USTEC·STEs (IAC), CGT y La Intersindical denuncian que la emergencia habitacional está afectando directamente al alumnado y reclaman detener un desahucio previsto para el 7 de octubre en Barcelona. Las organizaciones sostienen que no puede garantizarse la igualdad educativa cuando una parte de las familias vive bajo la amenaza de perder su vivienda.
Vivienda y educación, dos problemas que no pueden separarse
Los tres sindicatos advierten de que las condiciones en las que vive el alumnado condicionan inevitablemente su educación. La inseguridad residencial, las dificultades para pagar el alquiler o el riesgo de desahucio generan situaciones de estrés e incertidumbre que llegan también a las aulas. En su comunicado, la comunidad educativa señala que la escuela no puede compensar por sí sola unas condiciones materiales profundamente desiguales y recuerda que la pobreza afecta a una parte importante de la infancia y la juventud.
Un desahucio que afecta a familias de siete centros
La denuncia se produce ante el desahucio previsto para el 7 de octubre en el número 74 de la calle Llenguadoc de Barcelona. Según los sindicatos, la actuación de Thunder Optical Minur podría dejar sin vivienda a familias cuyos hijos e hijas están escolarizados en siete centros de la ciudad. Las organizaciones aseguran además que, según los datos de los que disponen, en el 70 % de los desahucios de Barcelona hay menores escolarizados.
Los sindicatos ponen el foco en las consecuencias cotidianas de la precariedad residencial: familias que reducen gastos de alimentación para pagar el alquiler, menores que no pueden acceder a actividades extraescolares y hogares sometidos permanentemente a la incertidumbre de no saber si podrán continuar en su vivienda el mes siguiente. A ello se añaden el estrés, la ansiedad y los problemas de sueño que estas situaciones pueden provocar.
Defender la educación también fuera de las aulas
USTEC·STEs, CGT y La Intersindical responsabilizan a las administraciones de no ofrecer respuestas suficientes y cuestionan un modelo inmobiliario que, a su juicio, antepone la rentabilidad al derecho a la vivienda. Reclaman medidas que garanticen la permanencia de las familias en sus hogares y anuncian su oposición al desahucio del próximo 7 de octubre.
El comunicado plantea una cuestión que trasciende este caso concreto: la igualdad educativa difícilmente puede existir cuando no están garantizadas unas condiciones mínimas de vida. Para las organizaciones convocantes, defender la educación pública implica también defender vivienda, alimentación y estabilidad para el alumnado. La crisis de la vivienda, concluyen, hace tiempo que dejó de quedarse en la puerta de casa: también se sienta cada mañana en los pupitres.
