Wilber Rafael Garcés Pérez, trabajador venezolano de 28 años, fue herido por un agente federal mientras realizaba repartos para DoorDash. Tras ser hospitalizado, quedó bajo custodia migratoria con una bala todavía alojada cerca de la columna vertebral. El caso ha provocado protestas en Austin y nuevas exigencias de una investigación independiente sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes federales de inmigración.
Un trabajador herido mientras realizaba un reparto
Wilber Rafael Garcés Pérez salió el domingo 20 de septiembre a trabajar como repartidor de comida para DoorDash en Austin, Texas. Horas después terminó en un hospital tras recibir un disparo efectuado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Garcés Pérez, venezolano de 28 años, fue alcanzado en la parte superior de la espalda durante un operativo federal en el norte de Austin y trasladado al Dell Seton Medical Center en estado grave pero estable. Sus abogados y diferentes medios estadounidenses han confirmado que se encontraba realizando una entrega para DoorDash cuando se produjeron los hechos. Según el relato posterior del trabajador, un vehículo sin distintivos chocó contra su automóvil y en un primer momento no sabía que quienes lo seguían eran agentes federales. La secuencia exacta que condujo al disparo continúa bajo investigación y existen versiones diferentes sobre lo sucedido.
Versiones enfrentadas sobre el operativo
Los abogados de Garcés Pérez sostienen que vehículos sin identificar comenzaron a perseguirlo y que los agentes no se identificaron inmediatamente. El trabajador asegura que intentó encontrar un lugar seguro para detenerse y que recibió el disparo después de que los vehículos activaran sus luces y sirenas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo del que depende el ICE, ofrece una versión diferente y afirma que Garcés Pérez trató de huir de los agentes. No se ha hecho pública toda la evidencia necesaria para reconstruir de manera independiente la secuencia completa. El incidente está siendo investigado por el Departamento de Seguridad Nacional con apoyo del FBI, mientras responsables políticos y autoridades locales de Austin han reclamado transparencia y una investigación independiente.
Del hospital a un centro de detención
Después de recibir atención hospitalaria, Garcés Pérez quedó bajo custodia federal y fue trasladado al South Texas ICE Processing Center, en Pearsall. Su situación médica ha aumentado la polémica: según el trabajador y sus abogados, los médicos decidieron no extraer el proyectil debido a su proximidad a la columna vertebral. La familia denunció además importantes dificultades para conocer su paradero después de que abandonara el hospital. También existe una disputa sobre su situación migratoria. El DHS sostiene que Garcés Pérez tiene una orden definitiva de expulsión, mientras sus abogados aseguran que entró legalmente en Estados Unidos en 2024 mediante el programa CBP One, solicitó asilo y disponía de autorización para trabajar. Según su defensa, la orden de expulsión se produjo después de que una citación judicial fuera enviada a una dirección antigua y el trabajador no compareciera a la audiencia. Sus abogados temen ahora que pueda ser deportado antes de que termine la investigación sobre el propio tiroteo.
Protestas contra el ICE en Austin
El disparo provocó una respuesta inmediata en las calles. Decenas de personas se concentraron cerca del lugar de los hechos para protestar contra el ICE y reclamar responsabilidades. Entre las consignas se escucharon llamamientos a expulsar al ICE de Austin y a disolver la agencia. La movilización terminó con un importante despliegue policial y varias detenciones, mientras agentes estatales utilizaron sustancias irritantes para dispersar a parte de los manifestantes. El alcalde de Austin, Kirk Watson, reclamó públicamente transparencia sobre lo sucedido. Organizaciones comunitarias, colectivos de trabajadores y grupos de defensa de los derechos de los migrantes han exigido también que Garcés Pérez no sea deportado mientras continúen las investigaciones.
Más de veinte personas alcanzadas por disparos en operaciones migratorias
El caso de Austin se suma a una sucesión de incidentes relacionados con las operaciones federales de inmigración desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Investigaciones publicadas por medios estadounidenses han documentado más de veinte personas alcanzadas por disparos de agentes federales de inmigración, con varios fallecidos, entre ellos ciudadanos estadounidenses. Las cifras varían según qué agencias y operaciones se incluyan en los recuentos, pero diferentes investigaciones periodísticas coinciden en señalar la reiteración de incidentes relacionados con vehículos. El uso de armas de fuego durante estas intervenciones se ha convertido así en uno de los aspectos más controvertidos de la intensificación de las operaciones migratorias de la Administración Trump.
El precedente de Lorenzo Salgado Araujo
El tiroteo de Austin ocurrió poco más de dos meses después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, abatido el 7 de julio por un agente del ICE cuando se dirigía a trabajar en Houston acompañado por otros trabajadores. El DHS sostuvo que Salgado había intentado atropellar a un agente con su vehículo y que el disparo se efectuó en defensa propia, una versión cuestionada por los hombres que viajaban con él. Posteriormente, las propias autoridades federales reconocieron que Salgado Araujo no era la persona que buscaban inicialmente durante el operativo. La Fiscalía del condado de Harris abrió una investigación independiente sobre el caso y ha denunciado dificultades para obtener información y pruebas de las autoridades federales.
De las deportaciones a la militarización de la política migratoria
El caso de Wilber Rafael Garcés Pérez muestra hasta qué punto la política migratoria estadounidense ha dejado de limitarse a expedientes administrativos, centros de internamiento y deportaciones. La intensificación de las operaciones del ICE y de otras agencias federales ha llevado agentes armados a carreteras, barrios, centros de trabajo y espacios cotidianos de las comunidades migrantes. Para el Gobierno de Trump, estas actuaciones forman parte de la aplicación de las leyes migratorias y de la ejecución de órdenes de expulsión. Para organizaciones de defensa de los migrantes, sindicatos y colectivos comunitarios, representan una creciente criminalización de trabajadores extranjeros y una estrategia que extiende el miedo entre millones de personas y sus familias.
La dimensión de clase resulta difícil de separar de esta política. Buena parte de las personas afectadas por las redadas trabajan en sectores como la construcción, agricultura, hostelería, limpieza, logística o reparto, actividades sostenidas en gran medida por mano de obra migrante. El caso de Austin resulta especialmente significativo precisamente porque Garcés Pérez se encontraba trabajando como repartidor cuando comenzó el incidente. Un trabajador que unas horas antes recorría la ciudad entregando comida terminó herido de bala, hospitalizado y posteriormente recluido en un centro de detención migratoria.
Violencia estatal y criminalización del trabajador migrante
La Administración Trump presenta el endurecimiento migratorio como una política de seguridad y cumplimiento de la ley. Sus críticos denuncian, por el contrario, que la utilización de agentes armados, operaciones callejeras y detenciones masivas está convirtiendo la política migratoria en un dispositivo cada vez más coercitivo. La utilización recurrente del término «criminal» para justificar detenciones y expulsiones también ha sido cuestionada por organizaciones de derechos civiles, que recuerdan que encontrarse irregularmente en Estados Unidos no equivale automáticamente a haber cometido un delito penal y que existen procedimientos administrativos, solicitudes de asilo y recursos judiciales que pueden determinar la situación de cada persona.
Desde una perspectiva de clase, la persecución migratoria afecta especialmente a trabajadores que ocupan algunos de los empleos más precarios y peor remunerados de la economía estadounidense. Muchos proceden además de países latinoamericanos golpeados durante décadas por desigualdades económicas, crisis políticas y, en distintos momentos y con diferente intensidad, por las consecuencias de sanciones, intervenciones y políticas exteriores de Estados Unidos. Convertir posteriormente a esos trabajadores en objetivo de grandes operaciones de detención y deportación alimenta una división entre trabajadores nacionales y migrantes que organizaciones sindicales y comunitarias consideran funcional para mantener sectores laborales especialmente vulnerables.
La respuesta también está en las calles
Las protestas surgidas pocas horas después del disparo muestran que la expansión de las operaciones migratorias también está encontrando resistencia social. Trabajadores, organizaciones comunitarias y colectivos de defensa de los migrantes se concentraron en Austin para reclamar el esclarecimiento de los hechos, responsabilidades por el uso de la fuerza y el fin de las redadas. Una parte de los manifestantes fue más allá y reclamó directamente la desaparición del ICE y del actual aparato de deportaciones masivas.
El caso permanece abierto y será la investigación la que deberá determinar las responsabilidades concretas del agente que disparó y reconstruir completamente lo sucedido. Pero el debate político y social trasciende ya este episodio. La cuestión es qué límites debe tener un aparato migratorio que desarrolla operaciones armadas en espacios públicos y lugares de trabajo y qué consecuencias tiene para una clase trabajadora en la que millones de migrantes ocupan los empleos más vulnerables. Mientras esas preguntas siguen abiertas, Wilber Rafael Garcés Pérez permanece bajo custodia migratoria con la bala recibida durante el operativo todavía alojada cerca de su columna vertebral.