Este miércoles, una comitiva judicial escoltada por un fuerte operativo de antidisturbios ha procedido a ejecutar el cuarto intento de desahucio de Maricarmen. Tiene 87 años, una discapacidad del 50% y lleva más de siete décadas en su piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el madrileño barrio de Retiro. La vecina ha sido acompañada por el Sindicato de Inquilinas, artistas y cientos de activistas.
¿Quién es Urbagestión?
Detrás del desahucio hay nombres propios. Urbagestión es una empresa dedicada a la especulación inmobiliaria que compró el bloque a Renta Corporación. Sus administradores controlan más de una docena de empresas del sector agroalimentario e inmobiliario.
Su jugada fue jurídica. El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de renta antigua. Tras quince años de subrogación sin disputa, la empresa alegó que la segunda subrogación solo dura dos años, salvo que el descendiente tenga una discapacidad superior al 65%. Con ese argumento, el Tribunal Supremo le dio la razón al fondo en marzo. El Sindicato de Inquilinas señala que, con un contrato firmado hoy, ambos progenitores serían titulares y el de Maricarmen sería una primera subrogación. Si solo firmó el padre, fue por «las leyes machistas del franquismo». Hoy la Justicia sigue aplicando aquella herencia a favor del rentista.
Ni pagando; DESAHUCIO
Una escritora se ofreció a cubrir la diferencia de por vida para que Maricarmen siguiera pagando sus 500 euros y la propiedad cobrara los 2.650 mensuales que exige. La oferta incluía además asumir la deuda acumulada. Pero eso tampoco fue suficiente. Desde el Sindicato de Inquilinas ya lo habían advertido: el objetivo de la inmobiliaria «es echarla y ya está».
Con un gran despliegue de furgones y policías antidisturbios han logrado desahuciar a Maricarmen, de 87 años, de la casa donde vive hace 70 años en Madrid. Los activistas del Sindicato de inquilinas y organizaciones solidarias han recibido porrazos y gas pimienta esta mañana. Así responde el gobierno progresista a la demanda más de que justa de una anciana, con discapacidad. Todo para que los grandes fondos buitres se sigan llenando los bolsillos a costa del pueblo trabajador.
Así, se la han llevado en ambulancia desde su casa, después de haberla gaseado. El Sindicato de Inquilinas responsabilizó directamente del dispositivo policial al delegado del Gobierno en Madrid. La policía desalojó a quienes llenaban el portal y desde la madrugada expulsó a la prensa de la zona.
No es un caso aislado. El Sindicato viene denunciando que cada vez más personas mayores con alquileres de renta antigua llegan a sus asambleas denunciando acoso por parte de inmobiliarias y fondos que compraron recientemente sus viviendas. La «legislatura de la vivienda» como gustan decir Pedro Sánchez y Sumar, se mide en estos hechos y no en las palabras.
Lo que hasta ahora había impedido que no desahuciaran a Maricarmen ha sido la resistencia de cientos de vecinas y vecinos organizados. Esa es la fuerza que tenemos que multiplicar, junto a la clase trabajadora y la juventud para imponer un plan de emergencia que comience por prohibir los desahucios, expropiar las viviendas de los fondos y grandes tenedores, y construir un parque público bajo control de vecinas y trabajadores.
