El 18 de octubre de 1934 terminó en Asturias una de las mayores insurrecciones obreras de la historia contemporánea española. Tras casi dos semanas de combate, el dirigente minero socialista Belarmino Tomás entró en Oviedo para negociar con el general Eduardo López Ochoa el cese de la resistencia. La rendición puso fin a una experiencia revolucionaria que había hecho de las cuencas mineras el principal foco de la huelga general convocada en toda España.
Una huelga que en Asturias se convirtió en revolución
La crisis estalló después de que tres ministros de la CEDA ingresaran, el 4 de octubre, en el Gobierno presidido por Alejandro Lerroux. Para una parte decisiva del movimiento obrero, aquella entrada abría la puerta a una involución autoritaria semejante a las que avanzaban en Europa. Al día siguiente comenzó una huelga general revolucionaria. En buena parte del país fue sofocada con rapidez; en Asturias encontró una organización, una base social y una capacidad de resistencia excepcionales.
La diferencia asturiana tenía raíces obreras. Meses antes se había constituido la Alianza Obrera, articulada en torno a la UGT y las organizaciones socialistas, a la que se incorporó de forma efectiva la CNT. Comunistas y otros grupos obreros también participaron en la insurrección. Bajo la consigna «UHP» —Uníos Hermanos Proletarios—, militantes procedentes de tradiciones enfrentadas construyeron una unidad de acción poco habitual. Esa convergencia permitió que la huelga se transformara en un levantamiento coordinado.
Las cuencas bajo control obrero
Desde el 5 de octubre, columnas de mineros ocuparon buena parte de las cuencas, tomaron cuarteles y fábricas de armas y avanzaron sobre Oviedo. Los comités revolucionarios organizaron el abastecimiento, el transporte, la vigilancia y la producción en las zonas controladas. No existió un modelo único: en unos lugares pesó más la dirección socialista; en otros, la influencia libertaria. Pero durante aquellos días se ensayaron formas de poder obrero en medio de una lucha armada cada vez más desigual.
El Gobierno declaró el estado de guerra y movilizó al Ejército. La Legión y los Regulares, trasladados desde el norte de África, se sumaron a las operaciones contra los insurrectos. Oviedo quedó devastada por los combates y, a medida que las fuerzas gubernamentales avanzaban, la resistencia se replegó hacia los valles mineros. La falta de munición, el aislamiento respecto del resto del país y la superioridad militar hicieron imposible prolongar el levantamiento.
El acuerdo del 18 de octubre
El 18 de octubre, Belarmino Tomás acudió al cuartel de Pelayo, en Oviedo, y acordó con López Ochoa las condiciones del final. Entre las preocupaciones de los negociadores obreros estaba impedir que las tropas coloniales encabezasen la entrada en las cuencas, donde se temían represalias indiscriminadas. Después, Tomás comunicó en Sama de Langreo que la lucha debía cesar. Los revolucionarios entregaron armas y prisioneros, aunque algunos grupos trataron todavía de escapar hacia las montañas.
La capitulación no trajo paz para los vencidos. Siguieron detenciones masivas, torturas, ejecuciones y una represión que alcanzó a militantes, organizaciones y poblaciones enteras. La insurrección también había dejado víctimas civiles y episodios de violencia contra religiosos y adversarios políticos. El balance humano continúa sujeto a discusión histórica, pero no lo está el alcance de la persecución posterior ni la conmoción política que recorrió el país.
La Revolución de Asturias quedó grabada en la memoria del movimiento obrero por la amplitud de la movilización minera, por la capacidad de organizar la vida cotidiana bajo condiciones extremas y, sobre todo, por la unidad alcanzada entre corrientes sindicales rivales. El 18 de octubre cerró la insurrección; no borró su consigna. «UHP» sobrevivió como símbolo de solidaridad de clase y como recordatorio de las posibilidades —y del coste— de la acción común.
