La Confederación General del Trabajo (CGT) responde al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, después de que este planteara impugnar la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. La organización anarcosindicalista rechaza las acusaciones de electoralismo, reafirma la convocatoria y sitúa la vivienda, los salarios, las pensiones y los servicios públicos entre los principales motivos de la movilización.
La patronal amenaza con impugnar la huelga
La convocatoria de huelga general del 11 de noviembre ha provocado un nuevo enfrentamiento entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha planteado la posibilidad de impugnar el paro, al que ha calificado de electoralista, según recoge el comunicado difundido por CGT.
El Secretariado Permanente del Comité Confederal acusa a la patronal de intentar desacreditar una movilización que, sostiene, responde al deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población trabajadora. Rechaza que las reivindicaciones del 11-N estén subordinadas a intereses electorales.
El anuncio de una posible impugnación judicial no significa que la convocatoria haya sido suspendida ni declarada ilegal. CGT mantiene su llamamiento a la huelga general. Uno de los argumentos centrales del comunicado es la relación entre la precariedad laboral y la crisis de acceso a la vivienda. La organización sostiene que resulta imposible separar ambas cuestiones cuando una parte importante de los salarios termina destinada al alquiler o al pago de una hipoteca.
CGT vincula el encarecimiento de la vivienda y la especulación inmobiliaria con la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para desarrollar una vida digna. También incluye entre sus reivindicaciones la defensa de las pensiones, la sanidad y la educación públicas y unos servicios esenciales accesibles.
El sindicato defiende que el 11-N debe expresar un rechazo colectivo a la pérdida de poder adquisitivo, los problemas de vivienda y la precarización del empleo. Asegura que los intereses de la clase trabajadora no pueden quedar subordinados a los calendarios electorales y reivindica el derecho de huelga como herramienta fundamental de defensa colectiva.
El conflicto con la CEOE trasciende así las declaraciones de su presidente y abre una discusión sobre el derecho de los trabajadores a organizarse y movilizarse por cuestiones laborales y sociales.
Una movilización más allá de los centros de trabajo
CGT busca impulsar una jornada de huelga con repercusión en los centros de trabajo y de enseñanza, abierta también a la participación de los movimientos sociales relacionados con la vivienda y la defensa de los servicios públicos. La convocatoria pretende conectar reivindicaciones que a menudo se presentan por separado: salarios, alquileres, condiciones laborales, pensiones, sanidad y educación. La organización mantiene las tareas de preparación mediante asambleas, información a las plantillas y coordinación de movilizaciones.
Lejos de interpretar las declaraciones de Garamendi como un motivo para reconsiderar la huelga, CGT las presenta como una muestra de la preocupación empresarial ante una posible movilización de alcance estatal. El próximo 11 de noviembre pondrá a prueba la capacidad de movilización de los sindicatos y colectivos convocantes. Mientras tanto, CGT mantiene su posición: la huelga general sigue adelante y las declaraciones de la patronal no modifican sus planes.
