La huelga indefinida de la enseñanza pública madrileña, iniciada el 14 de octubre, ha abierto un nuevo frente entre el profesorado movilizado y el Gobierno regional. El Comité de Huelga Mixto ha presentado un requerimiento formal a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, para exigir una negociación directa sobre sus reivindicaciones y advierte de que valorará acciones judiciales si la Administración no responde.
La reclamación llega después de varias jornadas de manifestaciones, asambleas y concentraciones ante la Consejería. Las organizaciones convocantes sostienen que mantener reuniones de la mesa sectorial no sustituye la obligación de negociar con el comité que representa el conflicto abierto. La Consejería, por su parte, afirma que mantiene el diálogo con representantes sindicales y que existen acuerdos anteriores sobre algunas materias.
Un requerimiento antes de acudir a los tribunales
El comité apela al artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, que contempla la negociación entre las partes durante una huelga. Su requerimiento reclama una reunión urgente y un proceso de negociación efectivo. No supone todavía una demanda judicial: es una advertencia formal de las medidas que pueden seguir si no se abre ese diálogo.
CGT, CNT, STEM, Solidaridad Obrera y distintas plataformas docentes participan en la convocatoria junto a otras organizaciones sindicales. El comité insiste en que su representación no debe confundirse con la composición de la mesa sectorial, un órgano ordinario de interlocución que reúne a interlocutores distintos.
Menos horas lectivas, ratios más bajas y salarios
La plataforma reivindicativa incluye reducir la carga lectiva a 17 periodos semanales en Secundaria y Formación Profesional y a 22 en Primaria, reforzar las plantillas y disponer de más personal para orientación y atención a la diversidad. Reclama también disminuir el número de alumnos por aula y adoptar medidas contra la segregación educativa.
La petición salarial plantea elevar en 600 euros mensuales el complemento específico general del profesorado de la enseñanza pública madrileña. El Gobierno regional considera económicamente inasumible la medida en los términos planteados. Además, las organizaciones convocantes demandan reducir la burocracia, incorporar auxiliares administrativos a los centros, mejorar la climatización y retirar el amianto de las instalaciones donde permanezca.
La controversia sobre las reuniones de Educación
El desencuentro se ha agravado porque la Consejería convocó encuentros sectoriales mientras seguía sin aceptar, según denuncian los convocantes, una mesa negociadora específica con el comité de huelga. La Administración sostiene que esos espacios permiten abordar cuestiones profesionales y acuerdos vigentes. Los huelguistas responden que el conflicto tiene una tabla reivindicativa propia que necesita negociación con quienes lo convocaron.
El comité ha criticado asimismo la reunión prevista este 27 de octubre con representantes de la enseñanza privada y concertada. Aclara que no cuestiona las reivindicaciones laborales de sus trabajadores, pero considera difícil justificar que exista disponibilidad para otros encuentros y no para negociar la huelga de la enseñanza pública.
Una tercera semana de movilizaciones
El 26 de octubre, centenares de docentes protagonizaron protestas ante la Consejería después de una intervención reivindicativa con sillas vacías en Callao. Los actos forman parte de un calendario que contempla nuevas concentraciones, acciones públicas y asambleas. Las organizaciones promotoras aseguran que mantendrán la huelga mientras no haya una respuesta negociada.
Las protestas también han evidenciado la tensión en las calles de Madrid, con cortes de tráfico y actuaciones policiales en algunas jornadas. El conflicto se sostiene sobre una discusión de fondo: la cantidad de tiempo que el profesorado puede dedicar a enseñar y atender al alumnado, los recursos de los centros y las condiciones laborales de quienes mantienen el sistema público.
Por ahora no hay acuerdo que permita dar por cerrado el conflicto. El paso siguiente depende de si la Consejería acepta una interlocución directa con el comité de huelga y de la valoración que haga el profesorado en sus asambleas. Las organizaciones convocantes advierten que, si persiste el bloqueo, no descartan acudir a los tribunales sin abandonar la movilización.
