Durante la huelga general del 11 de noviembre, trabajadores que participaban en piquetes informativos denunciaron golpes de porra y el uso de gas pimienta. También hubo cargas contra manifestantes en distintas ciudades y decenas de detenciones. Lo ocurrido no puede despacharse como una sucesión de incidentes inevitables. Cuando el ejercicio de un derecho fundamental termina con personas heridas, la responsabilidad del dispositivo policial y de quienes lo dirigen debe investigarse hasta el final.
Redacción Sindicalismo.org
La jornada reunió reivindicaciones salariales, denuncia del encarecimiento de la vivienda y movilizaciones en centros de trabajo y barrios. Mientras los sindicatos describían paros relevantes en la industria, los puertos, la logística y otros sectores, las intervenciones policiales ocuparon buena parte de la atención informativa. La experiencia de los piquetes vuelve a recordar una verdad incómoda: un derecho reconocido en la ley puede encontrar obstáculos materiales cuando los poderes públicos priorizan que la actividad económica continúe a cualquier precio.
Mercamadrid: gas pimienta contra quienes informaban de la huelga
Uno de los episodios más graves denunciados tuvo lugar en Mercamadrid. En los accesos al complejo, agentes antidisturbios utilizaron gas pimienta durante una intervención contra piquetes sindicales. Según las informaciones recogidas por AraInfo, entre 13 y 15 personas recibieron atención por contusiones e irritación ocular y se practicó una detención. RTVE confirmó que los sindicatos mayoritarios anunciaron acciones legales por la actuación policial. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, calificó el empleo de gas contra piquetes como un «absoluto escándalo» y reclamó responsabilidades penales.
Interior había ampliado el reparto de espráis antes de la huelga
El uso de gas pimienta durante el 11-N tiene un antecedente inmediato. El 28 de octubre, Sindicalismo.org informó de la ampliación del reparto de espráis de defensa en la Policía Nacional y de la actualización de las instrucciones que regulan su utilización. Según la información difundida por EFE y el Sindicato Unificado de Policía, la dotación distingue entre el RASS Stream 88 MK3, individual, y el MK9, destinado a intervenciones de orden público. La ampliación no significa que estos dispositivos se estrenaran en noviembre ni permite identificar, sin documentación adicional, qué modelo se empleó en Mercamadrid.
El protocolo descrito entonces contempla el uso del espray ante agresiones o resistencia activa que amenace la integridad de un agente, además de determinados supuestos de riesgo grave para la propia persona. Recomienda una distancia mínima de tres metros y obliga a dejar constancia de cada utilización en el atestado, incluso si el producto no alcanza a nadie. Deben registrarse quién intervino, cuándo y en qué circunstancias, los efectos observados y la asistencia sanitaria prestada. Por eso, ante las denuncias de los piquetes, Interior debe aclarar si se emplearon estos dispositivos, quién autorizó su uso y qué consta en los informes policiales.
Las orientaciones de Naciones Unidas sobre armas menos letales advierten de los riesgos de los irritantes químicos y desaconsejan utilizarlos contra personas que solo ofrecen resistencia pasiva o cuando ya están bajo control policial. También exigen especial cautela en espacios cerrados o sin vías de salida. Que un aerosol forme parte del equipamiento autorizado no convierte cualquier uso en necesario ni proporcionado. Las imágenes, los testimonios y los partes médicos del 11-N deben contrastarse con esas reglas y con la documentación de cada intervención.
La importancia del episodio trasciende el material utilizado. Un piquete informativo sirve para comunicar la existencia de una huelga, sus reivindicaciones y la posibilidad de secundarla. Puede haber conflictos sobre la ocupación de accesos o la circulación de vehículos, pero el uso de la fuerza debe ser necesario y proporcionado. Los sindicatos niegan que en Mercamadrid se dieran condiciones que justificaran la intensidad de la intervención. La actuación exige conocer las órdenes recibidas, el protocolo aplicado, las identificaciones de los agentes y la documentación médica de quienes resultaron heridos.
También hubo denuncias por cargas y empleo de aerosoles en las cocheras de la EMT madrileña, especialmente en Carabanchel, y actuaciones antidisturbios contra manifestantes en Gran Vía. La discusión no es un detalle de orden público: desalojar por la fuerza a quienes pretenden informar y convencer a otros trabajadores tiene consecuencias directas sobre la capacidad colectiva para sostener una huelga.
De Barcelona a València: una cadena de intervenciones
En Catalunya, los Mossos d’Esquadra intervinieron en el centro de Barcelona después de la manifestación del 11-N. La Directa difundió grabaciones de cargas y de agentes de paisano. En una de las imágenes, un policía de paisano llevaba una bandera de CGT junto a una detención. El sindicato denunció el uso de sus símbolos y exigió explicaciones al Departamento de Interior. Las imágenes muestran la bandera; la intención atribuida a su utilización es parte de la denuncia sindical y debe ser aclarada por las autoridades.
Sindicalismo.org publicó una información específica sobre ese episodio. Los hechos abren otro frente: una organización sindical no puede aceptar que la simbología que identifica a sus militantes se utilice sin explicación en una intervención policial, menos aún cuando esa intervención termina con detenciones.
En València, se denunciaron identificaciones y controles en el Pont de Serrans, además de actuaciones en las cocheras de la EMT y los accesos a Mercavalència. En Alacant, organizaciones sindicales y de vivienda denunciaron cargas y heridas en el entorno universitario. También se registraron intervenciones en Castelló. Las informaciones reunidas por AraInfo recogen denuncias y balances territoriales de sindicatos y colectivos, que deberán contrastarse en cada expediente.
La situación se repitió con particularidades distintas en Euskal Herria, donde se registraron detenciones relacionadas con los cortes y piquetes; en Málaga, con denuncias de cargas en las cocheras de la EMT; en Zamora, donde un piquete acabó con personas atendidas en urgencias; y en Granada, donde se denunciaron actuaciones contra huelguistas. No todos los incidentes fueron idénticos, pero la extensión de las quejas reclama una revisión del despliegue y no unas disculpas de trámite.
Setenta y cinco detenciones y más de mil incidencias
Según el balance publicado por Europa Press al cierre del 11 de noviembre, se habían comunicado al menos 75 personas detenidas y 1.044 incidencias en el conjunto del Estado. El recuento de Policía Nacional y Guardia Civil recogía al menos 39 detenciones hasta las 20.00 horas y se sumaban las cifras facilitadas por policías autonómicas. Son datos provisionales, elaborados en momentos diferentes de la jornada. No todas las detenciones se produjeron durante piquetes informativos, ni el número de incidencias equivale a una cifra de vulneraciones acreditadas de derechos.
Precisamente por eso debe exigirse transparencia. La Administración tiene que explicar cuáles fueron las causas concretas de cada detención, qué uso de la fuerza se autorizó, cuántas personas resultaron lesionadas, cuántos agentes actuaron sin identificación visible y qué procedimientos se han abierto tras las denuncias. Hasta entonces no corresponde presentar como probado judicialmente cada abuso denunciado; tampoco es aceptable despacharlos todos mediante una invocación genérica al orden público.
El Gobierno del PSOE debe responder por la Policía que dirige
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, forma parte del Gobierno encabezado por el PSOE. La Policía Nacional y la Guardia Civil responden a una cadena de mando que culmina en ese ministerio, mientras los cuerpos autonómicos dependen de sus respectivos gobiernos. Esta distinción institucional importa: la responsabilidad sobre Mercamadrid y las actuaciones de la Policía Nacional no se traslada a un adversario político por el mero hecho de que haya elecciones cerca.
El Gobierno de coalición se presenta como garante de derechos sociales. Sin embargo, esa condición no lo exime de responder por las actuaciones de sus fuerzas de seguridad. El apoyo público al derecho de huelga no basta si los piquetes encuentran gas pimienta y porras en los accesos a los centros de trabajo. A fecha de este artículo, las informaciones examinadas no permiten afirmar que se haya realizado una investigación independiente completa de los episodios denunciados. Esa carencia de rendición de cuentas es, precisamente, una de las razones para exigirla con urgencia.
No es la primera vez que Sindicalismo.org examina la actuación policial ante protestas laborales. Ya publicamos el artículo «Brutalidad policial contra protestas obreras y malos tratos en las cárceles, la sombra que planea sobre Marlaska». Las denuncias del 11-N vuelven a situar al ministro ante preguntas concretas sobre control político, protocolos policiales y protección de libertades fundamentales. No bastará con atribuir cada episodio a circunstancias operativas sin permitir un examen público de lo ocurrido.
La derechización policial y la neutralidad que exige el uniforme
El debate sobre la inclinación política de sectores policiales tampoco apareció de repente el 11-N. Un análisis publicado anteriormente por Sindicalismo.org recogía una investigación basada en 568 entrevistas del CIS a policías y militares: PP, Vox y Se Acabó La Fiesta sumaban el 81,2 % de las preferencias electorales declaradas en ese grupo. La cifra describe esa muestra y no permite adjudicar una ideología ni una conducta a cada agente; tampoco prueba que una carga determinada responda a instrucciones partidistas.
Pero la cuestión de fondo sigue abierta. Las organizaciones policiales corporativas y la presencia de corrientes ultraderechistas en su entorno han sido objeto de debate público y periodístico. La confianza en la neutralidad de quienes tienen el monopolio de la fuerza depende de que las instituciones investiguen las sospechas de parcialidad, impidan las actuaciones discriminatorias y sancionen los abusos acreditados. Una democracia no puede pedir a los manifestantes confianza ciega mientras exige a las víctimas una paciencia infinita.
Ayuso, PP y Vox: del insulto al proyecto antisindical
La represión del 11-N se produjo en medio de una ofensiva verbal muy concreta contra las organizaciones de trabajadores. El 5 de noviembre, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso calificó la convocatoria de «corrupción mafiosa» y atacó a UGT y CCOO como «mafia sindical». El 10 de noviembre, según publicó El País, explicó que había pedido a Alberto Núñez Feijóo que pusiera fin a lo que llamó «basura sindical» si llegaba a La Moncloa.
Son declaraciones de la presidenta de una comunidad autónoma, no simples exabruptos pronunciados fuera del debate político. Deslegitiman a las organizaciones que defienden salarios, convenios y condiciones de vida y presentan una huelga general como un problema moral de quienes la convocan. El PP y Vox han acompañado la confrontación con críticas a los sindicatos, a su financiación y a la propia oportunidad de la movilización. Es legítimo discutir políticas sindicales; otra cosa es utilizar el insulto y la sospecha permanente para debilitar socialmente el derecho de organización.
De las palabras de Ayuso no puede deducirse por sí sola una reforma futura concreta de los derechos laborales: esa afirmación exigiría propuestas legislativas y decisiones verificables. Sí revelan un clima político en el que se trata a la organización sindical como una anomalía que habría que hacer desaparecer. El movimiento obrero tiene razones históricas para mirar con preocupación ese discurso. Las libertades sindicales no se erosionan únicamente mediante nuevas leyes; también pueden sufrir cuando se normaliza la hostilidad hacia quienes las ejercen.
Los piquetes no son una anomalía: forman parte de la huelga
El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho de huelga y la legislación reconoce a los trabajadores en huelga facultades de difusión e información. Un piquete no adquiere por ello permiso para emplear violencia o coacciones; tampoco puede convertirse cualquier presencia colectiva en la puerta de una empresa en motivo automático de dispersión policial. El equilibrio debe resolverse con respeto a los derechos fundamentales, con intervenciones justificadas y con medios proporcionados.
El 11-N ha mostrado lo fácil que resulta deteriorar ese equilibrio cuando se coloca la continuidad de la actividad económica por encima del ejercicio efectivo de la huelga. A los sindicatos se les exige cumplir procedimientos, comunicar convocatorias, soportar servicios mínimos y documentar sus acciones. Las administraciones deben cumplir también sus obligaciones: identificar agentes, garantizar la legalidad de los dispositivos, conservar las grabaciones y responder por las lesiones y detenciones que resulten injustificadas.
Por eso las acciones legales anunciadas por CCOO, UGT y otras organizaciones no deberían quedarse en un debate de titulares. Cada caso necesita pruebas, acompañamiento jurídico y seguimiento público. La denuncia de una agresión concreta merece una respuesta concreta, sin convertir a las personas afectadas en una cifra más del balance policial.
Después de la huelga, la defensa de los derechos continúa
La movilización del 11-N terminó, pero las reivindicaciones que la impulsaron siguen abiertas: salarios, vivienda, convenios y capacidad de organización en centros de trabajo cada vez más fragmentados. También queda abierta la exigencia de responsabilidades por las actuaciones policiales. Para esta redacción, defender el derecho de huelga implica denunciar su vulneración cuando la protagoniza un gobierno conservador y cuando ocurre bajo un Ejecutivo que se llama progresista. No hay motivo para conceder indulgencia institucional a unas porras por el color político del ministerio del que dependen.
La valoración de CGT tras la huelga plantea la continuidad de la organización y la movilización. Y el seguimiento de las detenciones del 11-N seguirá siendo imprescindible para saber qué ocurrió con cada persona afectada. Una jornada de huelga no se mide solamente por lo que se detuvo, sino también por los derechos que sus participantes fueron capaces de ejercer y defender.
Fuentes y referencias: AraInfo — balance y crónica de la represión del 11-N; RTVE — sindicatos anuncian acciones legales por violencia policial; Europa Press — 75 detenciones y 1.044 incidencias; Europa Press — declaraciones de Ayuso del 5 de noviembre; El País — Ayuso pide a Feijóo acabar con los sindicatos, 10 de noviembre; El País — reacciones de Gobierno, PP y Vox; El Salto — análisis del CIS sobre preferencias electorales en policías y militares. Fotografía destacada: manifestación del 11-N, imagen aportada a Sindicalismo.org. Fotografía interior: El Salto.
Nuevas denuncias del Sindicato de Inquilinas de Madrid
En su valoración del 12 de noviembre, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha denunciado una escalada de intervenciones policiales durante la huelga. Su portavoz, Alicia Del Río, criticó el uso de gas pimienta, los golpes y las identificaciones de participantes, y reclamó responsabilidades al Gobierno que dirige las fuerzas policiales estatales. La organización considera que la defensa de los piquetes informativos y la libertad de manifestación será una cuestión central en la continuidad de la lucha por la vivienda.
Estas declaraciones se suman a los hechos recogidos en esta información y al balance de al menos 75 detenciones al terminar el 11-N. Las denuncias sindicales deben investigarse y las autoridades deben dar explicaciones sobre el empleo de la fuerza y la identificación de los agentes.
Actualización del 12 de noviembre. Fuente: El Salto, declaraciones del Sindicato de Inquilinas de Madrid.
