La sección sindical de CGT en Azahar Care Services, empresa que presta servicios de ayuda a domicilio en Gandia, denuncia retrasos e impagos de salarios, contratos a tiempo parcial que las trabajadoras no desean y diferencias entre las horas efectivamente realizadas y las que figuran en sus contratos. El sindicato advierte de que el deterioro de las condiciones laborales está empujando a profesionales con experiencia a abandonar el servicio y puede afectar a la atención que reciben las personas mayores y dependientes.
La denuncia, difundida este 5 de noviembre, señala a Azahar Care Services, vinculada a Atentia Azahar, por una situación que la plantilla sostiene que viene arrastrando desde hace meses. Las auxiliares de ayuda a domicilio atienden a personas con movilidad reducida, alzhéimer y otras necesidades de apoyo cotidiano, un trabajo que exige formación, continuidad y una relación de confianza con las familias.
Trabajar más horas de las contratadas y seguir a tiempo parcial
Una de las quejas centrales es la distancia entre los contratos y la actividad real. Según la representación de CGT, algunas trabajadoras permanecen sujetas a jornadas parciales involuntarias pese a que desean ampliar sus horas y existen necesidades de cobertura. También denuncian diferencias entre el tiempo trabajado y el declarado, una situación que, de acreditarse, podría repercutir en las nóminas y las cotizaciones futuras.
La sección sindical pide aplicar los procedimientos de ampliación de jornada del VIII Convenio Marco Estatal de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. Reclama igualmente regularizar las horas efectivamente prestadas y adaptar los contratos a la actividad realizada, en lugar de trasladar la falta de personal a quienes ya sostienen el servicio.
La Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, en el punto de mira
CGT asegura disponer de documentación sobre posibles diferencias en las cotizaciones a la Seguridad Social y anuncia que trasladará los hechos a la Inspección de Trabajo y a la Tesorería General para que los examinen. Por ahora se trata de irregularidades denunciadas por el sindicato, no de infracciones confirmadas por una resolución administrativa o judicial.
La organización también cuestiona la supervisión de las empresas que prestan atención domiciliaria con financiación pública. No basta con contratar un servicio y comprobar que se realizan las visitas, sostiene la crítica sindical: las administraciones responsables deben velar por la estabilidad de las plantillas, el respeto al convenio y la continuidad de las prestaciones.
Un conflicto que se remonta al menos a comienzos de año
Las denuncias no empiezan en noviembre. En enero, trabajadoras de la empresa ya señalaron retrasos en el pago de las nóminas. En marzo, la sección sindical acusó a la dirección de negarse a abonar el salario mínimo interprofesional en las condiciones reclamadas por la plantilla. El 1 de abril, las auxiliares salieron a las calles de Gandia en una manifestación que terminó ante las instalaciones de la compañía, en la plaza de España.
Aquella protesta recorrió la ciudad desde la zona de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Bajo las banderas de CGT, las trabajadoras reclamaron salarios dignos y denunciaron incumplimientos. Su preocupación no era únicamente llegar a final de mes: las auxiliares explicaron a las familias que la continuidad de la atención también se resiente cuando las profesionales carecen de estabilidad y deben buscar otros empleos.
Los cuidados también dependen de los derechos de quienes cuidan
La continuidad de las auxiliares resulta especialmente importante en la atención a domicilio. Las personas dependientes no reciben únicamente una prestación de tareas: a menudo necesitan ayuda personal, seguimiento, horarios estables y profesionales que conozcan su situación. CGT teme que la salida de trabajadoras experimentadas, motivada por las condiciones laborales que denuncia, aumente la rotación y deteriore la calidad del servicio.
Por eso, la sección sindical exige pagos puntuales, cumplimiento del convenio, ampliación voluntaria de jornadas y regularización de las diferencias entre horas contratadas, realizadas y cotizadas. El conflicto vuelve a plantear una pregunta a las administraciones públicas que financian los cuidados: qué mecanismos existen para impedir que el precio de la externalización se sostenga sobre la precariedad de las trabajadoras.
La posición de la empresa sobre estas denuncias no consta en las informaciones consultadas. Las cuestiones relativas a impagos, jornadas y cotizaciones quedan pendientes de contraste y, en su caso, de la investigación anunciada por CGT.
