La derrota del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 en Barcelona dio lugar al inicio del proceso revolucionario más profundo que tuvo lugar en Europa Occidental durante el siglo XX. Ante el vacío de poder creado por la victoria de las milicias sindicales en las calles, cerca de dos millones de personas, en todo el territorio bajo control de la República, ocuparon fábricas y talleres, así como localidades agrarias, y las «colectivizaron», es decir, comenzaron a organizar la vida económica a partir de los principios de la autogestión productiva.
Por José Luis Carretero Miramar y Luis Buendía García.
Las colectividades industriales fueron gestionadas por las asambleas de trabajadores. La mayor parte de la vida económica catalana fue colectivizada. Los transportes (tranvía, metro y autobuses), la industria de guerra, el sector de la madera o las panaderías son solo algunos ejemplos de una ola revolucionaria que llegó a afectar, según algunas fuentes, al 75 % de las empresas de Barcelona. Allí donde la colectivización no pudo llevarse a cabo por tratarse de empresas bajo el control de capitales extranjeros (como Telefónica, propiedad de la estadounidense ITT), se establecieron mecanismos de «control obrero» mediante los cuales las asambleas de trabajadores podían influir en las decisiones fundamentales de la dirección, como la repatriación de beneficios o las inversiones que debían realizarse.
Este proceso fue legalizado por el Decreto de Colectivizaciones y Control Obrero de la Generalitat del 28 de octubre de 1936. El Decreto establecía la posibilidad de articular Federaciones de Industria formadas por las colectividades de un mismo sector productivo (metal, madera, etc.) para la planificación participativa del conjunto de la economía. El paso de la existencia de empresas colectivizadas (colectivización) a la conformación de una economía mayoritariamente autogestionada mediante la construcción de mecanismos federativos de coordinación de la actividad de las colectividades (lo que se denominaba «socialización») no llegó a desarrollarse plenamente. Sin embargo, se avanzó en esa dirección con la creación de organismos como la Caja de Crédito Comercial e Industrial (CCCI), cuya misión era financiar el desarrollo del sector autogestionado de la economía y que se nutría del 50 % de los beneficios de las colectividades catalanas; o el Consejo Levantino Unificado de Exportación Agrícola (CLUEA), encargado de la comercialización de la producción de las colectividades agrarias del Levante.
El proceso se extendió por todos los territorios bajo control de la República durante la Guerra Civil. Sin embargo, donde alcanzó mayor profundidad fue en Aragón, donde no solo hubo colectividades en la mayoría de los pueblos defendidos por las milicias libertarias, sino que también se constituyeron numerosas Federaciones Comarcales de Colectividades y una gran Federación Regional que representaba a más de 600 localidades. Estas federaciones desarrollaban actividades como la creación de bancos comunes de semillas, el intercambio de trabajo para la recogida de las cosechas o el establecimiento de talleres mecánicos conjuntos para reparar las herramientas y los vehículos utilizados por las colectividades.
Las colectividades agrarias estaban dirigidas por la asamblea integrada por la totalidad de sus miembros. Ponían en común la tierra, las herramientas y el trabajo. En muchos lugares también se permitía la coexistencia con «campesinos individualistas» que mantenían la propiedad privada de sus explotaciones, aunque estos no podían contratar trabajo asalariado. Para garantizar la hegemonía de la colectividad sobre la vida económica del pueblo, cuando existían explotaciones individuales se organizaba una cooperativa encargada de comercializar toda la producción local y de prestar servicios comunes, como la asistencia médica. La distribución de los beneficios obtenidos tras la comercialización de los productos se realizaba, en algunos lugares, en función del tamaño de la unidad familiar (según las necesidades, siguiendo los ideales del comunismo libertario) y, en otros, en función del trabajo realizado (colectivismo). En numerosas localidades se emitieron monedas propias o «vales de trabajo», haciendo desaparecer el dinero estatal de la vida económica interna.
En Aragón llegó a constituirse un organismo político, el Consejo de Aragón, que gestionaba el conjunto del territorio en estrecha colaboración con la Federación Regional de Colectividades. Ante la enorme extensión del proceso revolucionario en Aragón, el Gobierno de la República no tuvo más remedio que reconocer la legitimidad del Consejo como representación del Estado en la región, convirtiéndolo en un organismo directamente surgido de la revolución que, sin embargo, era la única autoridad reconocida oficialmente por la República en ese territorio.
El proceso revolucionario impulsó profundas transformaciones sociales tanto en el campo como en las ciudades. Localidades donde el analfabetismo era masivo vieron cómo se construían escuelas, se organizaban grupos culturales y teatrales, se establecía la jubilación a los sesenta años o se implantaba la enseñanza obligatoria y gratuita para los menores de quince años. Las colectividades promovieron iniciativas como el Instituto de Educación Secundaria Francisco Ferrer de Alcorisa; el Grupo Escolar Ferrer i Guàrdia, con unos 1.200 alumnos, en Calanda; la Escuela de Madres impulsada por Mujeres Libres en Monzón; o la Escuela de Militantes creada en esa misma localidad. Asimismo, se desarrollaron proyectos vinculados a la formación profesional y técnica de la clase trabajadora, como la Escuela Politécnica Confederal de Madrid, la Escuela de Secretarios de Colectividades del Levante, la Escuela Profesional de Artes y Oficios de Elda o la Escuela Profesional de la Industria Ferroviaria de Cataluña.
La reconstrucción del poder burgués a lo largo de la guerra en la zona republicana limitó el avance de estas experiencias. Finalmente, la represión franquista las condenó al olvido al mismo tiempo que asesinaba a muchas de las personas que habían participado en ellas. Sin embargo, la experiencia de las colectividades libertarias durante la Guerra Civil demuestra la posibilidad de una revolución basada en la asamblea, organizada desde abajo, autogestionaria y profundamente popular. Nos muestra en qué puede consistir un socialismo libertario digno de ese nombre.
José Luis Carretero Miramar y Luis Buendía García (Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión). Autores de La experiencia autogestionaria durante la Guerra Civil española, Calumnia, 2025.