Trabajadores de empresas auxiliares reclaman mejoras salariales, subrogación, protección durante las bajas y pluses que no puedan ser absorbidos. La movilización reúne ya a plantillas de más de 50 empresas.
Los trabajadores de las empresas auxiliares del metal de la Región de Murcia han intensificado sus movilizaciones ante la negociación del convenio colectivo. Buena parte de la protesta se concentra en las instalaciones industriales del Valle de Escombreras, Navantia y otros centros de Cartagena, donde las plantillas denuncian que los salarios han perdido capacidad para hacer frente al coste de la vida.
«La sensación es que trabajas prácticamente para malvivir», resume Manuel Arroyo, trabajador del metal desde 1999. Asegura que cobra apenas cien euros más que en 2003 y sitúa su salario en torno a los 1.250 euros. Para quienes dependen de un único sueldo, explica, afrontar vivienda, suministros, alimentación y desplazamientos resulta cada vez más difícil.
Las reivindicaciones van más allá de una subida salarial. Los trabajadores reclaman subrogación cuando cambia la empresa adjudicataria, mejoras en los complementos de incapacidad temporal, pluses vinculados a determinados centros de trabajo y garantías para impedir que estos complementos sean absorbidos por posteriores incrementos salariales.
Años en el mismo puesto, pero sin antigüedad
La subrogación se ha convertido en uno de los principales puntos del conflicto. Los trabajadores denuncian que pueden permanecer durante décadas realizando las mismas funciones y en las mismas instalaciones, pero perder su antigüedad cada vez que cambia la empresa responsable del servicio.
«Hay trabajadores que llevan aquí más de 20 años y solo tienen dos años de antigüedad. Y eso no puede ser», denuncia Sergio Pérez, delegado sindical de UGT y trabajador del Valle de Escombreras.
Los representantes laborales sostienen que garantizar la continuidad de las plantillas también beneficiaría a las industrias, al conservar trabajadores experimentados que conocen las instalaciones, equipos y zonas de proceso. Además, consideran que reduciría la incertidumbre de los empleados de mayor edad cuando una nueva empresa consigue una adjudicación.
También defienden que la subrogación dificultaría las ofertas excesivamente bajas en las licitaciones, ya que las empresas conocerían previamente el coste de la plantilla que deben mantener.
Diferencias salariales de cientos de euros
Los trabajadores comparan sus condiciones con las existentes en otros importantes núcleos industriales. Según los testimonios recogidos durante la movilización, empleados que realizan trabajos similares para las mismas compañías pueden cobrar alrededor de 500 euros mensuales más en Tarragona, Puertollano o Cádiz. Para algunas categorías, como oficial de primera, los trabajadores elevan esa diferencia hasta los 700 u 800 euros.
Estas diferencias estarían contribuyendo, según los representantes sindicales, a que profesionales cualificados abandonen Murcia para trabajar en otros territorios.
«No es que no haya oficiales de primera. El problema es que no quieren pagar lo que esos trabajadores se merecen y se van a otras comunidades porque cobran más», sostiene Pérez.
Los trabajadores cuestionan por ello que se insista en la necesidad de formar nuevos profesionales mientras las condiciones económicas continúen favoreciendo su marcha hacia otras zonas industriales.
Enfermar también penaliza
Otro de los principales frentes de la negociación es el complemento por incapacidad temporal. Las plantillas reclaman revisar las condiciones aplicadas cuando una persona acumula varias bajas o permanece durante un periodo prolongado sin poder trabajar.
Francisco, con más de 25 años en el sector, recuerda que después de sufrir un infarto pasó cerca de un año percibiendo alrededor de 850 euros mensuales mientras estaba de baja. Su experiencia es utilizada por sus compañeros para defender que una enfermedad prolongada no puede traducirse en una fuerte pérdida de ingresos.
Las condiciones de trabajo también forman parte del malestar. Francisco recuerda que determinados empleos industriales implican exposición a escapes, sustancias químicas y otras situaciones de riesgo mientras, asegura, los salarios permanecen estancados.
Más de 50 empresas movilizadas
La protesta comenzó con apenas cinco trabajadores, según sus impulsores, pero ha ido extendiéndose hasta incorporar empleados de más de 50 empresas relacionadas con el Valle de Escombreras, Navantia y otros centros industriales.
Los organizadores calculan que el convenio afecta a más de 35.000 trabajadores en la Región de Murcia, aunque reconocen que no disponen de una cifra cerrada para Cartagena. Su estimación para el municipio se sitúa entre 2.000 y 3.000 personas.
La movilización pone así sobre la mesa un conflicto que combina salarios, estabilidad laboral, enfermedad y condiciones de trabajo. Después de décadas en el sector, algunos trabajadores resumen el problema de forma mucho más sencilla: trabajar cada día ya no garantiza poder llegar a final de mes.
