El Real Decreto 723/2026 obliga a las empresas a informar sobre los sistemas automatizados que intervengan en decisiones relacionadas con jornada, tareas, salarios, promoción, lugar de trabajo o extinción del contrato. La norma entrará en vigor el próximo 5 de octubre.
Los algoritmos dejan de ser una caja negra
La digitalización ha introducido sistemas automatizados capaces de distribuir turnos, asignar tareas, evaluar rendimientos o intervenir en decisiones salariales. A partir del 5 de octubre, cuando estas herramientas condicionen aspectos de la relación laboral, la empresa deberá informar por escrito de su existencia y de las pautas, criterios y reglas que determinan su funcionamiento.
La obligación alcanza expresamente a las decisiones relacionadas con la duración y distribución de la jornada, la asignación de tareas, los salarios, la progresión profesional, el lugar de trabajo y la extinción del contrato. Esto significa que una persona trabajadora tendrá derecho a saber si detrás de una decisión que afecta a sus condiciones existe un sistema algorítmico y qué criterios relevantes utiliza.
Saber cómo se toman las decisiones
La nueva regulación no prohíbe a las empresas utilizar algoritmos ni exige revelar el código fuente de sus programas. Lo que establece es un derecho de información: la tecnología utilizada para organizar el trabajo no podrá permanecer completamente oculta cuando participe en decisiones que afecten directamente a la plantilla.
La medida adquiere especial importancia en sectores altamente digitalizados, donde buena parte de la organización laboral puede realizarse mediante aplicaciones y sistemas automáticos. Turnos, rutas, cargas de trabajo, incentivos o evaluaciones pueden parecer decisiones impersonales cuando, en realidad, responden a criterios previamente introducidos en una herramienta informática.
Un nuevo derecho de información
La obligación individual introducida por el Real Decreto se añade a los derechos de información y representación ya existentes y forma parte de la transposición parcial de la Directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. El propio preámbulo relaciona además esta nueva obligación sobre sistemas automatizados con el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial.
La regulación permite que las empresas sigan utilizando algoritmos para distribuir tareas y organizar turnos, pero exige informar sobre los criterios aplicados en determinadas decisiones laborales. Esa información puede ayudar a trabajadores y representantes sindicales a detectar problemas y formular reclamaciones.
Fuente oficial: Real Decreto 723/2026 — Boletín Oficial del Estado
