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Ingreso Mínimo Vital: Entre la espera y el colapso

La gestión del Ingreso Mínimo Vital está generando reacciones diferentes en el seno del propio Ejecutivo. Ante las protestas de personas afectadas, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha indicado en más de una ocasión que su trámite debería ser agilizado, mientras que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, lo califica de éxito.

Precisamente este martes se agotaba el periodo máximo establecido inicialmente para tramitar las solicitudes presentadas hace tres meses, cuando se abrió el plazo. Ante el atasco en la gestión, la Seguridad Social ha anunciado una ampliación hasta diciembre. 

Quienes esperan una respuesta lo hacen “con incertidumbre, a ciegas y sin saber cuándo recibiremos algo, si es que lo recibimos, porque existe lo que se llama el silencio administrativo: si al finalizar el plazo no te han dicho nada, es un no, y entonces empezarían las reclamaciones en los tribunales de lo social”, explica en la concentración convocada en la calle Serrano de Madrid Hontanares Arranz, de Marea Básica. 

“De hecho, es lo que iba a ocurrir ahora: ante la cantidad de gente que no ha recibido respuesta, los tribunales de lo social se iban a atascar con reclamaciones, por eso han tenido que prorrogar”, añade. 

José Luis Yuguero, de la Red de Solidaridad Popular Latina-Lucero, lo cuenta con ironía: “Es más fácil conseguir cita previa para el Ingreso Mínimo Vital con la güija que a través del teléfono habilitado para ello”. 

Tanto él como todos los integrantes de la Plataforma RMI Tu Derecho, integrada por diversos colectivos y asociaciones, apelan “a la Carta Social Europea, que establece un umbral mínimo de 740 euros, pero aquí tienen a gente cobrando menos de 500 euros al mes, España está incumpliendo y nosotros no llegamos a fin de mes”, denuncia Castro. 

“El Gobierno presentó el IMV con mucha publicidad y como la panacea, pero la realidad está siendo muy diferente”, apunta.

Enmiendas enviadas a todos los grupos parlamentarios

Desde la Plataforma se ha presentado a todos los grupos parlamentarios una serie de enmiendas que hacen hincapié en la necesidad de eliminar filtros que “dejan a muchas personas demandantes fuera” y que “convierten la solicitud en una auténtica yincana”. 

“Solicitamos que la gente de 18 a 23 años, ahora excluida, tenga derecho a pedir este ingreso. Pedimos también que varíe la exigencia de estar empadronado al menos un año en el mismo lugar, porque eso es bastante incompatible con la gente que habitualmente necesita esta ayuda, gente que está en la pobreza extrema y vive a veces de prestado, esta semana en casa de la hermana, la próxima en la habitación de un amigo, y así tiran”, explica Hontanares.

“Otra de las condiciones para que una persona sola pueda acceder al IMV es que haya trabajado doce meses en los últimos tres años. Mucha gente en exclusión social no cumple ese requisito”, señala Enrique Castro. 

La gestión del IMV no es el único trámite con obstáculos. Los colectivos movilizados denuncian que hay colapso en las solicitudes de las ayudas a desempleados mayores de 52 años, en las bajas por paternidad o en las incapacidades laborales. 

Son diversos los barrios en los que asociaciones y colectivos se han organizado para ayudar a la gente a hacer sus trámites. “Hay colas diarias. Los casos de pobreza son un goteo constante, es como cuando te meten en el hospital y te ponen el gota a gota: constante, constante, gente que va a ser desahuciada, gente que necesita alimentos”, indica Ana Isabel de Marea Básica. 

Guillermo Escobar, profesor en la Universidad de Alcalá, es uno de los redactores de las enmiendas enviadas a los grupos parlamentarios. Algunos les han respondido, otros no. “El Gobierno basa el planteamiento de su ley en el derecho de la Constitución a la Seguridad Social: prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad. Pero estas prestaciones no son suficientes, no están cumpliendo el mandato constitucional”, indica Escobar. 

Por eso la Plataforma solicita una Renta Básica de Emergencia, “inmediata, que no precise de tantos trámites y que el próximo año ya Hacienda reestructure y revise, pero sin los filtros actuales que dejan fuera a muchas personas que realmente necesitan urgentemente una renta digna”, dice Hontanares. 

“España tiene que reordenar su sistema de protección. De más de 700.000 solicitudes del IMV solo se han gestionado algo más de 74.000 de oficio”. 

Los colectivos involucrados en estas demandas tienen intención de repetir protestas como las celebradas este martes en Madrid, Córdoba, Mérida, Badajoz, Zaragoza, Teruel, Valencia, Lleida y Valladolid.