La organización anarcosindicalista respalda las movilizaciones que se están extendiendo por el Estado y reclama la aprobación de las medidas planteadas por el movimiento inquilino para impedir nuevos desahucios.
CGT ha anunciado su apoyo a las movilizaciones por el derecho a la vivienda y ha llamado a su afiliación a participar en las acampadas que se están desarrollando en diferentes puntos del Estado tras el desahucio de Maricarmen, la vecina madrileña de 87 años expulsada el pasado 23 de septiembre de la vivienda del distrito de Retiro en la que había residido durante décadas. La organización asegura que respaldará cualquier medida encaminada a que la mujer pueda regresar a su casa.
El caso de Maricarmen se ha convertido durante los últimos días en un símbolo de la crisis de la vivienda. Después de varios intentos de desahucio aplazados, el lanzamiento terminó ejecutándose esta semana pese a la resistencia de vecinos y activistas. El conflicto se había prolongado durante años y estaba relacionado con la propiedad del inmueble y las condiciones exigidas para que la mujer pudiera permanecer en su vivienda.
En su comunicado, CGT responsabiliza a las administraciones y a la clase política de no haber protegido suficientemente a las personas afectadas por la especulación inmobiliaria y denuncia el papel de grandes propietarios, empresas inmobiliarias y grupos dedicados a los desalojos. La organización considera que el problema trasciende el caso concreto de Maricarmen y sitúa el acceso a una vivienda digna como un conflicto directamente relacionado con las condiciones materiales de la clase trabajadora. Estas valoraciones corresponden al posicionamiento expresado por CGT en el comunicado.
De un desahucio a las acampadas por la vivienda
La movilización ha continuado durante el fin de semana. Tras la manifestación celebrada en Madrid, cientos de personas han permanecido acampadas en la Puerta del Sol para reclamar medidas urgentes frente a los desahucios y el encarecimiento de los alquileres. Las protestas han comenzado además a extenderse a otras ciudades.
CGT ha expresado su respaldo a las plataformas antidesahucios, sindicatos de vivienda, colectivos vecinales y personas que participan en estas movilizaciones, y plantea que la lucha por la vivienda debe vincularse con el resto de conflictos laborales y sociales. Para el sindicato, las dificultades para pagar un alquiler afectan especialmente a trabajadores con salarios bajos y hogares en situaciones económicas precarias.
El «Decreto Maricarmen»
El comunicado reclama también que se atiendan las cinco medidas presentadas por el Sindicato de Inquilinas bajo el nombre de «Decreto Maricarmen». Se trata por ahora de una propuesta del movimiento inquilino, no de una norma aprobada. Entre sus reivindicaciones figuran medidas estructurales contra los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, prórrogas efectivas de los contratos, la congelación de los precios y la renovación automática de los alquileres para dar mayor estabilidad a quienes viven de alquiler.
El movimiento por la vivienda pretende que estas medidas sean incorporadas a las decisiones que adopte el Gobierno este martes. CGT afirma que apoyará esta reivindicación y advierte de que, si no se producen cambios, intensificará su participación en las movilizaciones de acuerdo con los posicionamientos que la organización viene adoptando en materia de vivienda.
El desahucio de Maricarmen ha terminado así desbordando un conflicto individual para convertirse en el detonante de una movilización más amplia. La vivienda vuelve a situarse en la calle como una cuestión de clase: salarios que no alcanzan, alquileres cada vez más difíciles de asumir y una creciente organización colectiva para impedir que perder ingresos termine significando también perder la casa.