Ley de fugas: cuando la policía asesinaba sindicalistas simulando que escapaban

La llamada ley de fugas permitió encubrir ejecuciones extrajudiciales de detenidos con el pretexto de que intentaban escapar. Su historia en la Barcelona del pistolerismo y la persecución contra la CNT.
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La llamada ley de fugas fue una práctica represiva mediante la cual agentes del Estado disparaban contra detenidos alegando que habían intentado escapar. No existió una ley con ese nombre que autorizase semejantes ejecuciones: era una coartada para encubrir muertes al margen de los tribunales. En la Barcelona de 1920 y 1921, esta fórmula quedó asociada a la ofensiva contra el sindicalismo de la CNT y al clima de violencia del pistolerismo.

Representantes obreros de Barcelona en 1919, entre ellos Salvador Seguí
Comité obrero de Barcelona en 1919, entre sus integrantes Salvador Seguí. Fotografía de Alessandro Merletti, publicada en Nuevo Mundo el 21 de noviembre de 1919. BNE / Wikimedia Commons, dominio público. Imagen anterior al episodio histórico tratado.

Qué significa ley de fugas

El mecanismo consistía en presentar una muerte bajo custodia policial como el resultado de una fuga: según la versión oficial, el detenido había intentado huir y los agentes lo habían abatido. De esa manera se pretendía eludir un juicio y hacer recaer la responsabilidad sobre la propia víctima. Para las organizaciones obreras, el mensaje era aterrador: una detención podía terminar en una ejecución sin sentencia. El término se utilizó también en sentido más amplio para denunciar asesinatos de detenidos que no seguían exactamente ese procedimiento. Conviene diferenciar ambos significados cuando se reconstruye un caso concreto.

Barcelona, el pistolerismo y el poder de Martínez Anido

La Barcelona industrial de comienzos del siglo XX vivía conflictos por salarios, jornadas y reconocimiento sindical. La CNT había consolidado los sindicatos únicos y demostrado su capacidad de paralizar la producción durante la huelga de La Canadiense de 1919. La patronal respondió con cierres y una ofensiva contra los delegados obreros, en un escenario donde actuaban también grupos armados y el Sindicato Libre. El nombramiento de Severiano Martínez Anido como gobernador civil en noviembre de 1920 y la jefatura policial de Miguel Arlegui marcaron una nueva fase de represión. No se trató de una mera disputa entre organizaciones: el aparato estatal participó en una persecución que afectó directamente a la capacidad de los trabajadores para organizarse.

El 30 de noviembre de 1920 fueron deportados a la fortaleza de la Mola, en Menorca, decenas de militantes de la CNT y otros detenidos. Entre ellos se encontraba Lluís Companys. Ese mismo día fue asesinado Francesc Layret, abogado y diputado que defendía a trabajadores perseguidos. La respuesta de la CNT mediante una huelga general no consiguió detener la ofensiva. Muchos delegados y cuadros sindicales habían sido encarcelados, deportados o sometidos a vigilancia y amenazas.

Detenidos a los que se disparaba durante el traslado

Uno de los episodios tempranos tuvo lugar en diciembre de 1920. Gregorio Daura fue detenido junto al tintorero Pedro Saltó tras un incidente en el Camp de l’Arpa. Las noticias de la época recogieron la afirmación policial de que Daura había intentado escapar mientras lo trasladaban y de que recibió un disparo que le causó una herida grave. El caso acabaría identificado como antecedente de la ley de fugas aplicada a sindicalistas, aunque es importante no convertir a Daura en una víctima mortal: las fuentes contemporáneas lo describen herido y hospitalizado.

Durante enero de 1921 los casos de detenidos muertos en circunstancias semejantes desataron una polémica pública. Las informaciones oficiales empezaron a ser cuestionadas por las organizaciones obreras, la prensa y representantes parlamentarios. Las conducciones nocturnas y a pie, la falta de testigos independientes y la censura ayudaban a sostener la impunidad. La expresión «ley de fugas» pasó a resumir una práctica en la que la policía se convertía al mismo tiempo en custodio, acusador y ejecutor.

Retrato de Severiano Martínez Anido, antiguo gobernador civil de Barcelona, en 1925
Severiano Martínez Anido, fotografiado en diciembre de 1925. Fue gobernador civil de Barcelona durante la represión de 1920-1922. Narodowe Archiwum Cyfrowe / Wikimedia Commons, dominio público.

Los asesinatos de Evelio Boal y Antoni Feliu

La violencia continuó por otros caminos. En la madrugada del 18 de junio de 1921 fueron asesinados en Barcelona Evelio Boal y Antoni Feliu, antiguos responsables de la CNT, poco después de ser puestos en libertad. Su muerte fue denunciada como parte de la represión impulsada bajo Martínez Anido. Sin embargo, no encaja exactamente en la modalidad clásica del detenido abatido por una supuesta fuga durante el traslado. Distinguir los procedimientos no suaviza la gravedad de los hechos: permite identificar con más precisión la responsabilidad de las autoridades, la actuación de pistoleros y las diferentes técnicas empleadas para perseguir a los sindicalistas.

Por qué pertenece al Diccionario Obrero

La ley de fugas no representa una norma jurídica, sino la denuncia de una ejecución extrajudicial presentada como actuación policial. Es una expresión inseparable de la historia de la lucha de clases en Barcelona, de los sindicatos únicos de la CNT y de las estrategias utilizadas para desarticular la organización obrera. Recordarla significa también exigir rigor: nombre de las víctimas, fechas, circunstancias, documentación de prensa y distinción entre hechos acreditados, testimonios e interpretaciones. El derecho a organizarse fue conquistado frente a prácticas que ponían en peligro la vida misma de quienes sostenían los sindicatos.

Fuentes

A cien años de la Ley de Fugas: el terrorismo de Estado en la Barcelona del pistolerismo, investigación histórica con documentación de prensa; CIRA, bibliografía de Manel Aisa sobre Barcelona 1917-1923; archivo fotográfico BNE / Wikimedia Commons.