CGT ha puesto negro sobre blanco sus reivindicaciones para la huelga general del 11 de noviembre por la vivienda y los salarios dignos. La organización plantea una agenda que une directamente alquileres, desahucios, vivienda pública y pérdida de poder adquisitivo: si el sueldo acaba en manos de rentistas y fondos, la vivienda también es una cuestión sindical.
La vivienda no puede seguir comiéndose el salario
CGT parte de una realidad que golpea cada vez a más trabajadores y trabajadoras: una parte creciente de los ingresos se destina al alquiler o a la hipoteca, mientras independizarse, permanecer en el barrio o acceder a una vivienda estable se convierte en un lujo. El sindicato rechaza que cualquier subida salarial termine absorbida por unos precios inmobiliarios que siguen creciendo muy por encima de la capacidad económica de muchas familias.
La organización insiste en que vivienda y trabajo no son conflictos separados. Si una persona trabaja pero no puede mantener un techo, el salario deja de cumplir su función más básica. Por eso CGT quiere llevar el 11N a empresas y centros de trabajo, con asambleas, presión sindical y participación en los comités de huelga de barrios y pueblos.
Primera exigencia: bajar de verdad el precio de la vivienda
CGT reclama límites máximos reales que impidan que una necesidad básica siga sometida a la especulación. No plantea ayudas que terminen alimentando precios más altos, sino una reducción efectiva del coste de la vivienda para que tener un techo no obligue a entregar la mayor parte de la nómina.
Recuperar vivienda en manos de fondos y grandes especuladores
La segunda gran reivindicación apunta directamente a los fondos de inversión y grandes propietarios. CGT defiende mecanismos para recuperar viviendas acumuladas con fines especulativos e incorporarlas a un parque público accesible. También reclama eliminar ventajas fiscales de figuras utilizadas por grandes operadores inmobiliarios, como SOCIMI y otros vehículos de inversión.
Regular alquileres temporales, habitaciones y contratos permanentes
El sindicato advierte de que el alquiler de temporada y por habitaciones se ha convertido en una vía para esquivar límites y derechos existentes en el mercado residencial. Propone modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, cerrar esas vías de escape y recuperar contratos de alquiler de larga duración, con derechos estables para las personas inquilinas y sin mecanismos indirectos para disparar las rentas.
Ni un desahucio sin alternativa
CGT exige una moratoria de los desalojos cuando no exista una alternativa habitacional digna. La organización relaciona esta exigencia con los casos que han sacudido las últimas movilizaciones por la vivienda y denuncia que la pérdida del hogar no puede seguir tratándose como un problema privado de quien no llega a pagar.
Para el sindicato, la respuesta debe situar el derecho a una vivienda por delante del negocio inmobiliario. El 11N pretende convertir esa exigencia en fuerza colectiva y no dejarla reducida a declaraciones institucionales.
Salarios ligados al IPC y al coste real de vivir
La quinta reivindicación entra de lleno en el terreno laboral: CGT reclama que los salarios aumenten, como mínimo, al ritmo de la inflación y teniendo en cuenta el peso real de la vivienda. La organización sostiene que alquileres e hipotecas absorben en muchos hogares una parte enorme de los ingresos y que cualquier negociación salarial que ignore ese coste condena a seguir perdiendo poder adquisitivo.
La idea de fondo es sencilla: subir salarios mientras suben todavía más los alquileres no mejora la vida de la clase trabajadora. Una parte del aumento acaba transferida directamente al mercado inmobiliario.
El 11N también se organiza en los tajos
CGT llama a su afiliación y al conjunto de trabajadores a discutir la huelga en los centros de trabajo, celebrar asambleas, implicar a comités y delegados y participar activamente en la organización territorial del paro. Su planteamiento es que el conflicto no puede quedarse únicamente en las plazas: debe entrar en las empresas.
La huelga general del 11 de noviembre quiere poner sobre la mesa una evidencia incómoda para quienes hacen negocio con una necesidad básica: si trabajar ya no garantiza poder pagar una vivienda, el problema no es que la gente viva por encima de sus posibilidades. El problema es un modelo que exprime el salario por dos lados: en el trabajo y a la hora de pagar un techo.
