientras los gobiernos conmemoraban el quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América, más de 10.000 indígenas y campesinos marcharon en San Cristóbal de las Casas, en el estado mexicano de Chiapas. No salieron a celebrar una fecha oficial: reclamaban tierra, libertad y derechos después de siglos de despojo y de décadas de conflictos con los grandes propietarios.
En las semanas previas, distintas organizaciones campesinas e indígenas se habían articulado en el Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (FOSCH). Entre los grupos movilizados figuraba la Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ). Acudieron personas procedentes de comunidades rurales de diversas regiones del estado, así como docentes, estudiantes y otros colectivos de apoyo. Los estudios históricos sitúan la asistencia en más de 10.000 participantes. Una parte de la protesta se dirigía contra la política agraria del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y la reforma de 1992 del artículo 27 constitucional, que alteró profundamente el régimen de propiedad y reparto de la tierra.
La manifestación recorrió San Cristóbal de las Casas y llegó hasta la estatua del conquistador Diego de Mazariegos, asociado a la fundación colonial de la ciudad en 1528. Un grupo de manifestantes la derribó y la multitud la hizo pedazos. La imagen recorrió medios de comunicación y se convirtió en uno de los símbolos más conocidos de las protestas de aquel quinto centenario. Pero el acto no se entiende sin lo que lo había precedido: expulsiones de campesinos, enfrentamientos por los ejidos, trabajo precario en las fincas y persecución contra organizaciones rurales.
La referencia a 1492 tenía una dimensión laboral y material. La colonización implantó sistemas de tributos y de trabajo obligatorio sobre las comunidades indígenas. La encomienda, los repartimientos y, en los Andes, la mita colonial permitieron movilizar mano de obra en beneficio de la economía de conquista y de la explotación agrícola y minera. No fueron instituciones idénticas ni funcionaron igual en todos los territorios, pero dejaron una historia prolongada de subordinación económica y pérdida de autonomía. Cinco siglos después, la disputa por el acceso a la tierra seguía condicionando las posibilidades de vivir del propio trabajo.
La jornada de 1992 no se limitó a Chiapas. Hubo actos de protesta y recuerdo en Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y otras partes del continente americano, impulsados por organizaciones indígenas y campesinas. En lugar de asumir sin discusión la versión de los festejos oficiales, exigieron que se escuchara la historia de quienes habían sufrido la conquista y sus consecuencias. En Chiapas, la movilización mostró la capacidad de coordinación de organizaciones rurales que venían trabajando desde años atrás.
El 1 de enero de 1994, poco más de catorce meses después, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional volvió a situar a Chiapas en el centro de la actualidad internacional. No se puede reducir aquel proceso a la marcha del 12 de octubre: sus antecedentes organizativos y sociales eran mucho más antiguos. Sin embargo, la protesta de 1992 fue una expresión pública de la fuerza que habían acumulado las comunidades y del conflicto abierto sobre tierra, democracia y condiciones de vida. Aquella fecha dejó una lección para la memoria de las luchas populares: también quienes trabajan el campo se organizan, construyen alianzas y disputan el relato de su propia historia.
