Las personas migrantes detenidas en Estados Unidos denuncian condiciones de reclusión precarias, demoras prolongadas en sus procesos migratorios y una atención médica insuficiente. Estas denuncias han impulsado recientes huelgas de hambre en varios centros de detención, poniendo nuevamente en el centro del debate el trato que reciben los migrantes bajo custodia del sistema de inmigración estadounidense.
El lunes 20 de abril, al menos 200 personas privadas de libertad iniciaron una huelga de hambre en varios pabellones del centro de detención North Lake, el mayor recinto privado para inmigrantes en la región del Medio Oeste de Estados Unidos. De acuerdo con internos y organizaciones defensoras de derechos humanos, la protesta fue motivada por el deterioro de las condiciones de vida, el acceso limitado a atención médica y los extensos retrasos en los procedimientos legales, que en algunos casos han mantenido a personas detenidas de forma indefinida y sin posibilidad de fianza. La medida fue retomada el 25 de abril y acciones similares se han registrado en centros de Luisiana, California y Florida.
“Participé tres días en la huelga de hambre, pero nos presionaron con amenazas de traslado”, relató Erick Rojas Gavidia, migrante venezolano detenido desde noviembre de 2025. “Queremos ser escuchados”, afirmó.
Organizaciones como No Detention Centers in Michigan (NDCM) estiman que la protesta involucró a cientos de personas. Según sus reportes, hacia el domingo la mayoría de los hombres detenidos dentro del recinto mantenían la medida de presión. “Están dispuestos a arriesgar su vida”, señaló Ale Rojas, integrante de la organización, quien denunció la falta de atención médica y el trato deshumanizante.
En la misma línea, Christine Sauvé, del Centro de Derechos de Inmigrantes de Michigan (MIRC), ha recibido denuncias sobre demoras o negación de atención médica, mala calidad de la alimentación y falta de información sobre los casos legales. También ha recogido testimonios de personas que aseguran ser “tratadas como animales” y privadas de derechos básicos. Según Sauvé, la situación se agrava por la ausencia de mecanismos federales de supervisión efectivos.
El centro North Lake es operado por la empresa privada GEO Group, que gestiona múltiples instalaciones de detención migratoria en el país. Reabierto recientemente, el recinto ha experimentado un aumento acelerado de su población, pasando de apenas 28 detenidos en agosto de 2025 a más de 1.400 en pocos meses. Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cerca del 90% de las personas detenidas no tiene antecedentes penales.
En este contexto, se han reportado múltiples incidentes graves, incluyendo emergencias médicas, intentos de suicidio y deficiencias alimentarias. Registros periodísticos indican decenas de llamadas al 911 desde el interior del centro por problemas de salud. Además, en diciembre de 2025 falleció un migrante de 56 años con diabetes, en un caso que aún genera cuestionamientos por parte de su familia.
A pesar de que ICE afirma que el tiempo promedio de detención es de 49 días, organizaciones de derechos humanos denuncian que muchas personas permanecen encarceladas durante meses sin información clara sobre su situación. A esto se suma la saturación del sistema judicial migratorio, con decenas de miles de casos pendientes y fianzas que resultan inaccesibles para gran parte de los detenidos.
Mientras tanto, la empresa GEO Group y autoridades federales han negado irregularidades, asegurando que el centro cumple con los estándares establecidos y que los detenidos reciben alimentación, atención médica y servicios básicos. Desde el Departamento de Seguridad Nacional se ha insistido en que las acusaciones sobre malas condiciones son infundadas.
La huelga de hambre ha generado además movilizaciones en el exterior del centro, donde activistas y manifestantes han exigido el fin de las detenciones y el respeto a los derechos de las personas migrantes. Organizaciones como la ACLU y MIRC han solicitado una investigación independiente y auditorías médicas sobre las condiciones en North Lake.
“Esta situación es consecuencia de una política de deportaciones masivas que empuja a las personas a condiciones inhumanas de detención”, señaló Loren Khogali, directora ejecutiva de la ACLU de Michigan.
En medio de este conflicto, la demanda de fondo persiste: el respeto a la dignidad, los derechos humanos y el debido proceso para las personas migrantes detenidas en Estados Unidos.
