Antonio Garamendi sostiene que una movilización de este tipo quedaría fuera del ámbito laboral. Sus declaraciones llegan mientras las protestas por la vivienda vuelven a poner sobre la mesa una cuestión difícil de separar del trabajo: cuánto salario queda después de pagar el alquiler.
Las movilizaciones por el derecho a la vivienda han vuelto a llenar las calles de numerosas ciudades y con ellas ha reaparecido una consigna que hasta hace poco parecía lejana: «Hace falta ya una huelga general». La posibilidad de trasladar el conflicto de la vivienda a los centros de trabajo ya ha provocado la reacción de la patronal.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cuestionado la legalidad de una eventual huelga general convocada por la vivienda. Durante su participación en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, celebrado en O Grove, sostuvo que no la considera «dentro de la legalidad» porque, a su juicio, la vivienda «no está dentro de un conflicto laboral».
Garamendi fue más lejos y anunció que la patronal acudiría «donde tenga que acudir» si finalmente se impulsara una convocatoria de estas características. También defendió la propiedad privada frente a las propuestas planteadas desde algunos sectores del movimiento por la vivienda.
¿Puede separarse la vivienda del salario?
La posición de la patronal abre un debate que va bastante más allá de la discusión jurídica sobre una futura convocatoria. Para millones de trabajadores, vivienda y salario forman parte de la misma cuenta a final de mes.
Cuando un alquiler absorbe el 40, el 50 o incluso un porcentaje superior de los ingresos de un hogar, una subida salarial puede desaparecer completamente con la siguiente actualización del alquiler. No basta con discutir cuánto se cobra sin hablar de cuánto cuesta vivir.
Es precisamente ahí donde el movimiento por la vivienda está encontrando un punto de conexión cada vez mayor con el movimiento sindical. El alquiler, las hipotecas, los suministros o los desahucios no suceden dentro de una fábrica o una oficina, pero condicionan directamente las condiciones materiales de quienes trabajan.
La vieja separación entre conflicto laboral y conflicto social se vuelve mucho menos clara cuando el salario deja de garantizar cuestiones tan básicas como disponer de una vivienda.
La huelga general entra en el debate
Las manifestaciones de este sábado han mostrado esa conexión. En Madrid, València, Cádiz y otras ciudades se han escuchado llamamientos a trasladar la movilización más allá de las calles y preparar una respuesta conjunta.
En ese contexto se ha impulsado una Mesa sindical por la huelga general, en la que participan organizaciones del movimiento de vivienda y sindicatos como CGT y Cobas, con la intención de ampliar los apoyos sindicales a una posible convocatoria.
Que el presidente de la CEOE haya decidido pronunciarse públicamente antes incluso de que exista una convocatoria definitiva muestra que la posibilidad de una huelga vinculada a la vivienda ha dejado de ser una simple consigna de manifestación y empieza a entrar en el debate político y sindical.
La última palabra sobre su legalidad no la tiene la CEOE
Conviene, sin embargo, diferenciar una posición empresarial de una conclusión jurídica. Que Garamendi considere ilegal una huelga por la vivienda no significa por sí mismo que jurídicamente lo sea.
La regulación española contempla límites a las huelgas que tengan una finalidad exclusivamente política o completamente ajena al interés profesional de las personas trabajadoras. Pero precisamente ahí estaría uno de los principales puntos de discusión: determinar hasta qué punto el acceso a la vivienda, el coste del alquiler y su repercusión sobre los salarios y las condiciones de vida pueden considerarse intereses vinculados a los trabajadores.
Si finalmente se convocara una huelga general con estas características y fuera impugnada, serían los tribunales, y no la patronal, quienes tendrían que pronunciarse sobre su legalidad concreta.
Vivienda, salarios y condiciones de vida
El debate que comienza a abrirse tiene una dimensión que trasciende una futura convocatoria. Durante décadas, buena parte de la negociación sindical se ha concentrado en el salario, la jornada y las condiciones dentro del centro de trabajo. Pero el encarecimiento de la vivienda está modificando esa realidad.
Un salario puede subir y, sin embargo, perder capacidad para garantizar una vida digna si el alquiler aumenta todavía más. Para una parte creciente de la población trabajadora, la lucha por el salario termina hoy en la puerta de casa.
Las movilizaciones por la vivienda están intentando convertir esa realidad cotidiana en organización colectiva. Y la rápida reacción de la principal organización empresarial española confirma, como mínimo, que la posibilidad de conectar vivienda y conflicto laboral ya ha entrado de lleno en la discusión sindical.
