Desde el 10 de septiembre, más de 1,2 millones de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza italiana pueden adherirse al anunciado seguro sanitario complementario «gratuito». Unicobas cuestiona duramente la medida y denuncia que detrás de su presentación como una conquista social se encuentran exclusiones, copagos y, sobre todo, una financiación obtenida mediante la reducción de recursos destinados al funcionamiento de los propios centros educativos.
Una universalidad que excluye
Para Unicobas, el primer problema se encuentra en las personas que podrán beneficiarse de la medida. Aunque se destaca que desaparece la distinción entre personal fijo y sustituto, los suplentes de corta duración, precisamente uno de los colectivos más precarios y con menores garantías, quedan excluidos. Mientras tanto, sí se incluye al personal directivo y ministerial. El sindicato considera que de esta manera se distribuyen entre más colectivos unos recursos que la legislación destina al profesorado y al personal ATA —administrativo, técnico y auxiliar—. El resultado, según Unicobas, es una categoría dividida mediante un derecho que no alcanza a todos por igual.
«Gratuito», pero solo en apariencia
Detrás de la palabra «gratuito», denuncia el sindicato, existen franquicias, copagos del 10 % con límites de hasta 4.000 euros por intervención, gastos del Servicio Sanitario Nacional que no son reembolsables, hospitalizaciones prolongadas excluidas y una red de centros concertados todavía por definir. Además, gastos habituales para muchas familias, como consultas de especialistas, gafas o fisioterapia, continuarían recayendo en gran medida sobre los propios trabajadores.
Unicobas destaca especialmente otro aspecto: la póliza excluye las enfermedades mentales y los trastornos psicológicos. El sindicato sostiene que estas patologías constituyen una parte importante de los problemas profesionales y de las situaciones de incapacidad para ejercer la docencia. Ansiedad, depresión y síndrome de desgaste profesional o burnout quedarían así fuera de una medida presentada precisamente como protección de la salud del personal educativo.
Recortar la escuela para financiar los seguros
Este es para Unicobas el aspecto central de la operación. El seguro no se financiaría exclusivamente mediante nuevos recursos, sino mediante la retirada de alrededor de 200 millones de euros del Fondo para el funcionamiento administrativo y didáctico de los centros entre 2026 y 2029. Según los cálculos expuestos por el sindicato, unos 7.600 centros perderían de media aproximadamente 30.000 euros cada uno durante esos cuatro años. Eso podría traducirse en menos recursos para laboratorios, proyectos educativos, mantenimiento y otras actividades de los centros.
A esta transferencia principal se añadirían 15 millones de euros anuales procedentes del ahorro generado por la revisión de las compensaciones de las comisiones de los exámenes estatales, además de otros 15 millones procedentes de fondos especiales del Ministerio de Economía y Finanzas anteriormente vinculados a otros fines.
Para Unicobas, se están retirando recursos de la actividad educativa cotidiana para financiar un paquete asegurador que, al mismo tiempo, deja sin cubrir algunas de las necesidades sanitarias más habituales del personal. El sindicato advierte además de que las consecuencias podrían ser especialmente importantes para los centros más vulnerables, como pequeñas escuelas, zonas del interior y lugares situados en contextos socialmente desfavorecidos.
«Un regalo a las aseguradoras, no a los trabajadores»
Unicobas critica igualmente que la gestión se entregue a tres operadores privados —UniSalute, Poste Assicura e Intesa Sanpaolo Protezione— que pasarían a gestionar información sanitaria de más de un millón de trabajadores públicos. El sindicato contrapone esta inversión a la situación del Servicio Sanitario Nacional: sostiene que la operación no reduce las listas de espera, no supone nuevas contrataciones sanitarias ni representa una inversión pública adicional en el sistema.
Para Unicobas, detrás de la medida existe una lógica que introduce progresivamente mecanismos privados en ámbitos que deberían garantizarse mediante servicios públicos universales, sustituyendo derechos colectivos por prestaciones fragmentadas y condicionadas por el tipo de contrato laboral.
Las reivindicaciones de Unicobas
Frente a esta situación, Unicobas Scuola e Università reclama detener los recortes destinados al funcionamiento de los centros y devolver íntegramente los recursos retirados; realizar inversiones reales en un Servicio Sanitario Nacional público y universal en lugar de recurrir a seguros privados; garantizar una cobertura completa de la salud mental del personal educativo y reconocer y prevenir problemas como el burnout, la ansiedad y la depresión vinculados al trabajo; estabilizar al personal precario mediante un plan de contratación que termine con la utilización crónica de suplencias; y renovar los convenios para recuperar el poder adquisitivo del profesorado y del personal ATA.
El sindicato rechaza, en definitiva, lo que considera una póliza de apariencia social que reduce recursos de la escuela pública para financiar el mercado asegurador privado. Frente a este modelo, reivindica derechos universales sostenidos mediante recursos públicos suficientes: «La salud de los trabajadores de la escuela no se asegura: se defiende con inversiones públicas, no con recortes disfrazados de bienestar».
Fuente: Unicobas Scuola e Università (Italia)
Traducción y adaptación: Sindicalismo.org