Una caravana de la SAC recorrió 16 explotaciones agrícolas suecas para acercar el sindicato a los trabajadores migrantes y denunciar el uso de las prácticas profesionales como fuente de mano de obra barata.
La campaña de octubre de la organización anarcosindicalista sueca SAC, en la que participó Solidariska Lantarbetare, llevó la actividad sindical directamente a las explotaciones. En los últimos años, la sección de Estocolmo ha atendido un número creciente de conflictos relacionados con el cultivo y la ganadería. La periodista Vendela Engström documentó la iniciativa en Arbetaren el 13 de octubre de 2026.
Trabajadores a precio de aprendices
El programa de intercambio agrícola de JUF, vigente desde 1966 y dirigido a jóvenes de 18 a 29 años, prevé jornadas de hasta ocho horas diarias. Durante el primer semestre se abona la mitad del salario mínimo de convenio y durante el segundo, el 70 %. Como referencia, en el convenio de 2022-2023 la tarifa reducida para mayores de 19 años era de 63,24 coronas suecas por hora. La SAC considera que el sistema perjudica especialmente a trabajadores procedentes de África y Asia que ya poseen cualificación profesional.
Granjas que dependen de los trabajadores en prácticas
Según la documentación de la Agencia de Migraciones consultada por Arbetaren, varias explotaciones parecen superar el límite previsto por JUF: dos participantes por granja y uno adicional por cada cinco asalariados. La secretaria interina de JUF, Magdalena Birgersdotter, afirmó que la organización supervisa los centros y que en octubre había 176 participantes, de los aproximadamente 250 recibidos anualmente.
Organizarse frente al aislamiento
Pelle Sunvisson, organizador de la SAC, señala que la dependencia de la vivienda y de las cartas de recomendación favorece las represalias. En una granja lechera, un trabajador relató a los sindicalistas que hacía labores repetitivas sin formación efectiva ni remuneración de las horas extras. La visita permitió poner a su alcance información sobre los derechos laborales. La patronal Gröna arbetsgivare defendió el convenio especial por su finalidad formativa; el sindicato de alimentación Livs, también firmante, respondió subrayando la importancia de que los centros dispongan de convenio colectivo.
La dependencia del empresario y los vacíos de control
En su tribuna del 18 de noviembre, Pelle Sunvisson compara estas relaciones laborales con el antiguo sistema sueco de los statare, jornaleros agrícolas cuya remuneración incluía prestaciones en especie. Los participantes procedentes de Uganda, Filipinas o Uzbekistán se encuentran en una posición especialmente vulnerable por las restricciones migratorias. El organizador denuncia una diferencia salarial del 30 al 40 % respecto a las prácticas nacionales de un año, incluso cuando se cumple el convenio.
Sunvisson señala que la policía llegó a intervenir durante algunas visitas sindicales. Sin afiliados ni convenio en una explotación, el sindicato encuentra obstáculos legales para acceder al centro de trabajo. También denuncia accidentes evitables, pérdida de peso y problemas de salud derivados de estas condiciones. A su juicio, las inspecciones públicas no han garantizado la corrección de los abusos, y el límite de dos años aceptado por la central LO para reclamar determinadas deudas salariales perjudica a quienes tardan en denunciar.
La SAC exige intervenir sobre el sistema de contratación
En una tribuna posterior, publicada por Arbetaren el 18 de noviembre, Sunvisson amplió la denuncia con motivo de una reunión con la Agencia de Migraciones. Su organización ha detectado irregularidades en 15 de las 148 explotaciones que utilizaron los programas JUF o Bixter durante los últimos seis años. El balance inicial identificaba diez explotaciones con abusos y apenas dos donde el sindicato tenía una confianza razonable en el cumplimiento de las normas. Posteriormente se añadieron otras cinco a las denunciadas. Sunvisson señala casos de jornadas superiores a 300 horas mensuales y aplicación de productos fitosanitarios sin protección, incluso en centros visitados por JUF.
Sunvisson reclama suspender durante un año la concesión de permisos de residencia vinculados a estas prácticas, establecer garantías contra los abusos y compensar económicamente a los afectados. Como alternativa, plantea contratar a antiguos participantes como asalariados ordinarios. Recuerda que la asociación agraria LRF ya consiguió una excepción al incremento del umbral salarial requerido para determinados permisos de trabajo. La reivindicación sitúa la igualdad salarial y la libertad de organización en el centro del conflicto laboral.
Fuentes: Vendela Engström, Arbetaren (13/10/2026) · Pelle Sunvisson, Arbetaren (18/11/2026).





