Fecha histórica: 3 de marzo de 1976. Lugar: barrio de Zaramaga, Vitoria-Gasteiz. Contexto: huelga obrera y represión policial.
El 3 de marzo de 1976, una huelga general paralizó Vitoria-Gasteiz. Cerca de cuatro mil personas se reunieron en una iglesia del barrio obrero de Zaramaga. La Policía Armada lanzó gases lacrimógenos al interior y abrió fuego contra quienes trataban de salir. Cinco trabajadores murieron por los disparos y decenas resultaron heridos de bala. Medio siglo después, aquella jornada sigue planteando una pregunta incómoda: quién respondió por las muertes.
Por Redacción Sindicalismo.org.
Una ciudad industrial en huelga
El invierno de 1976 encontró a Vitoria en plena transformación. La capital alavesa había atraído desde las décadas anteriores a miles de trabajadores procedentes de Castilla, Extremadura, Andalucía y otros territorios. Fábricas, talleres, barrios nuevos y viviendas levantadas deprisa habían modificado su paisaje. La prosperidad industrial convivía con salarios presionados por la inflación, jornadas largas, disciplina empresarial y una ausencia casi total de libertades sindicales.
Francisco Franco había muerto el 20 de noviembre de 1975, pero el aparato político y policial de la dictadura seguía funcionando. El derecho de reunión y la representación libre en las empresas no estaban garantizados. Las negociaciones laborales continuaban condicionadas por el Sindicato Vertical y por la intervención gubernativa. Por eso los trabajadores comenzaron a levantar sus propias estructuras: asambleas abiertas y comisiones representativas elegidas en los centros de trabajo, sin depender de los enlaces sindicales oficiales.
Enero de 1976: de Forjas Alavesas a las demás fábricas
El conflicto se abrió en Forjas Alavesas, cuya plantilla se puso en huelga a comienzos de enero, con el 9 de enero de 1976 como fecha de referencia en las reconstrucciones del movimiento obrero local. Pronto se extendió a Mevosa, empresa de vehículos industriales que acabaría integrada en el ámbito de Mercedes-Benz; Aranzábal, dedicada a la producción metalúrgica; Gabilondo; Cablenor; Cremalleras Areitio; Apellániz; Industrias Galicas y otros talleres de la ciudad. También hubo trabajadores movilizados en Orbegozo, Agrator, BASA y Grupos Diferenciales.
Las reivindicaciones variaban de una empresa a otra, aunque compartían un núcleo común. Se pedían aumentos salariales lineales —en distintas plataformas se mencionaron cantidades de 5.000 y 6.000 pesetas—, reducción de la semana laboral hacia las 40 o 42 horas, media hora para el bocadillo, mejores vacaciones, cobertura íntegra del salario durante determinadas bajas y jubilación a los 60 años. Pero había otra reivindicación igual de importante: que la plantilla pudiera elegir y reconocer a sus representantes sin la tutela del sindicato oficial.
La Coordinadora de Comisiones Representativas de Empresas en Lucha articuló una experiencia de sindicalismo asambleario de una amplitud poco habitual. Las negociaciones, la continuidad de los paros y las movilizaciones se discutían en reuniones que reunían a trabajadores de diferentes fábricas. Las iglesias de los barrios populares —entre ellas San Francisco de Asís, en Zaramaga— ofrecían espacios donde las asambleas podían celebrarse con cierta protección frente a la prohibición de reuniones.
Febrero: la huelga se convierte en un problema de toda la ciudad
El 16 y el 23 de febrero se convocaron jornadas de huelga general que no alcanzaron el seguimiento que conseguiría la siguiente. Mientras tanto, varias empresas llevaban semanas sin producción y las familias tenían cada vez más dificultades para mantenerse. Comercios y panaderías fiaban alimentos a los huelguistas. Las redes de solidaridad recaudaban dinero y recogían comida. La lucha comenzaba en los talleres, pero se mantenía en las casas y en los barrios.
Las mujeres tuvieron un protagonismo propio. Rosi Iñigo, trabajadora de Cremalleras Areitio, recordaría años después la organización de recogidas de alimentos y la colaboración entre trabajadoras asalariadas y mujeres dedicadas a los cuidados. No fue un apoyo pasivo: ayudaron a sostener la huelga en una ciudad en la que muchos hogares dependían de ingresos que habían desaparecido. Entre los rostros conocidos de la organización obrera aparecen asimismo Imanol Olabarria, trabajador de Cablenor, y Jesús Fernández Naves, uno de los referentes de las comisiones representativas.
El 3 de marzo se convocó una nueva huelga general, la tercera del conflicto. La participación fue extraordinariamente alta entre los trabajadores industriales y se extendió al comercio, los servicios y el movimiento estudiantil. Durante la mañana se registraron enfrentamientos con la Policía Armada y heridos por disparos. Por la tarde estaba prevista una asamblea general que permitiría valorar el resultado del paro y decidir los pasos siguientes.
3 de marzo, a las cinco de la tarde: Zaramaga
La cita era a las 17.00 horas en la iglesia de San Francisco de Asís, proyectada por el arquitecto Luis Peña Ganchegui y situada en el barrio obrero de Zaramaga. Cerca de 4.000 personas se reunieron en su interior y otras miles permanecieron alrededor. Los participantes eran trabajadores en huelga, mujeres, jóvenes, estudiantes y vecinos que habían acudido a conocer las decisiones de las asambleas.
La Policía Armada rodeó el templo y recibió la orden de desalojarlo. El operativo se desarrolló hacia las cinco de la tarde. Los agentes lanzaron gases lacrimógenos al interior de una iglesia abarrotada. El humo provocó asfixia y pánico. La gente trató de huir por las puertas y buscó aire rompiendo cristales y aberturas. Fuera, los efectivos policiales golpearon y dispararon contra quienes escapaban. Se utilizaron pelotas de goma y munición real.
Las grabaciones de las comunicaciones policiales, conservadas desde aquellos días, documentan el lenguaje utilizado durante la intervención y el conocimiento inmediato de su gravedad. Los hechos no pueden reducirse a una confusión entre manifestantes y fuerzas del orden: hubo una orden de desalojo, un recinto cerrado lleno de personas, lanzamiento de gas y disparos con armas de fuego contra los asistentes. El resultado quedó acreditado en testimonios, informes médicos, actuaciones judiciales y dictámenes históricos posteriores.
Cinco víctimas, cinco historias truncadas
El 3 de marzo y los días siguientes murieron cinco personas como consecuencia de los disparos policiales. Sus nombres, edades y vinculaciones laborales constan en la declaración oficial del lugar de memoria publicada en el Boletín Oficial del Estado en febrero de 2026.
Pedro María Martínez Ocio, de 27 años, trabajador de Forjas Alavesas, murió en el lugar de los hechos. Francisco Aznar Clemente, 17 años, panadero y estudiante, también perdió la vida allí. Romualdo Barroso Chaparro, 19 años, vinculado a Agrator, fue herido de gravedad y falleció poco después.
José Castillo García, 32 años, de BASA, grupo Arregui, murió posteriormente a consecuencia de las heridas. También falleció días después Bienvenido Pereda Moral, de 30 años, trabajador de Grupos Diferenciales. El balance oficial documenta 42 personas heridas de bala, además de las cinco víctimas mortales, al menos 47 hospitalizados y otros 30 atendidos que no precisaron ingreso. Las estimaciones generales de heridos son más amplias y superan el centenar.
5 de marzo: el entierro que recorrió Vitoria
El 5 de marzo de 1976, dos días después de los disparos, miles de personas acudieron a los funerales en la catedral de María Inmaculada y acompañaron los ataúdes por las calles. El movimiento obrero hizo del duelo una afirmación pública de solidaridad. Jesús Fernández Naves habló en nombre de las comisiones de trabajadores; familiares y vecinos reclamaron esclarecimiento y responsabilidades. La presencia del obispo Francisco Peralta Ballabriga fue recibida con reproches por parte de asistentes que cuestionaban su actuación durante el desalojo de la parroquia.
La represión y las movilizaciones se extendieron más allá de Álava. El 8 de marzo de 1976, durante las protestas solidarias en Basauri, Bizkaia, la Guardia Civil mató por disparos al trabajador Vicente Antón Ferrero. Su muerte no debe confundirse con las cinco víctimas de Vitoria, pero pertenece a la misma secuencia de protestas y violencia policial ocurrida después del 3 de marzo.
El Gobierno, la Policía Armada y las responsabilidades
El jefe del Gobierno era Carlos Arias Navarro y el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, que se encontraba fuera de España durante los hechos. Rodolfo Martín Villa ocupaba la cartera de Relaciones Sindicales. En Álava ejercía como gobernador civil Rafael Landín; también estaba presente en la cadena administrativa de seguridad José Antonio Zarzalejos Altares, director general adjunto de Seguridad. Identificar estos cargos es necesario para explicar el contexto institucional, pero no sustituye a la determinación judicial de responsabilidades individuales, que nunca llegó a producirse mediante una investigación penal efectiva.
La instrucción de los sucesos recayó entonces en la jurisdicción militar. El capitán de la Policía Armada Jesús Quintana Saracibar figuró entre los mandos que declararon sobre el desalojo; el instructor militar Cipriano Pérez Trincado terminó sobreseyendo el caso. Las familias y supervivientes han sostenido durante décadas una reclamación de verdad, justicia y reparación. La Asociación Martxoak 3 ha sido una de las impulsoras principales de esa memoria.
De 1976 a 2026: la memoria sigue abierta
En 2026, cuando se cumplieron cincuenta años de la matanza, el Estado declaró oficialmente Lugar de Memoria Democrática la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria. El acuerdo fue firmado el 12 de febrero y publicado en el BOE el 23 de febrero de 2026. El reconocimiento institucional recogió el carácter obrero de las asambleas, el lanzamiento de gases, los disparos y la identidad de las víctimas.
El 14 de octubre de 2026, la fiscal jefa de Álava, Carmen Cotelo, presentó ante los juzgados de Vitoria una solicitud de declaración judicial de hechos pasados, por la vía civil de jurisdicción voluntaria. La iniciativa, promovida a partir del trabajo de las víctimas y de la Asociación Martxoak 3, propone la declaración de 63 testigos y cuatro peritos si el tribunal admite su tramitación. No es una reapertura penal ni supone que se hayan depurado responsabilidades: el objetivo del procedimiento es establecer judicialmente hechos y contribuir al reconocimiento y la reparación.
El 3 de marzo de 1976 no fue solamente un episodio de represión policial. Fue también la expresión de una organización obrera capaz de unir fábricas, comercios, barrios, estudiantes y familias alrededor de reivindicaciones concretas. Quienes entraron aquella tarde en la iglesia de Zaramaga querían decidir cómo continuar una huelga. Salieron de ella —quienes pudieron salir— hacia una de las páginas más dolorosas de la historia del movimiento obrero. Recordar sus nombres, sus empresas y sus demandas es una forma de impedir que la memoria quede reducida a una fecha en el calendario.
Imagen destacada de archivo conservada en la biblioteca de Sindicalismo.org. Para esta reconstrucción se han contrastado testimonios de participantes, el dictamen histórico recogido en el BOE de 2026, documentación de la Asociación Martxoak 3 y la cronología judicial actualizada al 14 de octubre de 2026.
Para seguir investigando: el Archivo Histórico del Movimiento Obrero de Sindicalismo.org reúne otras huelgas, testimonios y conflictos de la historia obrera. También puedes leer la resistencia de Reinosa frente a la reconversión industrial de 1987, un proceso diferente que ayuda a situar la movilización obrera de aquellas décadas.
