Santiago Abascal ha pasado de atacar las subvenciones sindicales a anunciar medidas contra los piquetes de huelga. El presidente de Vox afirmó el 10 de noviembre que la huelga general del 11-N «no debería ser legal»; durante la propia jornada prometió que, con respaldo electoral suficiente, «nunca más habrá piquetes informativos en España cerrando los negocios». Este jueves 12 ha defendido eliminar o reducir drásticamente la financiación pública de sindicatos, patronales y partidos. Sus declaraciones sitúan en el centro del debate dos cuestiones distintas: los fondos públicos y las garantías del derecho de huelga.
Agencias Confederales · 12 de noviembre de 2026
Una promesa contra los piquetes pronunciada durante la huelga
El 11 de noviembre, en un acto de precampaña en Tarragona, Abascal acusó a CCOO y UGT de organizar una huelga contra la oposición y contra quienes querían trabajar. En su propia página oficial, Vox recogió la promesa de que «nunca más habrá piquetes informativos en España cerrando los negocios» si obtiene el apoyo suficiente. El dirigente se refirió además a participantes en los piquetes mediante acusaciones de violencia y los presentó como instrumentos del Gobierno de Pedro Sánchez.
La frase establece una distinción que no debe ocultarse: Abascal habló específicamente de piquetes que, según él, cierran negocios o impiden trabajar. No ha presentado en esa intervención una propuesta legal detallada que suprima todos los piquetes informativos. Sin embargo, sus declaraciones del día anterior fueron más lejos en relación con la huelga misma: sostuvo que la convocatoria «no debería ser legal», según informó la Cadena SER el 10 de noviembre. Es una posición política de especial alcance porque el derecho de huelga está protegido constitucionalmente.
Las acusaciones contra los sindicatos durante el 11-N
Durante la jornada del paro, Abascal difundió otro mensaje en el que calificó a los sindicatos de «mafiosos» y acusó a sus piquetes de coaccionar a comerciantes y trabajadores. Europa Press recogió el 11 de noviembre esas declaraciones. El 12 insistió en presentar la huelga como un fracaso y como una acción del Gobierno y las centrales sindicales. Frente a esa lectura, CCOO, UGT, CGT y otras organizaciones reivindicaron los paros en centros industriales, las movilizaciones territoriales y la defensa de las condiciones de vida, con datos de seguimiento muy distintos de los ofrecidos por las patronales.
Los episodios de violencia o coacciones deben investigarse individualmente y no justifican atribuir conductas delictivas al conjunto de los huelguistas. Del mismo modo, las denuncias sindicales por cargas policiales, golpes y uso de gas pimienta durante el 11-N exigen esclarecimiento. Sindicalismo.org ha documentado las denuncias de actuaciones policiales y actualizado el balance de detenciones.
Ayuso pide a Feijóo que acabe con «esta basura sindical»
Las declaraciones de Abascal se han producido mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arremetía contra los sindicatos convocantes. El 5 de noviembre, en la Asamblea de Madrid, Ayuso calificó la huelga del 11-N de «corrupción mafiosa» y acusó a UGT y CCOO de integrar una «mafia sindical». Sus acusaciones incluían cifras de subvenciones que presentó como prueba de dependencia política, sin que esas cifras por sí solas acrediten las conductas delictivas que sugieren expresiones como «mafia».
El 10 de noviembre, entrevistada en Antena 3, Ayuso aseguró que había hablado con Alberto Núñez Feijóo y le había pedido que le prometiera que «toda esta basura sindical se va a acabar». Según su relato, el presidente del PP contestó: «No lo dudes». Es una conversación referida públicamente por Ayuso; no consta por estas palabras una medida específica anunciada por Feijóo.
Ya el 11-N, Ayuso acusó a los sindicatos de mantener a la población «secuestrada» en las carreteras por los cortes vinculados a la jornada de huelga. Y hoy, 12 de noviembre, ha insistido en la expresión «mafia sindical» y ha hablado de «terror sindical» en el pleno de la Asamblea. Ha sostenido que los convocantes pretendían obligar a otros trabajadores a secundar el paro. Estas acusaciones deben atribuirse a quien las formuló; no equivalen a hechos acreditados contra el conjunto del movimiento sindical.
Feijóo y otros dirigentes del PP cuestionan la convocatoria
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió el 3 de noviembre la desconvocatoria de la huelga y la definió como un «grave error» después del accidente ferroviario de Urda. Según recogió RTVE, dijo expresamente que no cuestionaba el derecho constitucional de huelga, sino su oportunidad, y acusó a los promotores de dirigirla contra la oposición. Esa posición no es idéntica a la afirmación de Abascal de que el 11-N «no debería ser legal», aunque ambos desacreditaron públicamente los motivos de la movilización.
La cobertura de elDiario.es del 11 de noviembre recogió también las críticas de distintos dirigentes del PP, entre ellos Miguel Tellado, contra CCOO y UGT, presentados como organizaciones subordinadas al Gobierno. Los sindicatos respondieron que la vivienda, los salarios y los servicios públicos afectan a la vida de los trabajadores con independencia del calendario electoral. Las críticas de dirigentes del PP y Vox se desarrollan así en un mismo debate público, pero sus formulaciones y propuestas deben distinguirse para no atribuir a todo el partido una promesa que haya hecho uno de sus miembros.
La Constitución reconoce la huelga y la libertad sindical
El artículo 28 de la Constitución reconoce tanto la libertad sindical como el derecho de huelga para la defensa de los intereses de los trabajadores. El artículo 6.6 del Real Decreto-ley 17/1977 permite a los huelguistas informar pacíficamente sobre el paro y recaudar fondos sin coacción. La misma norma protege la libertad de quienes no quieran secundar la huelga. Proteger a las personas frente a amenazas y agresiones es compatible con el mantenimiento de los piquetes informativos pacíficos; no equivale a suprimir la actividad de información sindical.
Por eso importa concretar cualquier propuesta de reforma: perseguir coacciones ya prohibidas por el ordenamiento es algo distinto de restringir la presencia de piquetes, limitar la difusión de las convocatorias o poner en cuestión la legalidad de una huelga general. Abascal no ha explicado todavía en las declaraciones examinadas cómo encajaría su anunciada política con esas garantías constitucionales.
Recortar las subvenciones no significa abolir los sindicatos, pero sí abre otro conflicto
Este jueves 12 de noviembre, en una entrevista en Antena 3 recogida por El País, Abascal aseguró que quiere que las ayudas públicas a sindicatos, organizaciones patronales y partidos sean «eliminadas o sean reducidas drásticamente». Indicó que la medida dependería del resultado de las elecciones del 29 de noviembre y afirmó que también afectaría a Vox, formación que recibe financiación pública. Su argumento es que esas organizaciones deberían sostenerse fundamentalmente con las aportaciones de sus integrantes.
Los modelos de financiación sindical son distintos: algunas organizaciones dependen principalmente de las cuotas de afiliación; otras reciben recursos públicos vinculados a funciones de representación, formación o diálogo social. Esa diversidad no altera el reconocimiento constitucional de la libertad sindical ni del derecho de huelga. El alcance de los recortes anunciados por Vox sigue sin concretarse en una propuesta legislativa.
La reducción de financiación pública y la limitación del derecho de huelga no son medidas equivalentes, ni hay que presentarlas como si ya se hubieran aprobado. Pero las declaraciones se han producido de forma consecutiva: primero se cuestionó la legitimidad de la convocatoria, después se prometió actuar contra determinados piquetes y finalmente se planteó eliminar o recortar los fondos sindicales. Esa secuencia, documentada entre el 10 y el 12 de noviembre, explica la preocupación expresada por organizaciones de trabajadores.
El conflicto que permanece tras la huelga
La convocatoria del 11-N tuvo como reivindicaciones la mejora salarial, el acceso a la vivienda y la defensa de los servicios públicos. Sus organizadores consideran que la actividad sindical no se agota en una jornada de paro y han anunciado la voluntad de mantener la movilización. El debate político posterior se concentra ahora también en la posibilidad de restringir los mecanismos colectivos con los que se preparan y sostienen las huelgas.
Una noticia sobre estas declaraciones no debe confundir una propuesta de partido con una ley aprobada, ni una acusación política con un hecho judicialmente probado. Sí permite constatar que el principal dirigente de Vox ha cuestionado expresamente la legalidad del 11-N y ha anunciado su intención de intervenir sobre los piquetes, mientras plantea una reducción sustancial de la financiación sindical. Son tres posiciones verificables y con consecuencias diferentes para el debate sobre los derechos laborales.
Fuentes: Vox, comunicado oficial del 11 de noviembre; Cadena SER, 10 de noviembre; Europa Press, 11 de noviembre; El País, 12 de noviembre; Constitución Española, artículo 28; Real Decreto-ley 17/1977, artículo 6. Europa Press, declaraciones de Ayuso del 12 de noviembre; Europa Press/Última Hora, Ayuso y Feijóo, 10 de noviembre; RTVE, declaraciones de Feijóo del 3 de noviembre; elDiario.es, 11 de noviembre. Fotografía destacada: Feijóo y Abascal, imagen de archivo de 2023.
