CGT Región de Murcia y el Sindicato de Vivienda de Murcia han llamado a convertir la huelga general del 11 de noviembre en una paralización efectiva del trabajo, la producción y el consumo. Las dos organizaciones defienden que no basta con manifestarse: quieren trasladar a las empresas, a las administraciones y a los grandes propietarios la fuerza de quienes sostienen la economía todos los días y, sin embargo, tienen cada vez más dificultades para pagar un alquiler.
El llamamiento se hizo público tras una asamblea de afiliadas y afiliados y una comparecencia celebrada en la sede regional de CGT, en la calle Floridablanca de Murcia. José Antonio Caravaca, responsable de Acción Sindical de CGT en la Región, defendió que la vivienda no es un asunto separado del mundo laboral. Un salario puede estar fijado en un convenio, pero su capacidad para sostener una vida digna se deshace cuando el alquiler consume una parte creciente de la nómina.
Una huelga que quiere salir de los centros de trabajo
Edu González, del Sindicato de Vivienda de Murcia, reivindicó el trabajo conjunto desarrollado durante los últimos meses con organizaciones sindicales y colectivos vecinales. La intención es que el 11-N no quede reducido a un paro laboral aislado, sino que alcance también los barrios, las calles y los hábitos de consumo. El movimiento por la vivienda considera que los rentistas y los especuladores no pueden permanecer al margen de una convocatoria que nace precisamente del encarecimiento de los hogares.
La apuesta por la huelga de consumo busca que la protesta se note más allá de las puertas de las fábricas y oficinas. No comprar durante la jornada, sumarse a las movilizaciones y organizarse con otras personas trabajadoras forman parte de una misma estrategia de presión. La convocatoria está dirigida también a quienes no tienen empleo, a estudiantes, pensionistas y personas que sostienen trabajos de cuidados no remunerados.
González situó la convocatoria frente a un problema que afecta a toda la clase trabajadora, aunque no de la misma manera. Las familias que alquilan una habitación, las personas migrantes sometidas a contratos precarios y quienes no consiguen emanciparse son algunos de los sectores para los que la vivienda se ha convertido en una carrera imposible.
De 440 a 900 euros por un piso de 90 metros cuadrados
Durante la comparecencia, Alhambra Estévez, de CGT Murcia, expuso datos sobre el encarecimiento del alquiler en la capital. Según las cifras presentadas por la organización, el precio por metro cuadrado habría aumentado cerca de un 96 % desde 2015 y rondaba los diez euros en septiembre de 2026. En términos prácticos, el alquiler de una vivienda de 90 metros cuadrados habría pasado de unos 440 a alrededor de 900 euros mensuales.
La consecuencia es fácil de reconocer en cualquier hogar con ingresos modestos: el sueldo se cobra y una parte enorme desaparece antes de empezar el mes. Además de los alquileres, el sindicato denunció la compra de inmuebles por capitales inversores, la conversión de bajos comerciales en alojamientos deficientes y las situaciones de familias que viven sin los suministros o servicios esenciales.
Los datos ofrecidos en la rueda de prensa son cifras manejadas por las organizaciones convocantes. Su denuncia apunta a una cuestión de fondo: mientras la vivienda funcione como una vía de rentabilidad financiera, disponer de un empleo no garantiza por sí solo poder acceder a un hogar.
La precariedad también golpea cuando se enferma o se pierde el empleo
CGT vinculó el problema habitacional con las condiciones de trabajo y la siniestralidad. Estévez recordó que, según las cifras expuestas por el sindicato, en la Región de Murcia se habían registrado más de 12.500 accidentes laborales con baja entre enero y agosto de 2026, además de once fallecimientos. Para las personas que viven al límite de sus ingresos, una baja médica o una pérdida de empleo puede convertirse rápidamente en un riesgo de impago del alquiler.
Las organizaciones también trasladaron su solidaridad a la plantilla del metal murciano, inmersa en su propio conflicto por el convenio colectivo. La coincidencia de ambas luchas pone de relieve que salarios, jornada, salud laboral y vivienda no son reivindicaciones ajenas entre sí: forman parte de las condiciones materiales con las que se vive y se trabaja.
Organización en los barrios y en los tajos
La preparación del 11-N en Murcia ya había impulsado asambleas y un comité popular de huelga para extender la convocatoria desde los centros de trabajo hasta los barrios. El nuevo llamamiento conjunto de CGT y el Sindicato de Vivienda insiste en ese objetivo: sumar fuerzas para que la jornada tenga capacidad de presión real y no se agote en una protesta simbólica.
Caravaca reclamó que la paralización del consumo vaya acompañada de una participación amplia en las calles. Las organizaciones consideran que solo una movilización sostenida puede disputar las decisiones que hoy dejan el derecho a la vivienda subordinado a los beneficios inmobiliarios.
El mensaje que sale de Murcia es claro: no basta con tener trabajo cuando el salario no permite pagar una casa. El 11 de noviembre, CGT y el movimiento por la vivienda quieren que esa contradicción deje de vivirse individualmente y se convierta en una respuesta colectiva.
